La cuota del Estado contra los feminicidios / Opinión

Rosa Cristina Valencia tenía 38 años, tres hijos y vivía con su esposo, pese a que este la golpeaba cada fin de semana. Tras conciliar por cuarta vez con él, por solicitud de un funcionario de la comisaría de familia a la que acudió el mismo número de veces a suplicar ayuda, terminó asesinada de 17 puñaladas.

Ella es una cifra más de las que hablamos en los medios cada vez que se registra un caso como el de Rosa Elvira Cely o Claudia Giovanna Rodríguez, pero mujeres como Rosa Cristina también tienen un rostro, un nombre, una vida y una tragedia.

La tragedia que sigue amparando el Estado con su negligencia y falta de actuación. Ya hemos repetido que la solución no es ponerle un policía a cada mujer intimidada o vulnerada ni emitir órdenes restrictivas para cada abusador, porque ellos se las saltarán y las incumplirán como lo hizo Julio Alberto Reyes, el asesino de Claudia Giovanna.

Y más aún, si se tiene en cuenta que tan solo en Bogotá este tipo de medidas emitidas por las comisarías de familia y la Fiscalía pasan de 15.000 (número que está siendo evaluado por la Policía Metropolitana). Esa cifra es de mujeres que se sienten en riesgo.

Y falla el Estado porque en la mayoría de los casos, por no decir que en ninguno, se activan los protocolos y las rutas de protección estipuladas claramente por la Ley 1257 del 2008, que se creó contra la violencia de género.

Activar el protocolo no es simplemente buscar a un policía que cuide la puerta de la mujer maltratada. En este punto, el sistema de justicia, muchas veces garantista con los victimarios, debe actuar.

Por eso, ya es hora de que todas las instituciones (Fuerza Pública, salud, justicia, defensorías y el Legislativo) asuman su obligación; de que entiendan que esto no se lo siguen buscando las mujeres, como lo dijo un alto oficial de la Policía, y de que dejen de encasillar los asesinatos en lo que consideran ‘crímenes pasionales’. Porque así, estas entidades también están poniendo su irresponsable cuota en los feminicidios.

JINETH BEDOYA
Subeditora de EL TIEMPO
Campaña No Es Hora De Callar