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Delitos

La verdad judicial a 4 años del escándalo del 'hacker' Sepúlveda

Andrés Sepúlveda fue condenado a 10 años de cárcel.

Andrés Sepúlveda fue condenado a 10 años de cárcel.

Foto:Archivo / EL TIEMPO

Actual administración de Fiscalía dice que no hubo montaje contra campaña de Óscar Iván Zuluaga.    

Cuatro años después de la captura del hacker Andrés Fernando Sepúlveda y de que estallara el escándalo por el intento de afectar el proceso de paz, siguen abiertos varios capítulos en la investigación.
El 5 de mayo de 2014 Sepúlveda Ardila fue capturado, señalado de liderar una oficina de interceptaciones ilegales que tendría como uno de sus objetivos 'sabotear' el proceso de paz que el Gobierno adelantaba con las Farc. En su momento el caso provocó una tormenta política porque Sepúlveda trabajaba para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.
Cuatro años después, Zuluaga y su partido, el Centro Democrático, siguen sosteniendo que la campaña supuestamente fue infiltrada y que el escándalo del 'hacker' tenía como fin afectar su campaña presidencial. Esa versión niega que Sepúlveda haya sido contratado para fines ilícitos y sostiene que, por el contrario, la campaña del entonces candidato del uribismo supuestamente fue víctima de un montaje entre la Fiscalía de Eduardo Montealegre y la Dirección Nacional de Inteligencia. 
Sin embargo, la justicia ha tomado decisiones que van en contravía de esa versión. Sepúlveda, quien completa cuatro años preso y está en la cárcel de Picaleña en Ibagué, terminó por aceptar cargos criminales por cinco delitos, entre ellos espionaje. Intentó buscar los beneficios de la Justicia Especial para la Paz, aspiración que le fue negada por un juez de Bogotá, y podría empezar a pedir su libertad condicional a más tardar en dos años.
El 5 de mayo de 2014 el 'hacker' Andrés Fernando Sepúlveda Ardila fue capturado al ser señalado de liderar una oficina de interceptaciones ilegales.

El 5 de mayo de 2014 el 'hacker' Andrés Fernando Sepúlveda Ardila fue capturado al ser señalado de liderar una oficina de interceptaciones ilegales.

Foto:Cartos Ortega/ELTIEMPO

Otros de los capturados por las actividades ilegales desplegadas desde la oficina del hacker ya están libres o están a punto de recuperar su libertad. Es el caso del ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán, quien hizo un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión por hacer seguimientos electrónicos ilegales al exvicepresidente Francisco Santos. Lleva más de dos años libre y se declaró insolvente para pagar la multa impuesta por el juzgado que lo sentenció.
Otros condenados en el caso, pero por vender información reservada a Sepúlveda, fueron el exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilson Leonardo Torres Wilches, que está libre desde febrero del año pasado; Luis Humberto Moreno Montes, agente de inteligencia de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec); el patrullero de la Policía de Bogotá David Ignacio Parra Amín y el teniente Michael Andrés Usme Charry. 
Hacker

Hacker

Foto:Archivo/ELTIEMPO

A la misma investigación fueron vinculados el cabo Carlos Alberto Betancur Sánchez y el mayor de la Policía Javier Humberto Gaitán González, a quienes se les imputaron cargos por cohecho, peculado y falsedad. El hacker español Rafael Revert, quien trabajaba en la oficina de Sepúlveda, se convirtió en testigo clave de la Fiscalía y no fue procesado. Su papel en el caso, por sus contactos previos con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), siguen siendo objeto de cuestionamientos de la campaña de Zuluaga. 
En enero del año pasado, ya en la administración de Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía cerró la investigación contra el excandidato, quien apareció en videos reunido con el hacker,  pero mantuvo abierto el proceso contra su hijo David, quien actuaba como gerente de la campaña uribista y fue escuchado en interrogatorio en Estados Unidos en febrero de 2015  por pagos hechos a Sepúlveda que, además,  no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral.
David Zuluaga, hijo mayor de Óscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña presidencial de su padre en el 2014.

David Zuluaga, hijo mayor de Óscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña presidencial de su padre en el 2014.

Foto:Archivo/ELTIEMPO

Otro capítulo que sigue abierto es el de Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, ex 'asesor espiritual' de la campaña de Zuluaga, quien también está en el exterior y a quien en agosto de 2015 la Fiscalía le imputó los cargos de espionaje, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, acceso abusivo a sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales agravado.
Luis Alfonso Hoyos Aristizabal en rueda de prensa en la sede de campaña del candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga.

