Los nombres de 93 habitantes de la calle de Medellín aparecen en una investigación de la Fiscalía y la Policía como los flamantes proveedores de oro de la Comercializadora Internacional S & JIL SAS, que, según registros oficiales, es una de las mayores exportadoras de oro del país.
En el expediente contra los representantes legales, dueños y contadores de la red de lavado de activos aparecen varias comercializadoras de oro que compartían los mismos proveedores del metal precioso.
Al examinar las listas de proveedores, los investigadores encontraron que 30 de los supuestos mineros que vendían oro estaban muertos, 8 estaban presos, 420 se dedican a actividades distintas a la minería y 250 no existen.
A pesar de ello aparecían firmando facturas de venta de oro que supuestamente había sido comprado legalmente y vendido a otros países. Uno de los supuestos mineros, dedicado a conducir taxi, reconoció que en el 2010, por petición de un amigo, sacó el Registro Único Tributario a cambio de 30.000 pesos. Con el documento la red legalizó ventas de oro en varias regiones.
Con esas maniobras, las empresas Agencia de Inversiones y Finanzas Andrómeda SAS, Agencia de Inversiones y Finanzas Altaír SAS, Sánchez A. Logística SAS, Sánchez Arroyave Inversiones SAS, Inversiones Gil Montoya Ltda. y Sadín Jesús Jiménez Hernández habrían intentado legalizar operaciones ficticias por 24.000 millones de pesos.
La Fiscalía encontró que el 28 y 29 de diciembre de 2010, las empresas comercializaron 12 kilos de oro proveniente del municipio Alto Baudó, en Chocó, en donde no hay minas para extraer ese metal.
En otra operación de ese mismo año, los investigadores documentaron que las empresas investigadas compraron en un solo día 8 kilos de oro proveniente de Liborina, Antioquia, cuando ese municipio en todo el año había explotado legalmente 12 kilos. Para la Fiscalía, es “a toda luces ilógico” que en un día se negociara casi el 67 % de la producción de todo el año de ese municipio antioqueño.
Al visitar las direcciones de las comercializadoras, la Fiscalía evidenció que en esos sitios había en realidad edificios de apartamentos, una sede del Bienestar Familiar, un local desocupado y una casa de familia.
“Existe un listado de personas naturales a quienes hacen aparecer como pequeños comerciantes de oro, o barequeros de algunas zonas; las sociedades investigadas se compartieron entre ellas ese mismo listado, el cual fue obtenido de algunas bases de datos, o personas a las que por una suma de dinero les hicieron obtener y entregar su RUT, inscritos como si se dedicaran a actividades mineras”, dice la investigación.
En el extenso expediente aparece que la empresa C.I.S. & JIL SAS recibió por cuenta de exportaciones de oro entre 2010 y 2012, más de medio billón de pesos provenientes de la empresa norteamericana Metalor Inc., la cual en el 2004 aceptó pagar una multa de 9 millones de dólares por lavado de activos a través de operaciones de oro proveniente de Suramérica.
La Fiscalía capturó a seis personas señaladas de pertenecer a la red y a quienes imputó los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La segunda fase de la investigación busca llegar a quienes los capturados les legalizaban sus capitales provenientes de negocios ilegales.
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