Fiscalía ocupó bienes avaluados en $17 billones, en los últimos 4 años

Fiscalía ocupó bienes avaluados en $17 billones, en los últimos 4 años

Este año, a las Farc les han quitado propiedades avaluadas en $ 93.000 millones.

Extinción del dominio a Farc

Una de las propiedades, de las Farc, que entraron al proceso de extinción del dominio que figuraba a nombre de los hermanos Mora Urrea

Foto:

Fiscalía General de la Nación

Por: Justicia
13 de septiembre 2019 , 08:46 a.m.

Hombres de la Fiscalía y del Ejército, con el apoyo de un dron de la Fuerza Aérea, ocuparon hace unos días bienes por 8.500 millones de pesos que habrían sido comprados con plata proveniente de actividades ilegales de los ‘Puntilleros’, una red criminal surgida de la desmovilización de las Autodefensas y que hace presencia en departamentos como el Meta y el Guaviare.

Los investigadores ocuparon 19 inmuebles, cinco sociedades y 1.168 reses que habrían sido adquiridos con dinero del narcotráfico del temido grupo, que llegó a tener una organización de sicarios en Bogotá.

Esas propiedades, que pasaron al manejo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y cuya suerte final tendrá que ser resuelta por jueces de extinción de dominio, hacen parte de las operaciones que han realizado las autoridades en lo corrido de este año y han permitido la ocupación de 23.657 bienes avaluados en casi cinco billones de pesos, una cifra superior a las incautaciones registradas en los últimos 4 años.

Solo en el 2019, según un informe de la Fiscalía General, van ocupados bienes avaluados en 4,9 billones de pesos, y fuentes oficiales le dijeron a este diario que para los últimos meses del año están previstas nuevas operaciones que permitirían superar lo ocupado durante todo el año pasado.

En el 2018 los procesos de extinción de dominio llegaron a bienes muebles e inmuebles avaluados en 5,9 billones; en 2017 fueron 4,2 billones y en 2016 la cifra ascendió a dos billones de pesos.

La ofensiva del ente acusador no solo se ha concentrado en los bienes de narcotraficantes, sino también de personas vinculadas a casos de corrupción, microtráfico, guerrilla y redes de atracadores, incluso de bicicletas. D

e hecho, este año, por investigaciones en casos de corrupción se han ocupado bienes avaluados en 299.000 millones de pesos; al ‘clan Úsuga’, del capo ‘Otoniel’, se le quitaron propiedades por 63.530 millones; a vinculados con delitos sexuales, 67.000 millones, y a la delincuencia común organizada, 1.465 millones de pesos.

Incautación de bienes a testaferros de las Farc

Incautación de bienes a nombre de testaferros de Bernardo Mosquera Machado, alias Negro Antonio, quien fue jefe del frente 42 de las Farc.

Foto:

Fiscalía General de la Nación


También se han ocupado bienes por 93.000 millones de pesos de la desaparecida guerrilla de las Farc y al Eln, dice el informe de la Fiscalía, le quitaron 62 propiedades que costarían 24.000 millones. En este grupo están los predios que se acaban de ocupar a Álvaro José Mateus Vargas, dueño de una empresa de lácteos que funciona entre Arauca y Bogotá y quien es señalado de mover dinero del frente ‘Domingo Laín’ del Eln y de financiar el atentado contra la Escuela General Santander, el 17 de enero, que les costó la vida a 22 uniformados.

En esencia, es la herramienta más eficaz para debilitar el crimen organizado, es más importante que los señalamientos individuales”

En el expediente también figuran 14 bienes por 50.000 millones de pesos ocupados a la temida ‘Oficina’ (antes se hacía llamar ‘oficina de Envigado’) y 72 predios avaluados en 21.000 millones de pesos de personas vinculadas a redes investigadas por delitos contra el medioambiente.

En el extenso expediente de operaciones de extinción realizadas este año por la Fiscalía y la Dijín está un lujoso apartamento
–oficina con piscina privada, dos parqueaderos y depósito, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín–, cuyo valor superaría los 2.500 millones de pesos.

Este inmueble fue ocupado en desarrollo de una investigación contra dos colombianos señalados de estafar a pensionados de Estados Unidos con supuestos premios de lotería.

En ese listado, igualmente, aparecen 250 parqueaderos, 58 bodegas, cuatro oficinas, un auditorio y un restaurante, ubicados en un reconocido centro comercial de Bucaramanga (Santander), avaluados en 10.000 millones de pesos que serían de una red dedicada al contrabando de mercancías provenientes de Aruba, Curazao, Panamá y Venezuela.