Luis Alfonso Hoyos Aristizabal en rueda de prensa en la sede de campaña del candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga.

Foto:Luis Lizarazo García / EL TIEMPO

“Se logró establecer que Sepúlveda, en los primeros días del 2014 en Bogotá, se reunió al parecer con el asesor de la campaña con el fin de concertarse para la lograr la terminación o el desprestigio del proceso de paz mediante la obtención de información secreta o privilegiada, información recaudada mediante la realización de variadas actividades delictivas”, se lee en documentos de la Fiscalía.
Luego de casi dos años de dilaciones, aplazamientos y presentación de nulidades y otros recursos judiciales, el juicio contra Hoyos Aristizábal apenas se inició en los juzgados de Paloquemao de Bogotá.
La más reciente decisión de la justicia sobre el caso Sepúlveda se dio en febrero pasado,  cuando la Fiscalía archivó el proceso que adelantaba contra el almirante Álvaro Echandía Durán, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Echandía fue denunciado por un concejal del Centro Democrático según el cual la agencia de inteligencia supuestamente le pagó millonarias sumas al español Rafael Revert en una maniobra que supuestamente buscaba favorecer la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, contendor de Zuluaga. 
El almirante Álvaro Echandía Durán, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El almirante Álvaro Echandía Durán, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Foto:Héctor Fabio Zamora /CEET

Esa denuncia fue reforzada en noviembre pasado por declaraciones del exjefe del CTI Julián Quintana, mano derecha de Montealegre y quien aseguró que el almirante Echandía le había pedido omitir el papel jugado por la DNI en el caso, en medio de una investigación que lleva la Corte Suprema por el escándalo del hacker. 
Quintana aseguró también que Echandía le dijo, en la misma conversación en la que supuestamente pidió que no lo  mencionara en la Corte, que el Gobierno estaba considerando su hoja de vida para un alto cargo público. 

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema inició investigación contra Echandía. Esta, según su análisis, es la historia del 'hacker':

1. "Entre enero y febrero de 2014 la campaña a la Presidencia del señor Óscar Iván Zuluaga contrató al señor Andrés Fernando Sepúlveda Ardila con la finalidad de que este manejara las redes sociales y la seguridad informática de la campaña. Según lo indica el señor Sepúlveda en sus declaraciones ante la Fiscalía, fue contratado porque él tenía un plus, que era suministrar información que permitiera hacer 'campaña negra' en contra de otros candidatos". 
2. "Con la finalidad de hacer el trabajo que le fue encomendada por la campaña, el señor Sepúlveda Ardila se da a la tarea de contratar personas con altas capacidades en el manejo de herramientas informáticas, entre ellos algunos a quienes define como 'hackers'.
Por eso a inicios de febrero del 2014 contacta al señor Haiver Yesid González Arango, a quien conocía en el gremio con el apodo de 'Bambino', y lo invita a trabajar con él. Este no acepta la propuesta laboral pero lo contacta con un ciudadano de nacionalidad española llamado Rafael Esteve Revert Inza, quien en ese momento se econtraba trabajando en Lima (Perú). La propuesta laboral motiva a Revert para que se traslade a Bogotá e inicie su actividad en la oficina de Sepúlveda antes del 15 de febrero de ese año". 
Hacker español

