Los huecos por los que se sigue colando la corrupción en el país

Los huecos por los que se sigue colando la corrupción en el país

En el libro ‘Grandes hallazgos’, la Contraloría revela detalles del saqueo que ha sufrido el país. 

Edgardo Maya, contralor general

El contralor saliente, Edgardo Maya Villazón, hace un balance de los grandes hallazgos durante su administración.

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EL TIEMPO

30 de agosto 2018 , 09:06 p.m.

“Se están robando todo. (...) Así como la guerra nos tuvo en algún momento al borde de ser un Estado fallido, la corrupción ahora está carcomiendo las columnas sobre las que se sostiene nuestro Estado de derecho”.

Ese complejo balance es el que hace Edgardo Maya Villazón tras cuatro años de estar al frente de la Contraloría General, cargo que entregará este viernes al nuevo contralor, Felipe Córdoba.

Para Maya, los corruptos hoy tienen más tela de dónde cortar. Hace un siglo, según la Contraloría, el gasto público era del 4 por ciento del PIB y hoy es del 23 por ciento, lo que permite que, ante la falta de controles, los corruptos tengan un mayor botín para esquilmar el Estado.

Pero antes de entregar la entidad a su sucesor, Maya deja consignado en el libro Grandes hallazgos cuáles fueron las principales venas rotas detectadas durante su periodo como contralor, y cómo esos casos muestran que, año tras año, los corruptos han acumulado aprendizaje y hoy manejan “sofisticados métodos criminales” para defraudar el erario y esconder el dinero robado.

En estos cuatro años, en las auditorías de los recursos públicos, la Contraloría General que lideró Maya encontró pérdidas por más de 21 billones de pesos.


El caso de la modernización de la refinería de Cartagena (Reficar), el mayor desfalco en la historia del país; el ‘cartel de la hemofilia’, en el que se inventaron enfermos para cobrar millonarios recursos de la salud; los elefantes blancos que dejaron obras inconclusas o inservibles, el saqueo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el que se entregan alimentos de mala calidad a los estudiantes o con sobrecostos; los robos en los Juegos Nacionales de Ibagué, donde tumbaron los escenarios deportivos en Tolima y no construyeron los nuevos; los subsidios para la energía con los que se quedó Electricaribe, donde se encontraron irregularidades en 16 millones de facturas, o el mal uso de los dineros de las regalías.

Todos estos son algunos de los principales huecos que Maya encontró, y en los que se están perdiendo los miles de millones de recursos de todos los colombianos.

Las obras que se volvieron elefantes

“La reforma del Sistema General de Regalías repartió el fenómeno por todo el país: decenas de proyectos han quedado abandonados, presentan retrasos en su ejecución o simplemente no existen”. Así lo asegura la investigación de la contraloría de Maya, que detectó obras que costaron por lo menos 800.000 millones de pesos pero que hoy no son usadas, o quedaron a medio hacer.

Uno de los municipios con más elefantes es Puerto Gaitán, Meta, que por años vivió la bonanza de regalías por las rentas petroleras. En esa zona se encontraron pérdidas de por lo menos 20.000 millones de pesos.

La Contraloría también detectó que entre las obras que más se construyen, pero que no terminan beneficiando a nadie, están las de tratamiento de aguas. Así, hay casos como el de Villavicencio, en donde se invirtieron 65.921 millones de pesos para un acueducto que quedó inconcluso, lo que hace que sus cerca de 500.000 habitantes sigan con racionamientos de agua.

Preocupa que en estos casos, dice la Contraloría, el 70 por ciento de los contratos se hacen con licitaciones en las que solo participa un oferente, y el 80 por ciento, de forma directa.

Electricaribe se quedó con los subsidios de los usuarios

En lugar de descontar en las facturas del servicio de energía el valor por los subsidios que había entregado el Gobierno, Electricaribe se quedó con esas ayudas que debían beneficiar a los usuarios de escasos recursos en la costa Caribe. Así, se embolataron 216.000 millones de pesos en subsidios.

La investigación de la Contraloría detectó que Electricaribe “usó el monto total del subsidio para disminuir sus pérdidas”, en lugar de beneficiar a los 10 millones de habitantes a los que les suministra energía en 7 departamentos. La situación crítica de Electricaribe quedó en evidencia cuando en el 2016 fue intervenida por la Superservicios, pues tenía obligaciones de pago que superaban los 3 billones de pesos.

Al revisar 16.000 facturas, y con un programa de inteligencia de datos, la Contraloría encontró que la empresa de energía no les estaba dando el subsidio a los usuarios más pobres. “Del total de recursos que enviaba el Gobierno, Electricaribe distribuía o le descontaba el 1 por ciento al usuario, y la empresa se quedaba con el 99 por ciento”, dice el libro de la Contraloría.

