La tragedia de Legarda: la suma de todos los males / Opinión

La tragedia de Legarda: la suma de todos los males / Opinión

La laxitud de algunos jueces es uno de los primeros eslabones en esta cadena de fatalidades.

Exequias Fabio Legarda

El caso de Legarda es un doloroso ejemplo de cómo los males que asuelan a Colombia en materia de seguridad y justicia cobran vidas.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Por: Jhon Torres
10 de febrero 2019 , 10:50 p.m.

Dos delincuentes que en teoría no debían haber estado en las calles porque previamente habían sido capturados por porte ilegal de armas y drogas desencadenaron el jueves pasado una de las nuevas tragedias que conmueven al país: la muerte de Legarda.

La absurda cadena de fatalidades que acabó con la vida del reconocido ‘youtuber’ es un doloroso ejemplo de cómo los males que asuelan a Colombia en materia de seguridad y justicia cobran vidas, incluso como daño colateral, con mucha más frecuencia de lo que vemos en titulares de la prensa y los noticieros.

La laxitud de algunos jueces, que siguen considerando que alguien que porta ilegalmente un arma de fuego no representa un peligro para la sociedad, es uno de los primeros eslabones en esta cadena.

Aún está por esclarecerse la ruta judicial de los fleteros –uno de los cuales murió en la reacción de la persona a la que iban a atracar–, pero cada año se cuentan por decenas los crímenes cometidos por profesionales del delito cuyos antecedentes obligaban a que estuvieran tras las rejas.

Eso pasó en el caso del comerciante Álvaro Morales Manchego, asesinado en diciembre del 2016 en Sahagún, Córdoba, por Rodian Chacón Guzmán, quien ya había sido capturado en junio del 2015 por homicidio en un atraco.

Increíblemente, Chacón quedó libre por vencimiento de términos tras el nuevo asesinato, fue recapturado en abril del 2018 y, otra vez, quedó en libertad. Lo mataron en octubre pasado, en un ajuste de cuentas entre criminales.

El año pasado, según estadísticas de la Fiscalía, se denunciaron 1.938 casos de fleteo, un 24,47 % más que en el 2017 (1.557 denuncias). Y lo que es un hecho es que además de las acciones concretas de las autoridades para golpear esa modalidad de atraco (como los controles y vedas al parrillero en moto y las operaciones puntuales contra las bandas), urge la decidida colaboración de los jueces para cumplir una obviedad que en Colombia poco se aplica. Que no es otra que garantizarle al ciudadano que quienes representan un peligro para su seguridad no van a estar rondando por las calles por cuenta de la inoperancia o la indolencia de la justicia.

Esa es la vía para restarles argumentos a quienes sostienen que el derecho a la legítima defensa y a portar un arma amparada legalmente no puede limitarse mientras el Estado no cumpla con la obligación de proteger la vida y bienes de sus asociados.

Con más de 400.000 denuncias por robo el año pasado (12 por ciento más que en 2017 y con un enorme subregistro en hurto de celulares), y con al menos uno de cada diez asesinatos relacionados con atracos, es entendible que muchos ciudadanos consideren que tener o portar un arma para defenderse del crimen se justifica.

Pero tragedias como la de Fabio Legarda, quien fue impactado por una bala perdida en la reacción de la víctima de los fleteros, muestran los riesgos y sofismas que implica tomar la decisión de disparar un arma legal.

La seguridad total no existe. Pero si Policía y Fiscalía hacen lo suyo contra el hampa y los jueces son tan rigurosos en la defensa de los derechos de las víctimas y la sociedad como lo son con los de los victimarios, es claro que disminuye la posibilidad de que un ciudadano de a pie piense en usar un arma.

Con 750.000 pistolas y revólveres legales en manos de privados en el país, esa es una consideración que puede salvar vidas.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

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