Una punzada con puñal cerca del pulmón acabó hace una semana con la vida de Juan Sebastián Salcedo Balceros, de 25 años, a quien dos hombres atracaron en la avenida Boyacá con calle 53 para robarle su Volkswagen último modelo. Hace diez días, Luis Cifuentes, de 17 años, fue asesinado con arma blanca por dos hombres que le robaron su bicicleta en el barrio Kennedy.
El 15 de enero, una banda de cuatro ladrones atacó con pistola a Adriana Sobrero, en el barrio Rosales, para quitarle su camioneta blindada. Ella quedó cuadripléjica y su bebé, con apenas cuatro meses de gestación, está en riesgo. Y el martes, la recepcionista de un edificio ubicado en la calle 82 con carrera 15 fue violada por uno de los tres delincuentes que asaltaron el lugar.
Ya ninguna autoridad niega que Bogotá está viviendo un pico de violencia inusitado que tiene atemorizada a la ciudadanía. Ya ha habido plantones en calles del norte y del centro, para exigir protección, respuestas y justicia.
Por instrucción del presidente Juan Manuel Santos, la primera reacción fue enviar a 500 policías a reforzar la seguridad en la capital. Pero EL TIEMPO conoció un informe de organismos de inteligencia que señala que esta explosión delincuencial no es un tema solo policial.
Hay boquetes en el sistema judicial y carcelario que están expulsando delincuentes a las calles, y hay fallas estructurales en las políticas de seguridad nacional, que se volcaron al conflicto armado interno y abandonaron las ciudades: dos fenómenos para los cuales las cámaras de seguridad, la prohibición de parrilleros en moto y el pie de fuerza no bastan.
Uno de los detonantes del pico de violencia es la excarcelación de delincuentes que trajo consigo la llamada descongestión carcelaria. La medida, que se logró frenar durante un año, entró en plena vigencia en julio pasado y, según cifras oficiales, van cerca de 1.500 beneficiados y 11.000 hacen cola para volver a las calles, alegando que no les han resuelto su situación jurídica.
Para la Policía y la Fiscalía, este fenómeno explica en cierta medida la presencia de más ladrones, expendedores de droga e, incluso, abusadores sexuales en Bogotá y otras ciudades.
No obstante, la sevicia y la violencia desplegada en casos como el de Rosales –en el que la mujer fue baleada en el cuello, insultada y tirada al piso– parecen tener un origen diferente.
Oficiales de la Dijín, bajo el mando del general Jorge Luis Vargas, no tienen duda de que organizaciones procedentes de Medellín, más violentas y organizadas que las locales, han enviado gente a Bogotá a disputarse las rentas criminales y a reclutar ladrones a los que les imponen su ‘modus operandi’. Ya están colonizando tres líneas: el narcotráfico, el robo de carros blindados y de alta gama y el de artículos de lujo, como joyas, relojes de marca y celulares.
“Las estructuras delincuenciales en Bogotá no ejercen control territorial ni son tan violentas. En Medellín tienen un gran aparato de poder e, incluso, usan fusiles para asaltar. Como EL TIEMPO lo reveló, tienen redes para mover los blindados hurtados a Ecuador y a otras regiones, para venderlos a mafiosos y jefes de bandas criminales. Acá, en la capital, el microtráfico funciona en pequeños clanes que manejan el negocio en localidades como Suba, Bosa, Kennedy y el sector de San Bernardo”, explica un oficial.
Y agrega que Medellín también está ‘exportando’ sujetos que buscan salir temporalmente del radar de las autoridades del Valle de Aburrá y de la 'vendetta' mafiosa que ya deja más 52 muertos en lo corrido del año, algunos acribillados, descuartizados y envueltos en sábanas y talegos.
El fenómeno de la delincuencia foránea quedó confirmado con la captura de Jhonatan Jiménez y Jhoan Delgado, los dos sujetos que la Policía Metropolitana de Bogotá rastreó hasta la habitación 413 del hotel Celestial Inn, en el barrio Restrepo. Ambos son paisas, hacían parte de la red que roba relojes de lujo en Bogotá, especialmente Rolex, y tenían droga lista para la venta.
Oficiales de inteligencia, bajo las órdenes del general Hoover Penilla, que capturaron en tiempo récord a los involucrados en el robo de la camioneta blindada en Rosales también investigan si los casos de sicariato en Bogotá están relacionados con bandas foráneas.
De hecho, indagan la presencia de desmovilizados de las Farc en estos actos criminales. La línea de investigación se activó luego de conocerse que en el caso del crimen de Jhonny Orjuela, dueño de Surtifruver, el sicario que iba a ejecutar el homicidio era inicialmente un desmovilizado de esa guerrilla que planeaba quedarse con la cadena de fruterías.
Sin embargo, investigaciones preliminares señalan que la participación de ex-Farc en delincuencia común se concentra por ahora en departamentos como Nariño, Cauca y Caquetá. En este último, una comisión de las Naciones Unidas que verificaba la sustitución de cultivos ilícitos fue asaltada a mitad de semana por cinco hombres que portaban granadas y pistolas.
Lo que sí está confirmado es que la reincidencia criminal es otro de los detonantes de la inseguridad capitalina, y en eso la Fiscalía y la Dijín coinciden con el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía.
De los 212.182 capturados en el 2017 en todo el país, 20.791 personas recuperaron la libertad por orden de jueces de la República y volvieron a delinquir. Ese flujo criminal convirtió a Bogotá en la capital de los reincidentes, con 8.259 casos, la mayoría ligados a tráfico de estupefacientes, hurto a personas (el principal delito que azota a Bogotá) y hurto a establecimientos.
