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La alerta de la Fiscalía por prescripción en caso de chuzadas
César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo

Audiencia de imputación de cargos contra los exfuncionarios César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo.

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Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO

La alerta de la Fiscalía por prescripción en caso de chuzadas

La justicia ya no podrá seguir procesando a dos abogados de exparamilitares vinculados al proceso.

En septiembre de 2015 la Fiscalía le imputó cargos a los cuestionados abogados Sergio Augusto González Mejía y Diego Álvarez Betancourt y a los altos exfuncionarios de la Casa de Nariño Cesar Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, señalados de ponerse de acuerdo para “obtener información ilegal, conocer de seguimientos y de documentos para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la exrepresentante a la cámara Yidis Medina”.

Hoy, más de cinco años después el juicio contra los procesados por el caso conocido como las ‘chuzadas’ ilegales del DAS no solo no ha iniciado sino que el proceso contra los dos abogados ya prescribió y ellos quedaron a salvo de cualquier responsabilidad penal por estos hechos, y quedan apenas unos meses para que suceda los mismo en la investigación contra los dos exfuncionarios.

González Mejía, reconocido abogado de paramilitares ya había sido condenado en enero de 2012 a cinco años de cárcel por el llamado caso ‘Tasmania’. Según la investigación González Mejía era el defensor de José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, paramilitar que acusó al entonces magistrado de la Corte Iván Velásquez porque supuestamente ofreció prebendas a cambio de que enredara al ex presidente Álvaro Uribe.

Luego se conoció que en realidad ese ofrecimiento no existió y que ‘Tasmania’ había hecho ese falso señalamiento para afectar al exmagistrado Velásquez.

(Por contexto, le sugerimos leer: Magistrado Iván Velásquez tramita demanda por chuzadas del DAS).

Y Álvarez Betancourt, abogado del exparamilitar Sergio Antonio López alias Job es señalado de acordar con funcionarios del Das la “grabación clandestina” de reuniones con magistrados auxiliares de la corte, presos en La Picota y diligencias reservadas de la Corte Suprema.

El abogado fue la persona con la que ‘Job’ ingresó a la Casa de Nariño en abril de 2008 a reunirse con funcionarios del gobierno del expresidente Uribe.

(Lo invitamos a leer: Estado, condenado por seguimientos del DAS a exmagistrado Velásquez).

La Fiscalía vinculó a las cuatro personas por siete hechos puntuales en los que habría evidencias de que “interactuaban, solicitaban y obtenían información a través de funcionarios del DAS y abogados de paramilitares” para afectar la imagen de magistrados de la Corte. Ellos se han declarado inocentes y no aceptaron los cargos imputados por el ente acusador.

Procesos prescribieron por dilaciones 

En expedientes judiciales se lee que a punta de solicitudes de aplazamientos, no asistencias a las diligencias, cambios de abogados y recursos, se logró que pasara el tiempo y los delitos imputados prescribieran.

La Fiscalía señaló que a pesar de que incluso se compulsaron copias para que se investigaran las maniobras de los defensores de confianza no hubo otro remedio que cerrar el proceso contra González Mejía y Álvarez Betancourt.

Y es que fueron tantos los aplazamientos que el ente acusador se quejó de que los abogados de González Mejía y Edmundo del Castillo “se turnaban” para no llegar a las audiencias impidiendo el avance del proceso.

Fuentes cercanas al caso señalaron que se nombraron abogados de la Defensoría del Pueblo para que el proceso pudiera avanzar. Sin embargo estos nuevos abogados también faltaron a audiencias y luego se les vencieron los contratos con la Defensoría sin que fueran reemplazados rápidamente.

(Por contexto, seguro le interesa leer: Fiscalía y Procuraduría advierten de prescripción por caso de chuzadas).

Esto terminó en una nueva compulsa de copias para que se investigara penal y disciplinariamente a Rafael Hernando Navarro, director regional de la Defensoría del Pueblo.

El llamado a la judicatura

En diciembre del año pasado salió del Tribunal Superior de Bogotá la respuesta a la más reciente decisión sobre la petición de uno de los abogados para que se declarara que una prueba de la Fiscalía no podía ser usada en el juicio.

