El Juzgado Octavo del Circuito Especializado de Bogotá avaló el preacuerdo al que llegó la Fiscalía General con el patrullero de la Policía Juan Camilo Lloreda, involucrado en el asesinato del ingeniero y estudiante de derecho Javier Ordóñez el 9 de septiembre de 2020 en Bogotá.
En el preacuerdo, la Fiscalía pidió una pena de 20 años de prisión.
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El preacuerdo consiste en que Lloreda acepta su responsabilidad por los delitos de homicidio y tortura agravados, a cambio de que, solo para tasar la pena, no se tenga en cuenta el agravante que le fue imputado en el delito de homicidio.
“Examinados los términos a este preacuerdo se puede concluir que la aplicabilidad de los beneficios otorgados por la Fiscalía en este caso se encuentra dentro de los límites dispuestos legalmente”, dijo el juez.
Y agregó que “el despacho verificó que las garantías y derechos de procesados de las víctimas fueron respetadas, así como la libertad y el consentimiento informado del procesado al momento de aceptar. Por todas estas razones, no hay reparos al preacuerdo formulado”.
El fiscal del caso, Juan Carlos Oliveros, señaló que el preacuerdo solo se consiguió con el patrullero Lloreda y no con el también uniformado Harby Damián Rodríguez Díaz, quien también fue procesado por golpear a Ordóñez hasta darle muerte en la madrugada de ese día, en situación de indefensión.
Ambos fueron imputados y acusados por los delitos de homicidio y tortura agravados. No obstante, Lloreda en ese primer momento no aceptó cargos, pero luego negoció con la Fiscalía para conseguir una rebaja.
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“Procesado y Fiscalía decidieron optar por un preacuerdo orientado a mantener la calificación jurídica que corresponde a los hechos, pero a hacer alusión a una norma penal, el homicidio simple, con el único propósito de mantener un monto menor de la pena”, dijo el fiscal.
Tras el asesinato de Javier Ordóñez hubo varias movilizaciones en rechazo al abuso policial.
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“El patrullero Juan Camilo Lloreda ha celebrado el presente preacuerdo que consiste en aceptar, consiente, libre y voluntariamente la responsabilidad penal por los delitos que se le imputó de homicidio agravado y tortura agravada en condición de coautor.
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Ese reconocimiento de responsabilidad del procesado se hace a cambio de que la Fiscalía (…) con miras a disminuir la sanción penal y, solo para esos efectos, elimine el agravante de homicidio que se le imputó”, agregó.
El preacuerdo incluye que Lloreda pague una multa de 1.500 salarios mínimos legales vigentes, colabore con la justicia para esclarecer lo sucedido y pida perdón a la familia de Javier Ordóñez como acto de reparación. Para ello, ya el uniformado dio una nueva declaración ante la Fiscalía.
El fiscal aseguró que Lloreda, junto a otro patrullero, en servicio activo y como agentes del Estado, golpearon dentro del CAI de Villaluz a Ordóñez -quien estaba alicorado- hasta darle muerte.
“Durante los actos de agresión y castigo la víctima estuvo en condiciones de inferioridad e indefensión y de manera específica, frente a los golpes que le propinaban los uniformados cuando se encontraba físicamente disminuido en vía pública pero especialmente en el interior del CAI”.
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La delegada de la Procuraduría General, Mónica Sánchez, manifestó su apoyo al preacuerdo al estimar que la rebaja de pena propuesta es proporcionada.
“Se han respetado los derechos y garantías d ellos procesados y de las víctimas. La Fiscalía ha atendido con debida diligencia el caso, ha solicitado el aseguramiento preventivo de los acusados”, agregó la delegada del Ministerio Público.
El abogado de la familia de Javier Ordóñez, Vadith Gómez, aseguró que el preacuerdo se logró con aceptación de la familia.
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En la diligencia, el patrullero Juan Camilo Lloreda manifestó al juzgado estar de acuerdo con estos términos y ser consciente de que enfrentaría una pena de 20 años de prisión.
En la misma diligencia, la Fiscalía General leyó el escrito de acusación en contra del otro patrullero implicado en este crimen, Harby Damián Rodríguez Díaz, quien no aceptó los cargos de homicidio y tortura agravados que le fueron imputados en condición de coautor.
El fiscal Oliveros señaló que el patrullero Rodríguez, junto a Lloreda, golpearon a Ordóñez hasta darle muerte en vía pública y en el CAI de Villaluz.
“En el CAI continúan con la golpiza, con puños y patadas, aprovechando la condición de inferioridad por su condición de beodez, sino además la impunidad que el mismo recinto ofrecía, además del silencio cómplice de los otros uniformados presentes en el lugar”, dijo el fiscal.
“Javier Ordóñez recibió un trato agresivo por parte de los patrulleros Rodríguez Díaz y compañía. Ese trato que determinó su muerte ocurre como respuesta a la actitud belicosa y altanera del ciudadano Ordóñez, pero además atendiendo los antecedentes que el ciudadano traía por riñas anteriores en la vecindad”, agregó la Fiscalía.
Según el ente investigador, el trasladado al CAI de Ordóñez y la golpiza que recibió en situación de indefensión, fueron un “castigo”. La audiencia de preparatoria de juicio contra Harby Damián Rodríguez Díaz quedó para el 18 de mayo, desde las 2 de la tarde.
justicia@eltiempo.com
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