Los récords individuales de reincidencias son absurdos: 66 sujetos han vuelto a delinquir entre 10 y 40 veces. Y esos índices se disparan en los casos de menores de edad reclutados por bandas. Uno de los ladrones que asesinaron a Luis Alberto Cifuentes por robarle su bicicleta ya había visitado las celdas del centro de menores El Redentor.
Y si bien el robo de bicicletas en la capital tiende a aumentar (hubo 3.133 casos denunciados en el 2017), los celulares siguen siendo el bien más hurtado. Tres bandas transnacionales son los reyes de este negocio: ‘la Raza’, ‘los Viajeros’ y ‘Alta Gama’. Esta última es la que opera exclusivamente en la capital: les compran los aparatos robados a rateros o a pequeñas bandas por sumas que alcanzan los 500.000 pesos. Luego, los desbloquean y los venden especialmente en Argentina, por un millón y medio de pesos o más.
“Tienen gente en pasos fronterizos y también nutren los mercados de Chile, Perú y Brasil. Ya les hemos dado dos golpes con varias capturas y ahora vamos por sus cabezas, que posan de comerciantes en los sanandresitos y operan desde oficinas en la calle 72 y en Medellín”, explicó un oficial de la Dijín que les ha dado varios golpes a reducidores y comerciantes que hacen parte de esas redes. De hecho, aunque la Policía admite que hay un subregistro de denuncias por este delito, asegura que el número de aparatos robados es mucho menor al que reportan los privados (más de 1,2 millones), porque en esas escandalosas estadísticas incluyen aparatos extraviados.
A pesar de ello, las autoridades admiten que la lucha contra este flagelo es más compleja porque algunos operadores se demoran semanas en bloquear un móvil reportado. Además, no hay regulación ni control en la venta de las tarjetas SIM, lo que facilita la reutilización de los teléfonos.
A este panorama se unen otros dos factores perturbadores: un preocupante y creciente brote de delincuencia entre algunos inmigrantes venezolanos y el enquistamiento de una célula urbana de la guerrilla del Eln, conectada con atentados como el del sábado en Barranquilla, que dejó cinco policías muertos y 42 heridos.
El tema de los venezolanos está en aumento. Pero las autoridades aseguran que no está ligado a la delincuencia organizada y que no se puede estigmatizar a una población por algunos casos. “Es como si se dijera que todos los colombianos somos narcotraficantes”, advierte el investigador.
En todo caso, las cifras empiezan a alarmar. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó por hurto a personas y establecimientos a 244 ciudadanos de ese país en el 2017. Y además tratan de esclarecer si el violador de la joven recepcionista del edificio de la calle 82 con carrera 15 es o no un ciudadano venezolano, como ella se los indicó a las autoridades.
A mediados del año pasado, tras la libertad masiva de delincuentes, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el general Jorge Nieto, director de la Policía, y el general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín, reactivaron el Comité Intersectorial para el seguimiento del Sistema Penal Acusatorio. Ese escenario les has permitido intercambiar información en tiempo real y coordinar acciones en casos claves como el de Surtifruver, el de la banda de Rosales, el de la banda de los Rolex e, incluso, el de la explosión en Barranquilla.
De manera paralela, se va a levantar un dique legislativo para frenar la excarcelación masiva, aunque su trámite se puede demorar por la época electoral. Dentro de ese paquete también se buscará que se equipare en gravedad el robo de una bicicleta en Kennedy al de un blindado en Rosales.
“Tenemos que acabar de manera urgente con el tema de la mínima cuantía para imponer la pena”, explicó uno de los expertos de la Dijín.
Y un exasesor del Ministro de Defensa agregó que además de ir por la cabeza de las organizaciones delincuenciales y por su dinero, hay que darle alternativas de empleo y educación a la base, que está sirviendo de caldo de cultivo para nutrir a las bandas.
“No hay una respuesta coordinada del Estado. La Consejería para la Seguridad aún no tiene el músculo necesario. Y algunos entes gubernamentales solo están reaccionando después del delito”, aseguró el experto.
Mientras eso sucede, ya están en marcha investigaciones conjuntas para ir detrás de las cabezas y las finanzas de las grandes estructuras.
“En Bogotá hay una complejidad criminal frente a la cual la estrategia de cuadrantes se quedó corta. Detrás de un ladrón hay bandas muy organizadas, con ramificaciones internacionales y delincuentes entrenados. Y a esos hay que apuntar”, concluye Hugo Acero, experto en seguridad.
Seis bandas desarticuladas en Ciudad Bolívar, 51 capturados y 38 inmuebles ocupados. Esos son los resultados del operativo Penumbra, que involucró a más de 400 agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá en la madrugada del viernes pasado y significó un esfuerzo investigativo de más de seis meses. Estas estructuras estaban enquistadas en sectores como La Playa, La Sierra, Marandú, Los Tres Reyes y Colineros, tenían tentáculos en Tunjuelito, Usme y Suba, y cada día podían tener ingresos de hasta 4 millones de pesos por la venta de bazuco, marihuana y coca.
La Sijín de la Policía de Bogotá tiene en la mira a 12 bandas más, con líderes y estructuras casi idénticas ya identificados.
“Se dedican principalmente a la receptación de celulares y vehículos hurtados y al manejo de ollas. Algunas también están vinculadas a casos de sicariato y funcionan como oficinas de cobro”, le dijo un oficial a EL TIEMPO.
Por ahora, ya han sido desarticuladas bandas como ‘El Olimpo’, que tenían disparada la inseguridad en Ciudad Bolívar. También cayeron 23 integrantes de la banda ‘Los Profetas’, acusados de homicidios, tráfico de estupefacientes y desplazamiento en San Cristóbal, sur de Bogotá. En la lista figuran además, ‘Los XJ’, sindicada de fleteo a clientes de bancos. En total van 150 estructuras desarticuladas.
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