Estudio agita polémica por cadena perpetua para violadores de menores
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Estudio agita polémica por cadena perpetua para violadores de menores

Expertos dicen que es inconveniente. Sectores insisten en aplicar ese tipo de condena.

Cadena Perpetua para violadores

Ciudadanos y familiares de las víctimas pidieron que se apruebe ley que les de cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños.

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Nestor Gómez / EL TIEMPO

Por: Justicia
07 de julio 2019 , 12:15 p.m.

Cada día del año pasado, según cifras de Medicina Legal, 62 menores de edad fueron abusados sexualmente en Colombia. Una de las niñas, Génesis Rúa, de 9 años, fue violada, asesinada, y luego su victimario intentó incinerarla para desaparecer la evidencia de su atroz crimen.

Por ese hecho, registrado en Fundación, Magdalena, y que generó tal rechazo nacional que el país volvió a hablar de la cadena perpetua para los violadores, fue condenado Adolfo Enrique Arrieta a 53 años y 8 meses de cárcel.

Desde entonces, se escuchan más voces que piden que los responsables de ese tipo de crímenes no puedan recuperar su libertad. Pero, al tiempo, se conocen explicaciones de tipo jurídico, económico y hasta de consideraciones humanitarias con los victimarios que insisten en que esta pena no es posible.

Esta semana EL TIEMPO reveló un documento de la Comisión Asesora de Política Criminal, realizado por petición del Ministerio de Justicia, que generó revuelo al recomendar que no se dé ese paso y que más bien se busquen otro tipo de alternativas para castigar a los responsables, atender a las víctimas y avanzar en la resocialización de los victimarios.

En sus conclusiones, el grupo de académicos y abogados incluso plantean lo costoso que resultaría tener una persona presa de por vida y la necesidad de invertir mejor esa plata. Tener a una persona en una cárcel cuesta cada año casi 18 millones y medio de pesos, y ese dinero, dice el informe, se podría usar para “costear el estudio anual de aproximadamente 9 niños de primaria”.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, sostuvo que ese concepto no obliga al Gobierno a descartar esa posibilidad y que antes de tomar una decisión final se escuchará el mayor número de voces posible.

“Lo que sí puedo decir es que más de la mitad del país, en temas de violencia sexual y de menores afectados, reclama eso (cadena perpetua); hay que estudiarlo desde el punto de vista de derechos humanos, de igualdad, de cómo se estructura (...) Hasta que no tengamos todos los conceptos y hayamos hecho todos los análisis, no queremos hacer la presentación correspondiente. Tenemos que llenarnos de información”, dijo la ministra Cabello Blanco.

“La mitad del país, en temas de violencia sexual y a menores, reclama eso; hay que estudiarlo desde el punto de vista de derechos humanos, de igualdad, de cómo se estructura... ”

El intento más cercano a un mayor castigo para los violadores, la pena de 60 años de cárcel establecida en la ley como máxima sanción, lo lideró la concejal de Bogotá y, después senadora, Gilma Jiménez, quien logró la recolección de más de dos millones de votos para modificar la Constitución mediante un referendo. En 2010, ese esfuerzo se cayó en la Corte Constitucional por vicios de trámite. Tras la muerte de la senadora, su hija Yohana ha mantenido la idea e, incluso, ha insistido en que debería hacerse mediante un referendo.

“No me sorprende ese concepto. Existen otros seis informes de política criminal. Eso va a quedar en la historia, siempre van a decir que es inconstitucional”, sostuvo Yohana Jiménez tras afirmar que se propone que solo frente a casos de delitos sexuales con menores se establezca la pena de cadena perpetua.

Este precisamente es uno de los temas que no les cuadra a los integrantes de la comisión, quienes advierten que la “pena de prisión perpetua afecta la igualdad de libertades, ya que esta solo se aplicará a un número determinado de delitos sin llegar a contrastar su gravedad diferencial”.

Keneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, aseguró que aunque comparte la preocupación de los colombianos sobre el aumento de las violaciones de los menores de edad–según Medicina Legal, esos crímenes crecieron entre 2017 y 2018–, en ese tipo de soluciones hay mucho de populismo de sectores políticos.