Además, están 9 predios y 10 vehículos del actual alcalde de Barbosa (Antioquia), Edison García Restrepo, procesado por un caso de corrupción con contratos públicos. Incluso, hay predios en Bogotá, Cali y Medellín de una red de 15 personas capturadas a finales del año pasado, que se dedicaban al hurto de bicicletas de alta gama. Esos bienes están avaluados en 3.300 millones de pesos.

Aunque todos estos bienes hoy están bajo la administración del Estado, serán jueces de extinción de dominio quienes, al término de los procesos, definirán si pasan definitivamente a manos de las autoridades.

Entre tanto, son administrados por la SAE, que ya ha entregado al Estado cerca de medio billón de pesos por procesos finiquitados judicialmente. Parte de esa plata ha ido a la Rama Judicial, la Fiscalía y la Presidencia (ver nota anexa).

Saqueos y destrozos en supermercados que serían de las Farc

Estos almacenes hacen parte de la red de bienes incautados por la Fiscalía con fines de extinción de dominio a presuntos testaferros de la exguerrilla, los cuales fueron detenidos.

Foto:

Cortesía Edgardo León

La extinción de dominio es una de las estrategias de las autoridades para debilitar las estructuras criminales, y se ha venido fortaleciendo con equipos especializados, que incluyen contadores que puedan seguir el rastro de los dineros provenientes de actividades ilegales.

Jorge Restrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), sostuvo que la extinción permite atacar el propósito del crimen organizado, que es acumular bienes. “Es la herramienta más eficaz para debilitar el crimen organizado, es más importante que los señalamientos individuales”, dijo Restrepo.

A su turno, el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago afirmó que estos procedimientos son importantes para desfinanciar a los grupos ilegales, pero dijo que “el problema es que en la práctica la extinción de dominio es demorada”.

Diseño

Cifras Fiscalía General sobre extinción del dominio.

Foto:

El Tiempol

Andrés Alberto Avila, Vicepresidente Sociedad de Activos Especiales (SAE), dijo a EL TIEMPO que la entidad ha entregado medio billón de pesos al Estado.

¿Cómo es la administración de estos bienes?

Una vez la Sociedad de Activos Especiales (S AE) recibe un bien y verifica las medidas cautelares, inicia la administración. Desarrollamos una metodología que se enfoca en la transparencia y eficiencia de cada proceso, teniendo en cuenta las características de cada tipo de activo. Por ejemplo, para los inmuebles y las sociedades el mecanismo de administración por excelencia es el depósito provisional.

Este consiste en asignar el bien a una persona natural o jurídica a través de un sistema automatizado.

El depositario, que fue seleccionado por medio de convocatoria pública y que tuvo que superar una evaluación de seguridad para corroborar su idoneidad, debe enfocar sus acciones para que los inmuebles sean rentables a través del arrendamiento. La SAE realiza bimensualmente una revisión de la gestión de cada depositario.

¿Este año, cuántos bienes ya han sido extinguidos definitivamente?

Durante el 2019, a la SAE le han notificado que 353 inmuebles, 36 sociedades y establecimientos de comercio y 86 vehículos tienen sentencia de extinción de dominio a favor del Estado.

¿Cuánta plata ha pasado a manos del Estado?

Durante los últimos cinco años, la SAE ha entregado al Estado cerca de medio billón de pesos. En recursos líquidos ha girado un total de 302.356 millones de pesos y en bienes, 112.504 millones.

En 2018, la SAE se posicionó en el 4.° lugar de las empresas con participación estatal (acciones gubernamentales) que realizaron mayores transferencias a la nación, solo superados por Ecopetrol, Banco Agrario e Interconexión Eléctrica. Los recursos generados son distribuidos a diferentes entidades.

Por ejemplo, en los últimos años la Rama Judicial recibió más de 60.000 millones de pesos; la Fiscalía General, 59.000 millones; y la Presidencia de la República, más de 77.000 millones de pesos.

¿Qué dificultades han enfrentado en el proceso de manejo de los bienes?

La administración de estos bienes siempre será un reto por su naturaleza y origen. Nuestro compromiso es garantizar que los bienes continúen siendo rentables, productivos y generadores de empleo, y evitar que su conservación y custodia generen erogaciones para el presupuesto público.

Hoy tenemos metas ambiciosas como la recuperación de más de 9.000 bienes que por largos años han estado invadidos. Y tenemos retos como la comercialización de bienes a través de la venta masiva que estamos organizando con el Gobierno norteamericano y la enajenación temprana de activos especiales que ha traído excelentes resultados para la Nación.

JUSTICIA@JusticiaET

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