Polémico exgobernador de Sucre, con nuevos cargos por corrupción

Polémico exgobernador de Sucre, con nuevos cargos por corrupción

Fiscalía investiga a Julio Guerra Tulena por irregularidades en contrato de cartillas escolares.

Julio Cesar Guerra Tulena

Julio César Guerra Tulena (centro, camisa azul), exgobernador de Sucre, compareció por videoconferencia a audiencia de imputación de nuevos cargos.

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EL TIEMPO

Por: Justicia 
04 de julio 2019 , 09:16 p.m.

A sus 87 años, el exgobernador de Sucre Julio Cesar Guerra Tulena, quien dirigió el departamento entre 2012 y 2015, deberá enfrentar un nuevo proceso judicial por corrupción, pues este jueves la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por irregularidades en contratos para la distribución de cartillas escolares

A la diligencia que se realiza en el Tribunal Superior de Bogotá, el exmandatario se presentó a través de videoconferencia desde Sucre. Alegó problemas de salud.

Guerra Tulena hace parte de una casta política que ha mandado durante años en el departamento. Fue presidente del Congreso, alcalde de Sincelejo, concejal, representante a la Cámara y luego senador.

Según la Fiscalía, en el 2012 como gobernador, Guerra Tulena "intervino" en la adjudicación del contrato para la dotación de libros a la empresa Los Tres Edirores S.A.S.  Dicho acuerdo era por un valor de 1.535 millones y beneficiaría a 36 colegios en cinco municipios de Sucre. Se compraron más de 23 mil libros.

De acuerdo con el ente acusador, se violó el principio de transparencia desde el momento de la planeación del proyecto, pues a través de una resolución el exgobernador alteró las condiciones para proveer el contrato y tampoco hizo convocatoria pública para la contratación.

Según la Fiscalía, el exgobernador permitió que el proveedor Los Tres Editores S.A.S. se apropiara "de manera injustificada de  recursos del departamento". Dijo que el detrimento fue de 828 millones, pues libros que costaban unos 36 mil pesos eran cobrados a 70 mil pesos.

El detrimento fue de 828 millones, pues libros que costaban unos 36 mil pesos eran cobrados a 70 mil pesos

Además, la Fiscalía explicó que en la Gobernación anterior se habían adquirido los mismos libros para "mejorar las pruebas saber Icfes" y que estos no tuvieron resultados positivos en los resultados de las pruebas. 

Otros procesos

Además de esta investigación por corrupción en la Secretaría de Educación, desde 2017, el exmandatario está en la lupa de la Fiscalía por irregularidades por las que fueron judicializados altos exfuncionarios de su gobernación.

La Fiscalía documentó los casos de cientos de pacientes inexistentes que supuestamente sufrían problemas mentales y a quienes se les ordenaban los mismos tratamientos y llevó a juicio a Efraín Jesús Suárez Arrieta, exsecretario de Salud de Sincelejo; Jorge Madera Lastre, exsecretario de Salud de Sucre, y el contador personal de Guerra, Ronaldo Herazo Bertel.

El expediente habla de ‘comisiones’ de entre el 20 y 30 por ciento con destino al círculo del entonces gobernador Guerra Tulena, “pues debía recuperar la plata invertida en la campaña a la Gobernación”.

Por la oficina del contador de Guerra, en un céntrico edificio de Sincelejo, pasaron, señala la Fiscalía, representantes de la Clínica Nuevos Amaneceres y la Fundación Nuevo Ser, quienes terminaron beneficiados con los giros irregulares por servicios a pacientes de papel.

Su nombre ha aparecido en otras investigaciones de organismos de control por varios contratos. En el año 2012, año en que César Guerra Tulena llegó a la Gobernación de Sucre, en el departamento se dieron una serie de pagos irregulares por falsos tratamientos psiquiátricos.

Así lo estableció una auditoría de la Contraloría General que muestra cómo el denominado ‘cartel de los enfermos mentales’ no solo operó en el 2014 y el 2015 –hechos por los que ya hay un proceso fiscal contra Guerra por un desfalco de 3.000 millones de pesos–, sino que se dio durante toda su gobernación.

El exmandatario ya había sido sancionado en primera instancia por la Procuraduría "por modificar arbitrariamente y sin publicidad las condiciones de experiencia para participar en la adjudicación de un contrato que superó los $3.853 millones de pesos". Esa decisión fue apelada por lo que no se registra ningún tipo de inhabilidad.

En su momento, el Ministerio Público consideró que el 20 de marzo de 2013, horas antes del cierre del proceso de selección abreviada SA 005-2013, el gobernador hizo cambios que favorecieron a uno de los proponentes.

JUSTICIA

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