En su fallo el Tribunal no solo resolvió esa petición sino que hizo un llamado para que se le imprima celeridad al proceso y que se actúe con lealtad y buena fé.

Y la Fiscalía lanzó un mensaje de urgencia al Consejo Superior de la Judicatura para que se diera la declaratoria de complejidad excepcional, para que el juez del caso solo se dedique a este proceso con lo que se podría avanzar rápidamente y evitar la prescripción de todo el caso.

Este diario estableció que la judicatura no ha dado respuesta mientras sigue corriendo el tiempo y se ve más cerca la fecha del 8 de septiembre cuando el caso tendrá que cerrarse por términos.

“Se advierte que la estrategia de la defensa es continuar dilatando las sesiones de audiencia para obtener la prescripción a favor de los servidores públicos”, se lee en un documento del ente acusador enviado a la judicatura conocido por EL TIEMPO.

El pronóstico del futuro del proceso no es muy optimista si se tiene en cuenta que en el expediente hay casi 23 mil folios, 236 medios ópticos entre DVD y Cd y hay proyectados 60 testigos, evidencias que se deben practicar y conocer en el juicio, que aún no inicia.

Se advierte que la estrategia de la defensa es continuar dilatando las sesiones de audiencia para obtener la prescripción a favor de los servidores públicos

La carta de la Fiscalía octava delegada ante la Corte señala que la medida para que el juez pueda dedicarse al caso busca esclarecer los hechos evitar la impunidad, atender los derechos de las víctimas y la obligación del Estado en materia del derecho internacional de los derechos humanos.

El abogado Víctor Velásquez, representante del exmagistado Iván Velásquez dijo que este caso evidencia “la falta de voluntad estatal en esclarecer hechos que afectaron profundamente nuestra democracia”.

Y añadió que el juez también es responsable de la prescripción. “Se ha solicitado de la judicatura que le asigne al juez del caso dedicación exclusiva a este asunto de tanta importancia, petición que en la condición que ostento, apoyo. Al tiempo, debo decir que la actuación judicial no ha estado a la altura que el caso impone. Este caso debe ser, quizás, de los más importantes con que cuenta su despacho. Eso ameritaba darle prelación en el trámite y no, como sucedió, fijar fechas cada 6 meses para ser nuevamente suspendidas sin adoptar medidas correctivas. El juez es responsable de la prescripción”, dijo.

Se ha solicitado de la judicatura que le asigne al juez del caso dedicación exclusiva a este asunto de tanta importancia, petición que en la condición que ostento, apoyo

'No dilatamos'

El exsecretario jurídico de presidencia Edmundo del Castilllo señaló que su abogado solo faltó a una audiencia y que presentó la excusa médica del caso. Luego, dijo, tuvo que cambiar de abogado.

"Esa audiencia ni siquiera se podía hacer porque faltó otro abogado", indicó tras señalar que lleva 14 años enfrentando la investigación.

"Ya la Fiscalía había cerrado el caso, luego se reabrió sin ninguna evidencia nueva, la Procuraduría también ya lo archivó al encontrar que no hubo ninguna irregularidad", indicó Del Castillo.

(De seguro le interesa leer: Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, a juicio por chuzadas).

Sostuvo que no cometió ningún delito y que no ha intentado dilatar el proceso.
"Yo le estoy poniendo la cara al proceso, no se han realizado maniobras dilatorias, esa no es una estrategia de mi defensa", añadió.

A su turno el abogado David Espinosa, representante de Cesar Mauricio Velásquez exsecretario de comunicaciones de Presidencia, dijo que no han faltado a ninguna audiencia del caso y que su cliente desde el exterior ha estado respondiendo al llamado de la justicia.

"Hemos estado asistiendo al proceso sin falta para demostrar en juicio la inocencia de Cesar Mauricio", señaló el abogado tras indicar que no han intentado demorar el proceso para buscar la prescripción.

(Por contexto, podría ser de su interés este artículo: 'Vivo en el exterior porque no consigo trabajo en Colombia').

Sin embargo, señaló que, de darse esa situación, legalmente pedirán al juez que examine el tema y determine si ya se debe aplicar esa decisión.

JUSTICIA

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