El gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Julio Hawkins, será imputado ante un juez por las posibles irregularidades en la contratación del departamento durante la pandemia por el covid-19.
De acuerdo al ente acusador, entre el 2 abril y el 29 mayo de 2020, Hawkins suscribió 16 contratos de prestación de servicios, por el valor de 240 millones de pesos. En esa contratación fueron beneficiadas las personas que en siete meses debían apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo de la Gobernación.
Los investigadores que llevan el caso también determinaron que, al parecer, los contratos suscritos por el gobernador de San Andréstendrían como finalidad la realización de actividades de inspección turística, actualizar la información de la isla para ser difundida a los visitantes, y trabajos como auxiliares de enfermería.
Sin embargo, los agentes encontraron que dichos contratos no podrían aprobarse porque para ese momento de la pandemia, un decreto nacional impedía la realización de actividades recreativas en sitios de interés turístico como playas, pues regían las restricciones para evitar que el covid-19 se regara en la comunidad.
La Fiscalía también halló que durante el proceso que culminó con la polémica firma nose tuvieron adecuados estudios previos ni se tuvieron en cuenta las necesidades de los isleños para la época del covid.
Otra de las irregularidades va en el sentido de que, al parecer, se presentaron fallas a la hora de supervisar y ejecutar los contratos. Además, los pagos se habrían hecho sin que se realizaran las actividades para las que contrataron a las personas.
Por estas razones, el ente acusador informó que un fiscal delegado ante la Corte Suprema imputará a Hawkins como supuesto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
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