“Se cree que el aumento de penas soluciona los graves problemas de criminalidad, aunque la experiencia histórica y judicial demuestra lo contrario. Lo que sí resulta claro es que se ha utilizado este tema con fines electorales”, dijo Burbano.
El procurador general, Fernando Carrillo, agregó que “no es la cantidad de la pena la que garantiza el acceso a la justicia para las víctimas. Por el contrario, el aumento de penas generalmente lleva al incremento de la impunidad, la cual es ya muy alta en los delitos sexuales cometidos contra niños y mujeres”.

Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, sostuvo que antes de seguir avanzando en el tema se debe hacer un análisis muy juicioso al considerar que “subir penas por subirlas no tendría ningún efecto”.
A pesar de estas consideraciones, ya desde el Legislativo, donde hace menos de un mes se hundió un proyecto de ley que establecía la cadena perpetua, se anuncia la presentación de una nueva iniciativa en ese sentido impulsada por la senadora Maritza Martínez, quien afirmó que deben prevalecer los derechos de los menores de edad.

Por ahora avanza en el Congreso un proyecto de acto legislativo radicado por el Gobierno según el cual, en el futuro, ese tipo de delitos no pueden salir de la competencia de la justicia ordinaria ante eventuales procesos de paz que se puedan concretar.

La pena de prisión perpetua afecta la igualdad de libertades, ya que esta solo se aplicará a un número determinado de delitos sin llegar a contrastar su gravedad

No respeta derechos de los agresores

La Comisión explicó que la Constitución prohíbe la cadena perpetua porque es cruel e inhumana; además, los expertos dicen que es innecesaria, inútil y desproporcionada, e instrumentaliza a las personas para dar un mensaje de exclusión. De otro lado, la Comisión señala que los derechos constitucionales no solo son inherentes a las víctimas, sino que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de quienes delinquen.

Frente a esto, Yohana Jiménez, promotora de la cadena perpetua para violadores de niños, dijo que no cree que “exista algo más inhumano y más cruel que lo que los violadores les hacen a los niños”.

Y que si bien la Constitución prohíbe esta pena, buscan que haya una sola excepción y es que sea por delitos cometidos contra los niños.

Aumentaría los costos carcelarios

El informe señala que mantener a alguien preso toda la vida incrementaría mucho los costos del sistema carcelario.

Así, señalan que tomando como referencia que el costo de manutención anual de un preso supera los 18 millones de pesos, que llega a más de 120 millones por la construcción de cupos penitenciarios, la prisión perpetua “generaría a largo plazo costos fiscales insostenibles e injustificados para el Estado”, dice la Comisión.

Carlos Medellín, exministro de Justicia, consideró que los costos son algo que el Estado tiene que asumir, “porque el otro costo de dejarlos en libertad es peor. El tema económico de los costos para el Estado frente a delincuentes peligrosos no debe ser el argumento; no es un tema económico, es de protección a los niños y a la sociedad”, dijo.

Vulnera tratados internacionales

Además de que la prisión perpetua, según los expertos, va en contra de lo establecido en la Constitución sobre los derechos de las personas, por ese mismo motivo también vulneraría tratados internacionales suscritos por Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sobre esto, el abogado penalista Ricardo Calvete dijo que sería la Corte Constitucional la que tendría que examinar si procede una reforma que desconozca abiertamente un tratado. Añadió que habría que examinar el riesgo de las sanciones internacionales.El exministro de Justicia, Carlos Medellín, dijo que habría que iniciar por derogar el artículo de la Constitución que mantiene la prohibición a ese tipo de penas.

No garantiza no repetición de delitos

​Para la Comisión no hay evidencias que demuestren que esa condena lleva a una reducción de los delitos contra menores. Además, dicen que es una pena que no tiene ningún fin de resocialización, que es, según la ley, el fin último de una sanción penal. Y que se debe invertir más en prevención del crimen a través de políticas públicas eficaces.

Sobre ello, Yohana Jiménez opina que “lo único que puede garantizar que un violador no vuelva a violar a otro niño es encerrarlo para siempre”, y Keneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, considera que en Colombia “se cree erradamente que el aumento de penas soluciona los graves problemas de criminalidad, aunque la experiencia histórica y judicial demuestra lo contrario”.

JUSTICIA

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