Justicia Penal Militar no pedirá llevar caso por muerte de Ordóñez

Justicia Penal Militar no pedirá llevar caso por muerte de Ordóñez

Fiscalía seguirá llevando el proceso penal por el homicidio del estudiante de derecho.

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Policías serán investigados por homicidio en el caso de Javier Ordóñez
Protestas | Javier Ordóñez

Néstor Gómez / EL TIEMPO

Por: Justicia
15 de septiembre 2020 , 09:12 a. m.

El proceso por la muerte en un caso de brutalidad policial en el que murió Javier Ordóñez seguirá en la Fiscalía General.

Fuentes de la Justicia Penal Militar señalaron que luego de evaluar los hechos se concluyó que el caso no correspondía a un acto del servicio y por tanto debía ser investigado por la jurisdicción ordinaria.

Con esa decisión se evita que la jurisdicción penal militar interponga una colisión de competencias, lo que dilataría el caso pues tendría que ser resuelto por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lo que en el mejor de los casos tardaría varios meses.

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Por esos hechos están siendo investigados disciplinariamente por abuso policial y homicidio los dos uniformados que golpearon y sometieron con varias descargas eléctricas a Ordóñez. 

Además, también fueron suspendidos cinco policías para investigar si actuaron con omisión en medio de la agresión de la que era víctima el estudiante derecho.

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Y por el lado penal, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y la revisión de la necropsia de la víctima para proferir las primeras decisiones en el proceso.

Se sabe que se han recogido fotos, videos, declaraciones de personas cercanas al lugar de los hechos y de los mismas policías.

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En medio de las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre en Bogotá y otras ciudades, en protesta por el abuso policial y el homicidio de Ordóñez, 13 personas fallecieron, algunas por causa de disparos, y más de 300 civiles resultaron lesionados.

Estos hechos de violencia también son investigados disciplinariamente por la Procuraduría, que pidió asumir, por poder preferente, la investigación que venía llevando la Inspección General de la Policía.

Otra denuncia

En el despacho del fiscal 306 local de Bogotá está la denuncia del joven abogado Marco Valencia, quien en febrero denunció una agresión por parte de uniformados del sector de Villa Luz, entre ellos uno de los que están siendo procesados por la muerte de Ordóñez. La denuncia fue presentada el 3 de febrero y se encuentra activa, según registros de la Fiscalía. El 4 de febrero fue asignado el proceso al despacho del fiscal que hoy lo tiene.

Valencia señaló en declaraciones a Citytv que uno de los uniformados que lo agredieron el 3 de febrero fue el policía Juan Camilo Lloreda Cubillos, quien la semana pasada fue separado de la institución y citado a responder disciplinariamente por abuso de autoridad y homicidio por el procedimiento en el que murió Ordóñez. El uniformado tendría que empezar a responder penalmente esta semana por los hechos.

El abogado ya fue escuchado por el fiscal que adelanta la investigación por la muerte de Ordóñez, quien le preguntó sobre la agresión de la que él fue víctima. El denunciante contó que el día de los hechos estaba con una amiga y se sentó tranquilamente en una banca del parque de Normandía y que unos minutos después llegó la moto de la Policía de la que se bajó Lloreda, quien desde el primer momento intentó intimidarlo. Indicó que antes de la agresión alcanzó a avisar a su hermano, que estaba cerca, de lo que pasaba. Ni él ni su hermano, dijo, fueron informados por qué se realizó el procedimiento ni les dieron a conocer sus derechos. Y señaló que Medicina Legal dictaminó que no estaban bajo el efecto de ninguna sustancia.

Explicó que lo tomaron del brazo y lo tiraron al piso y fue golpeado mientras lo esposaban. En un momento, relató, el policía Lloreda, junto con otro uniformado, lo asfixiaron hasta perder el sentido y cuando se estaba recuperando vio cómo golpeaban en el piso a su hermano. De allí se inició un periplo de varias horas por el CAI de Villa Luz, la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda y la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de La Granja.

“El proceso no se ha movido, ni siquiera nos citaron a ampliación de denuncia. Si se hubiera actuado a tiempo, se habría podido evitar la muerte de Javier Ordóñez”, dijo Valencia. Y agregó que los uniformados debieron haber sido suspendidos tras la primera denuncia.

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