A abril de 2020, según el índice de Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa, Colombia, con 57,75 puntos de 100 en cuanto a libertad de prensa, estaba en un panorama de parcial restricción. La situación era mucho peor hace 20 años, en especial para las mujeres periodistas.
Fue en ese contexto en el que, el 25 de mayo de 2000, la periodista Jineth Bedoya Lima, que venía publicando artículos sobre la crítica situación de las cárceles, fue secuestrada mientras estaba en la entrada de la cárcel Modelo esperando una entrevista, y luego torturada y violentada sexualmente.
Su caso, que completó dos décadas en casi completa impunidad, llevará mañana al Estado colombiano a dar explicaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Pero este caso no es solo sobre lo que sufrió Bedoya, será también la primera vez que esta corte se pronunciaría sobre la violencia contra las mujeres periodistas en el hemisferio; pero además, es la primera vez que un tribunal internacional hablará de la violencia sexual en Colombia.
Según una encuesta de International Women’s Media Foundation en 2018 a 600 mujeres periodistas a nivel mundial, el 30 por ciento consideró abandonar su profesión por amenazas y acoso en línea, y el 40 por ciento admitió que dejó de informar sobre algunos hechos por esas agresiones.
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En cuanto a la violencia sexual en el conflicto, de las 15.076 víctimas de estos delitos que contabilizó a septiembre de 2017 el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 91,6 por ciento eran niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a Bedoya, quien desde hace 12 años lidera la campaña No Es Hora De Callar, que combate la violencia contra las mujeres, explicó que esos dos sentidos hacen que este sea un caso muy importante para la región.
“El uso de violencia sexual contra las mujeres periodistas es una de las herramientas que silencian su voz en la prensa de Colombia y a nivel mundial. El caso de Jineth cruza el silenciamiento de mujeres periodistas con el uso de la violencia sexual como arma de guerra”, expresó.
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Krsticevic añadió que hubo una serie de amenazas previas y durante su secuestro los perpetradores, determinadores y cómplices “utilizaron la violencia sexual y el temor de la recurrencia como un instrumento para silenciarla y enviar un mensaje a centenares de otras mujeres periodistas en Colombia”.
El uso de violencia sexual contra las mujeres periodistas es una de las herramientas que silencian su voz en la prensa de Colombia y a nivel mundial.
De hecho, en su informe de fondo de 2018, con el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó el caso a la Corte, se habla de la responsabilidad del Estado por no haber hecho nada ante las amenazas.
“Jineth Bedoya fue víctima de constantes amenazas y ataques contra su vida e integridad personal relacionados con el ejercicio del periodismo antes de su secuestro, el 25 de mayo de 2000 (...), nunca recibió protección del Estado y las amenazas continuaron”, se lee en el documento de la Comisión.
Sumado a que el Estado no brindó esas garantías de protección para el ejercicio periodístico de Bedoya vino la impunidad, dice la misma CIDH, que pone de presente que durante 11 años, entre 2000 y 2010, hubo una investigación de la Fiscalía que no logró el esclarecimiento de los hechos ni la identificación de los responsables. Solo en 2015 se dio la primera condena, y a la fecha van tres, contra autores materiales de los hechos, pero ninguna contra los determinadores.
Al respecto, la directora de Cejil destacó que el Estado tiene una serie de responsabilidades respecto a los casos de violencia sexual, y uno es evitar la impunidad; esto implica no solo, comentó, “ir por los peces pequeños”, sino que se deben investigar seriamente las tramas criminales que están detrás de estos hechos y a sus determinadores.
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El caso de Bedoya llegó en 2011 al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en 2018 la CIDH concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la vida, libertad, integridad, libertad de expresión, igualdad ante la ley, derechos a las garantías y protección judiciales.
En la audiencia ante la Corte IDH, que se extenderá por tres días, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en representación del Estado, presentará sus argumentos frente a lo que se ha hecho en el caso de Bedoya.
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En todo caso, la diligencia que comienza mañana será clave, pues es el último paso para que la Corte IDH tome una decisión final que puede terminar en una condena internacional contra Colombia.
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