Daniel Enrique Valencia Gómez, exdirector del Parque Nacional del Chicamocha (Panachi), recibía 12,5 millones de pesos al mes como salario. Sin embargo, durante buena parte de los casi tres años que estuvo en el cargo recibió un sobresueldo de 10,5 millones de pesos.
Situaciones como esa son las que llevaron a la Procuraduría a abrir una indagación preliminar por las denuncias sobre malos manejos en ese proyecto turístico, uno de los más importantes del país.
El Ministerio Público investigará cuál es el destino que se les ha dado a los más de 130.000 millones de pesos que la administración departamental le ha transferido a la Corporación Panachi para inversión y mantenimiento del parque desde su creación, hace 11 años.
La investigación resulta como respuesta al informe de una auditoría que se conoció en enero pasado y que develó, entre otras cosas, que el entonces director ejecutivo gozaba de esa gabela. Los hallazgos de ese informe llevaron a la renuncia de Valencia, quien fue reemplazado por César Andrés Hernández González.
“La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación preliminar para establecer si las autoridades y particulares vinculados a la Corporación Panachi habrían quebrantado las normas y procedimientos contractuales y obrado en desmedro del interés general y de los recursos públicos”, se lee en el comunicado del órgano de control.
El Ministerio Público investigará si parte del dinero girado por la Gobernación terminó en manos de particulares.
Otro de los frentes de investigación será la entrega, en el 2015, del servicio de parqueaderos al concesionario Aparcamos S.A.S., una firma que fue creada solo una semana antes de la adjudicación por personas cercanas a Carlos Fernando Sánchez, exdirector de la Corporación y quien fue candidato del grupo de Hugo Aguilar a la gobernación de Santander para el periodo 2016-2019.
Camilo Orrego, procurador I delegado para la contratación estatal, señaló que la indagación podría extenderse a los administradores de Panachi y a los funcionarios responsables de hacerle seguimiento a la Corporación. Esta fue creada por la Gobernación y la Cámara de Comercio durante la cuestionada administración de Aguilar Naranjo.
De hecho, en diciembre del 2015, la Fiscalía abrió un proceso contra el exgobernador (quien fue condenado a nueve años de prisión por parapolítica) por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en los contratos para la construcción del Parque Nacional del Chicamocha, Panachi, que tuvo un costo de 21.000 millones de pesos. Esa investigación no ha avanzado.
El manejo contable es otro de los temas bajo la lupa, no solo de la Procuraduría sino también de la Contraloría, que desde enero inició también un proceso de revisión del posible detrimento patrimonial. El parque pasó de ser una institución rentable a tener deudas que superarían los 15.000 millones de pesos.
Los problemas administrativos son tantos que ni siquiera es posible determinar con claridad cuál es el número de visitantes que tienen Panachi, el Cerro del Santísimo y el Acuaparque. Estas dos últimas instalaciones son también operadas por la Corporación.
Las irregularidades financieras incluyen un préstamo de casi 300 millones de pesos supuestamente otorgado a Panachi por un particular y que, además, tiene una elevada tasa de interés. También, operaciones como pago de nómina o a proveedores, que se hacen en efectivo y no quedan, por tanto, registrados en el sistema bancario.
Durante tres periodos consecutivos, el partido Convergencia Ciudadana, del coronel Aguilar, se mantuvo al frente de la gobernación de Santander y, por lo tanto, del manejo del complejo. Su hijo Richard ocupó el cargo entre el 2012 y el 2015.
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