La muerte, el 4 de julio, de Wendy Alexandra Bueisaquillo Giraldo, de 23 años, en medio de un procedimiento estético (una liposucción) reabrió la polémica sobre la idoneidad de los médicos tratantes y los lugares donde se realizan dichos procedimientos.
La familia de la joven acusa al médico Ignacio Alberto Soler Moreno de haber tratado de ocultar las circunstancias en que falleció Wendy Alexandra, y a eso se suman las versiones de que el galeno tendría varias denuncias por negligencia en el campo de la medicina estética.
EL TIEMPO consultó con el penalista Jaime Lombana, quien señaló que hay dos frentes en los que se podría investigar la conducta del médico Soler Moreno.
"Una (investigación) disciplinaria por parte del gremio, para establecer si cumplió con las normas de la cirugía plástica estética y con la metodología que establece ese especialización", dijo Lombana tras advertir que si el doctor Soler "no tiene esa especialización para realizar ese tipo de operaciones, tema que será objeto de la investigación, se podría concluir que se incrementó el riesgo, y tendría que responder, por lo menos, por una conducta imprudente".
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De acuerdo con Lombana, el médico mencionado, además de ser investigado por el Tribunal de Ética Médica, podría enfrentar la justicia ordinaria ante un posible homicidio imprudente.
El abogado señaló que en este caso se tienen que evaluar las circunstancias que determinen que se incurrió en un riesgo mayor contrario "al deber objetivo del cuidado".
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Señaló Lombana que en los casos de cirugía plástica o estética la responsabilidad de los cirujanos es mayor, pues no se trata de procedimientos de urgencia vital y existe el tiempo para planearlos y estudiarlos.
Se pueden hacer, dijo el abogado, los exámenes adecuados y escoger un lugar idóneo para realizar la cirugía.
"La muerte es imputable al médico cuando se demuestra que hubo un incremento del riesgo permitido y, por ende, una falta al deber objetivo del cuidado", concluyó el abogado Lombana.
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La muerte es imputable al médico cuando se demuestra que hubo un incremento del riesgo permitido y, por ende, una falta al deber objetivo del cuidado
El penalista Francisco Bernate dijo que no se ha sancionado la ley de Cirugía Segura y por ello el médico que interviene no tiene que ser especializado, "pero sí tiene que ser cirujano".
Señaló que si se demuestra que hubo un error en el procedimiento, la sanción penal puede llegar incluso a los 9 años, que podría implicar, además, una sanción que lo inhabilita para el ejercicio de la medicina en el mismo término.
"El proceso se puede detener si el médico repara o indemniza a la familia", señaló Bernate, quien dijo que es normal que en este campo los médicos tengan denuncias, y que es allí cuando el Tribunal Médico debe intervenir, lo mismo que las secretarías de Salud.
El delito que se le puede imputar al médico Soler es el de homicidio culposo o imprudente, que, según el penalista, es lo mismo.
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