Gobierno busca poner freno a corruptos con dineros de emergencia

Gobierno busca poner freno a corruptos con dineros de emergencia

Vicepresidencia y Secretaría de Transparencia habilitaron correo para recibir denuncias ciudadanas.

Contraloría

Sobrecostos en camillas hospitalarias, mercados y hasta implementos de aseo se han detectado en varias regiones.

Foto:

Contraloría General

Por: Justicia
13 de abril 2020 , 06:32 p.m.

A Carlos Manuel Julio Morales, alcalde de San Cristóbal, Bolívar, lo acusan de que las ayudas por la emergencia económica, social y ecológica causada por el coronavirus se las entregando solamente a personas de su partido político, Cambio Radical; en Corozal, Sucre, denuncian sobrecostos en las ayudas humanitarias y en el departamento de Magdalena hay preocupación por la falta de personal y dotación en el sistema de salud, según las denuncias, a causa de prácticas de corrupción.

Estas son algunas de las denuncias que han llegado a la Vicepresidencia y a la Secretaría de Transparencia a través del correo denunciacorrupcion@presidencia.gov.co, en el cual buscan recibir todas las quejas ciudadanas relacionadas con mal manejo de los recursos destinados para paliar la situación de la población más vulnerable ante el aislamiento obligatorio nacional decretado por el Gobierno.

Desde la Secretaría de Transparencia, dijo Beatriz Elena Londoño, titular de ese despacho, ya se han requerido, con fines de investigación, evidencias que soportan la contratación en Magdalena, Santander, Atlántico, Casanare, Sucre, Tolima, Norte de Santander, Arauca, Caldas y Cundinamarca.

Entre las prácticas que se buscan entran las irregularidades en contratación pública en las que incurran tanto particulares como funcionarios, denuncias de sobrecostos, de repartición irregular de mercados, de cobros por retiros de subsidios y otras similares.

Con el decreto 417 de 2020, se buscó agilizar los trámites de contratación para enfrentar esta emergencia, pero también se abrió un boquete a la corrupción que desde el Gobierno busca contener y cerrar en concurso con las demás entidades del sector público.

Según la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, “se trata particularmente de articular competencias contra la corrupción” con las competencias que tiene cada entidad. “Seremos inmisericordes en la persecución y castigo a quienes están robando recursos o que pretendan engañar a las comunidades”, dijo Ramírez.

Por su parte, Londoño explicó que los funcionarios públicos regionales y locales que tengan la responsabilidad de ejecutar dineros públicos “estarán obligados a reportar, sin falta, el minuto a minuto de la contratación, y a contratar cumpliendo la ley”.

“Todo el Estado está a la cacería de quienes roban y desvían recursos de emergencia sanitaria por covid-19”, advirtió Londoño, quien recordó que sobre los mandatarios están los ojos del control fiscal, administrativo y penal del país.

De forma autónoma, la Fiscalía, la Contraloría, y la Procuraduría ya vienen trabajando en sus propias investigaciones sobre la contratación en la pandemia, casos en los que han anunciado que en los próximos días tendrán resultados.


JUSTICIA
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