En manos del Tribunal Superior de Bogotá quedó la decisión de echar para atrás los polémicos beneficios judiciales concedidos a dos de los capturados por el atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos, perpetrado en mayo del 2012.
Al despacho de la magistrada Martha Patricia Trujillo Quiroga acaban de llegar para revisión la amnistía de iure y la orden de libertad de Wílmar Alejandro Tabares Marín y Luis Alberto Mora Ramos, capturados en La Plata, Huila, en febrero del 2014.
De este caso también quedó libre Ulises Castellanos Beltrán, alias Apu, señalado desde el comienzo por las autoridades como el jefe de una red sicarial que delinquía en Bogotá y que recibió plata de la guerrilla para perpetrar el atentado. Cumplía una pena de 30 años de cárcel y logró la libertad porque las Farc insistieron en que forma parte de su organización. Fue enviado a una zona veredal.
Tras la publicación de EL TIEMPO sobre la salida de la cárcel de los capturados por el atentado contra Londoño, en el cual murieron dos de sus escoltas y resultaron heridas otras 50 personas, la guerrilla se reunió con el Gobierno e insistió en que ellos formaban parte de la columna móvil Teófilo Forero.
Voceros de la oficina del Alto Comisionado para la Paz señalaron que la libertad se dio luego de cumplirse las revisiones correspondientes que el Comité Técnico Interinstitucional –integrado por el Ministerio de Defensa, los organismos de Inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía y la Fiscalía, entre otros– tenía que llevar a cabo.
Sin embargo, en julio pasado, la Fiscalía envió una carta al Gobierno para advertir que, al menos, una decena de personas, entre ellos los capturados por el atentado contra Londoño, no eran guerrilleros. “Según los medios de prueba allegados a la investigación, los procesados son integrantes de bandas de delincuencia común dedicadas a secuestros y hurtos, y en ocasiones son contratados para la comisión de atentados terroristas. No está demostrado en el proceso que pertenezcan o hayan pertenecido a las Farc”, se lee en la misiva.
La apelación que revisa el tribunal contra la libertad de Tabares y Mora fue promovida por la Fiscalía.
Fuentes cercanas al caso del señalado jefe de sicarios de Bogotá Alexánder Romero Sepúlveda, quien logró colarse en el proceso de paz aunque su proceso nada tiene que ver con la guerrilla, aseguraron que no se conoce a ciencia cierta su paradero.
Después de que este diario reveló el hecho, Romero Sepúlveda fue expulsado como gestor de paz, por lo que debería volver a prisión. Sobre él hay una condena de 14 años por intento de homicidio.
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