Hacker español

Foto:Archivo/ELTIEMPO

3. "Siguiendo con la búsqueda de personas que trabajaran para su oficina, el cuñado de Sepúlveda le recomienda al ecuatoriano Daniel Agustín Bajaña Barragán, quien en efecto llega a trabajar con Sepúlveda días después de la llegada de Revert. Cuando Yesid González conoce que en la Oficina de Sepúlveda se encontraba Bajaña Barragán le solicita a su amigo Rafael Revert que vigile sus movimientos: lo hace porque este era un ojetivo importante para la inteligencia del país en razón de su comportamiento anterior (al parecer había vendido secretos oficiales a otros países".
4. "Rafael Revert, cuando ya lleva algunos días trabajando en la oficina, más o menos a finales de febrero e inicios de marzo, observa algunos movimientos irregulares, como la obtención de correos asociados en su sentir al presidente de la República (en realidad era el correo del exvicepresidente Francisco Santos, precandidato presidencial del uribismo) y la visita de personas que fungían como agentes de inteligencia de diferentes agencias del Estado, entre estas la DNI, quienes entregaban información privilegiada. Entera de ello al señor Haiver Yesid González Arango, única persona a quien conocía en el país". 
5. "González, a mediados del mes de marzo, busca al coronel (se omite el nombre por seguridad), de la Rimec (Regional de Inteligencia) del Ejército para que le hiciera un contacto con alguien de la Dirección Nacional de Inteligencia; en la misma época este lo contacta con el señor (se omite el nombre por seguridad), a quien conocía como 'Charly' e identificaban como agente de la DNI cuando en realidad era una fuente humana de la DNI (...) Siguiendo los protocolos internos la DNI designa dos agentes de control (...)  Cuando la DNI analiza la información entregada por Charly establece que había venta de información privilegiada por parte de agentes del Ejército, la Policía y de la misma DNI".
6. "El Director, almirante Echandía, recibe la información de esta situación y por considerar que es un hecho sensible y de extrema gravedad el 2 de mayo del 2014, la pone directamente en conocimiento del Fiscal General de la Nación, quien a su vez encarga al entonces director nacional del CTI, Danny Julián Quintana, de llevar a cabo los procesos de judicialización (...) Como el resultado de los procesos de las labores de verificación es positivo y se presentó un informe con la evidencia recolectada, la fiscal (del caso) recibe el informe, valora los medios de conocimiento, considera tener lo suficiente para ordenar un allanamiento y registro de las instalaciones donde funcionaba la oficina del señor Andrés Sepúlveda. Emite orden en tal sentido, orden que luego es controlada y avalada por un juez de control de garantías". 
El exdirector del CTI, Julían Quintana (izq.); y El Almirante (R) Álvaro Echandía Durán (der.).

El exdirector del CTI, Julían Quintana (izq.); y El Almirante (R) Álvaro Echandía Durán (der.).

Foto:Archivo particular - Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Tras esta reconstrucción de los hechos, estas fueron sus conclusiones:

1. “Ninguna de las personas que trabajaban en la oficina de Andrés Sepúlveda era funcionario o fuente de la DNI, así mismo, los elementos materiales probatorios indican que Andrés Sepúlveda conoció a sus empleados a través de amigos y familiares y fue él mismo quien los contrató, por lo tanto, se concluye que la Dirección de Inteligencia no infiltró oficina o campaña alguna: fue la misma campaña que a través de Sepúlveda buscó los servicios de quienes han sido señalados como hackers, al punto que uno de ellos, Rafael Revert, al percatarse de la posible licitud de las actividades que se realizaban en ese lugar decidió buscar asesoría y entregar la información a la DNI y la Fiscalía General de la Nación”.
2. “La Fiscalía inspeccionó las carpetas relacionadas con los dos pagos de información realizados al señor Rafael Revert por la DNI que sumaron en total
$ 9.800.000, cifra bastante lejana a la que señala la denuncia, y en ambos se observó el cumplimiento de los parámetros establecidos en la ley para los gastos reservados, además ninguna de las misiones de trabajo, informes de actividad o información suministrada por la fuente se relaciona con actividades políticas de personas, partidos o movimientos”. 
3. "El almirante Echandía sí entregó de manera directa la información al Fiscal General de la Nación por la importancia de la misma, pues no se sabía cuántos funcionarios y cuánta información estaba comprometida (...) Los fiscales y la Policía Judicial que participaron en las investigación del llamado caso hacker afirman que ningún funcionario de la DNI participó o acompañó las actividades investigativas”.
4. “La asistencia de Oscar Iván Zuluaga a las oficinas de Sepúlveda no fue 'forzada' ni acudió bajo engaño: la reunión tenía la finalidad de que aquel se enterara de las actividades que estaba realizando uno de los asesores de su campaña, hecho que el mismo candidato aceptó públicamente. El doctor Zuluaga mediante un comunicado de prensa de fecha 06 de mayo de 2014, es decir, un día después de la captura de su asesor, manifestó que las tareas realizadas por Sepúlveda fueron desarrolladas sin queja alguna y a plena satisfacción de la campaña”. 
5. "Frente a las denuncias contra Echandía por supuestamente pedirle a Quintana que le mintiera a la Corte y que a cambio le sugirió que podía ser nombrado en un puesto oficial: "En los diferentes relatos de Danny Julián Quintana Torres se observan contradicciones (...) Respecto del señor Quintana Torres, afirmó que no fue sobornado por el almirante Echandía; en la declaración rendida ante este despacho el testigo indicó que no podía afirmar que el almirante le ofreció un puesto". También dijo ante los organismos de control que "las cosas no ocurrieron como lo han presentado los medios de comunicación" y que era posible que lo hubieran "tergiversado". 
 
JUSTICIA
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