Los juegos que no se hicieron en Ibagué por la corrupción

“En Ibagué se dio una de las más grandes paradojas en la historia del deporte en Colombia. La ciudad fue elegida sede de los Juegos Nacionales porque era una de las capitales con mayores escenarios deportivos. Pero los encargados de organizar los juegos tumbaron todo –coliseo, piscinas, patinódromo– para construir un gran parque deportivo. Pero cuando llegó la hora de inaugurar los juegos, en el 2015, la mayoría de escenarios tenían problemas, estaban en escombros y no se pudieron utilizar”. Ese es el penoso caso de los Juegos Nacionales de Ibagué, revelado por la contraloría de Maya.

En esos escenarios inconclusos –parque deportivo, coliseo, patinódromo– se perdieron por lo menos 40.000 millones de pesos y la ilusión de que Tolima fuera el epicentro de estas importantes justas deportivas. Para remodelar los escenarios se presentaron dos consorcios colombo-españoles, que fueron los únicos que compitieron en la licitación, lo cual prendió las alarmas. Después de varias prórrogas, los contratistas abandonaron los proyectos, por lo que los juegos se terminaron realizando en Chocó.

Reficar, el mayor desfalco en el país

En el 2015, en una auditoría a Reficar, la Contraloría encontró graves irregularidades en la remodelación de esta refinería, hechos que terminaron involucrando a 38 altos funcionarios y empresarios de la firma Chicago Bridge & Iron (CB&I).

Para el saliente contralor, Edgardo Maya, el caso de Reficar es el mayor “ejemplo de improvisación, falta de controles y despilfarro de recursos”, pues se habrían dilapidado 5 billones de pesos.

Un equipo de 28 auditores, asegura el libro de la Contraloría General, descubrió que en la modernización de la refinería –que buscaba duplicar de 80.000 a 165.000 el número de barriles de petróleo refinado– se hallaron “millonarios pagos que no contaban con los soportes adecuados; las obras registraban considerables retrasos (27 meses) y se habían aprobado adiciones una tras otra a cientos de contratos”.

Al revisar 2.460 contratos se encontró también que hubo incrementos hasta de un 100 por ciento en los valores en el 18 por ciento de ellos. “Reficar deja grandes lecciones. Se hacen proyectos sin los estudios suficientes, se improvisa en el camino, no se ejercen los controles suficientes. Por eso, esta refinería, más allá de que ojalá su operación le traiga rentabilidad al país, pasará como un hito del despilfarro”, dice el libro.

El ‘cartel de la hemofilia’

En el 2015, ante advertencias del Gobierno sobre los movimientos inusuales de dinero en la Gobernación en Córdoba, la Contraloría General comenzó una investigación sobre los recursos de la educación y la salud. Así, el organismo encontró que, sin ninguna explicación, el número de pacientes diagnosticados con hemofilia en ese departamento pasó de 13 en 2012 a 47 en el 2013, y luego a 81 en el 2014.

“Cuando la Contraloría comenzó a sumergirse en el caso, fue descubriendo poco a poco dónde estaban los enredos. Primero encontró que los exámenes de laboratorio, que tenían toda la apariencia de legales, eran falsos”, dice el informe.

Luego, al revisar el listado de pacientes, la Contraloría cruzó esos datos con los que tenían las EPS, instituciones que respondieron que solo cuatro de esas personas realmente tenían hemofilia. Por el giro irregular de recursos (unos $ 76.000 millones desde la Gobernación a diferentes IPS) la Contraloría le imputó cargos fiscales al entonces gobernador, Alejandro Lyons.

“El mismo modus operandi que aplicaron para la hemofilia en Córdoba se descubrió también para la misma hemofilia en Sucre, Bolívar y La Guajira”, señala el libro.

El robo de la alimentación escolar

Tras revisar los resultados del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el que se distribuyen alimentos anualmente a 8 millones de niños en 13.000 colegios del país, la Contraloría abrió 154 procesos que involucraban pérdidas por $ 84.000 millones. Por la entrega de alimentos de mala calidad, sobrecostos en la contratación y otras irregularidades con este programa, que busca apoyar la escolarización de quienes no tienen recursos, la Contraloría investiga a cinco gobernadores, dos alcaldes, tres congresistas, seis exgobernadores y 52 exalcaldes.

En un colegio de Cereté, Córdoba, por ejemplo, se encontró que les entregaban como refrigerio solo una galleta de soda y un vaso de peto. La razón era que al contratista no le podía costar más de 70 pesos el plato por niño, aunque el Gobierno les pagaba 971 pesos por cada ración. “Ese retrato resume la tragedia de la alimentación escolar en Colombia. Unos cuantos se roban la plata que todos los colombianos con sus impuestos aportan para darles comida a los niños y niñas más necesitados”, dice el informe de la Contraloría. Ese tipo de irregularidades se encontraron en 11 departamentos.

REDACCIÓN JUSTICIA @JusticiaET

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