Hace cuatro días, una jueza de Bogotá absolvió, por duda razonable, a Hugo Alejandro Zabaleta, a quien la Fiscalía había acusado por el asesinato de la porrista de Millonarios Luisa Fernanda Ovalle.
El crimen ocurrió el sábado 30 de noviembre del 2013. Y aunque el caso será apelado en segunda instancia, la realidad hoy es que, tres años después, la impunidad vuelve a campear en un proceso por homicidio en Colombia.
En un juicio que tuvo 21 testigos –siete de ellos presentes en el lugar de los hechos–, el ente acusador no logró construir un expediente sólido contra Zabaleta. Lo más grave es que incluso con la derrota de la Fiscalía, este caso avanzó mucho más que el grueso de las investigaciones por los miles de asesinatos que ocurren en el país, que en más de un 70 por ciento ni siquiera llegan a identificar un presunto responsable.
De esta manera, día a día y año tras año sigue creciendo la lista de familias a las que el Estado les ha fallado en una forma básica de reparación: saber la verdad sobre la muerte violenta de sus seres queridos.
En tan solo una década, esos expedientes por homicidio empolvados en los anaqueles de la impunidad pasan de 50.000. Con el agravante de que rara vez alguien, salvo los deudos, se preocupa por tratar de que haya justicia.
Esos casos –a diferencia de lo que afortunadamente ha venido pasando en los últimos años con las muertes causadas por el conflicto– casi nunca están en la agenda de las autoridades.
Pero ¿no tienen la familia de Luisa Fernanda y las miles más que han sido golpeadas mortalmente por el delito común derecho a que, sin importar cuántos años hayan pasado, la justicia siga buscando a los responsables?
La deuda con esas víctimas invisibles es enorme. Y sigue creciendo porque frente al homicidio y frente a otros muchos delitos la justicia no funciona, o funciona con graves falencias.
Según datos de la Corporación Excelencia en la Justicia, la mayoría de condenas en el país se logran por preacuerdos que, si bien implican un menor desgaste del aparato judicial, son puerta abierta para las condenas irrisorias que tan frecuentemente escandalizan a los colombianos. Y si a esto se suma que siete de cada diez delitos ni siquiera se investigan, el resultado es un caldo de impunidad que ahoga la confianza del ciudadano en su sistema de justicia.
JHON TORRES
EDITOR DE EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET
