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Les quitaremos los bienes a los corruptos y a sus testaferros: Fiscal
Francisco Barbosa

El fiscal Francisco Barbosa asegura que en su administración subió la tasa de esclarecimiento en los feminicidios.

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Federico Barón Rincón. Fiscalía General.

Les quitaremos los bienes a los corruptos y a sus testaferros: Fiscal

Francisco Barbosa da a conocer el plan estratégico de su fiscalía para enfrentar el delito. 

El fiscal general, Francisco Barbosa, puso en marcha su plan estratégico para los próximos cuatro años, que plantea cambios en la forma de investigar y enfrentar el delito, con el fin de aumentar el nivel de judicialización de los victimarios. En diálogo con EL TIEMPO, explica esta hoja de ruta.

¿Cómo ha enfrentado la gestión de la Fiscalía en estos nueve meses?

Somos una fiscalía de resultados, no de grandes anuncios. Esta entidad se está fortaleciendo en los territorios dejando de lado la limitada visión de su acción solo en las grandes capitales. Estar al frente de la Fiscalía es ser consciente de que lo más concreto en este país es el delito y la diversa territorialidad. Nosotros no perseguimos personas, atacamos el delito en donde se encuentre. En ese punto lo que hace la Fiscalía es defender a la ciudadanía y a las instituciones. Quienes arremeten contra ellas y atacan a nuestra gente reciben la acción de la justicia. Los resultados en estos nueve meses son concretos y evidentes para el país, por ejemplo, recibimos la tasa de esclarecimiento de feminicidios en un 74 % y en estos meses ya hemos logrado elevarla al 96 %. Pese al covid-19, la acción de la Fiscalía no se ha detenido, muestra de ello es que hemos realizado más de 500.000 audiencias virtuales, lo que es un ejemplo en el continente. De igual manera, hemos logrado 35.522 condenas, 34.000 medidas de aseguramiento y 77.000 imputados.

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¿Cuáles son los ejes claves de la estrategia?

La estrategia pospandemia se deriva de una visión que deja atrás el plan de choque que tuvimos en nuestra entidad desde marzo, al inicio del confinamiento, hasta el mes de octubre. El direccionamiento que se puso en marcha a partir de este mes hasta el 2024 se concentra en tres ejes fundamentales para la lucha contra el crimen: en primer lugar, el impacto a los delitos que más afectan la seguridad ciudadana, esto es, los homicidios en contra de defensores de derechos humanos, reincorporados, feminicidios y homicidios colectivos; los delitos sexuales cometidos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes; la priorización del delito de violencia intrafamiliar; la persecución del delito de hurto violento y el microtráfico de estupefacientes, que tanto aqueja a nuestras ciudades; la investigación de los delitos informáticos y el delito de maltrato animal.

Somos una fiscalía de resultados, no de grandes anuncios

Un segundo eje de priorización será el impacto a las organizaciones y economías criminales. Este esfuerzo va acompañado de la desarticulación de las estructuras financieras, de narcotráfico y la persecución de los delitos contra el medioambiente, como la minería ilegal, que son el motor de las organizaciones criminales en los territorios. Un tercer eje en esta administración es la lucha contra la corrupción. La corrupción en todas sus manifestaciones erosiona la confianza de los ciudadanos en el Estado y por eso es un eje cardinal de esta fiscalía.

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En materia de líderes sociales y reincorporados, ¿qué se va a hacer?

En primer lugar, los resultados la Fiscalía General en materia de homicidios de líderes sociales, reincorporados y en materia de homicidios colectivos son contundentes. En cuanto a los ataques contra defensores de derechos humanos, recibí esta fiscalía con una tasa de esclarecimiento del 52 %, y en estos meses se ha logrado un avance de esclarecimiento del 60,45 %. En cuanto a los homicidios de reincorporados, la Fiscalía, para el mes de febrero, se encontraba con una tasa del 42 % de esclarecimiento, y con el fortalecimiento de equipos investigativos itinerantes hemos logrado el 50 %.

En cuanto a los homicidios colectivos, una realidad dolorosa que tanto aqueja al país, la Fiscalía, a pesar de las dificultades de acceso al lugar de los hechos en el contexto del covid-19, ha logrado avances investigativos en el 61,45 % de los casos. Casos como el de Samaniego, Buesaco y La Guayacana (Nariño), El Tambo, Mercaderes y Buenos Aires (Cauca), Llano Verde, Jamundí, Buga, Tuluá y Buenaventura (Valle del Cauca), Ituango (Antioquia), Totumito (Norte de Santander) o Arauca, entre otros, son ejemplos de la eficacia investigativa de la Fiscalía para esclarecer crímenes en menos de 20 días. Los avances que reflejan estas cifras no tienen precedentes en el país.

Francisco Barbosa

Francisco Barbosa llegó a la Fiscalía General en febrero de este año.

Foto:

Federico Barón Rincón. Fiscalía General.

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La razón de estos resultados es simple. En tiempo real nos propusimos esclarecer los homicidios cometidos en contra de estas poblaciones, actuando en tiempo real para alcanzar esclarecimientos tempranos y lograr la identificación de los determinadores y el desmantelamiento de la estructura criminal. Para esto, se crearon grupos de fiscales e investigadores itinerantes en las regiones, fortaleciendo la unidad de desmantelamiento de organizaciones criminales y de derechos humanos.

¿Qué pasa con los delitos no priorizados?

Todos los delitos son importantes para la Fiscalía. Sin embargo, existen delitos que, debido a su alto impacto y complejidad, representan una mayor preocupación para la población en materia de seguridad ciudadana y por ello son priorizados. No obstante, las diferentes direcciones seccionales de la entidad, presentes a lo largo y ancho del país, cuentan con unidades y fiscales destacados para la persecución de otros delitos, lo cual, por supuesto, continuará.

Entre los ejes está la lucha contra el narcotráfico, pero esa guerra no se está ganando. ¿Usted, en ese punto, qué va a hacer?

Efectivamente, el narcotráfico es un flagelo que en los últimos años viene creciendo. Hoy en día, no obstante el esfuerzo de la erradicación por parte del gobierno actual, seguimos con más de 150.000 hectáreas de coca y una producción anual de más de 900 toneladas de cocaína; por ello, la estrategia de la Fiscalía busca aumentar la cooperación con las agencias antinarcóticos extrajeras, en especial con el gobierno de los Estados Unidos, lo que permite golpear a los responsables de manera transnacional.

El propósito también es impactar el fenómeno desde el ámbito nacional, con énfasis en las dinámicas regionales, mediante modelos de trabajo que refuercen aquellas zonas neurálgicas en el sistema de redes de narcotráfico e impacten sus nodos claves, como los insumos químicos para la producción de narcóticos. Por último, se están creando unidades de fiscales e investigadores itinerantes principalmente en la zona costera del Pacífico, Catatumbo, bajo Cauca, que permitan atender con agilidad las actividades urgentes.

Efectivamente, el narcotráfico es un flagelo que en los últimos años viene creciendo. Hoy en día, no obstante el esfuerzo de la erradicación, seguimos con más de 150.000 hectáreas de coca

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La acción nuestra este año es contundente. Hemos incautado más de 270 toneladas de estupefacientes, 300 laboratorios destruidos y he firmado más de 110 órdenes de captura con fines de extradición. De esas personas, se han entregado 55 personas a los Estados Unidos por delitos cometidos en ese territorio. El reto es seguir avanzando.

Existe la percepción de que el nivel de violencia en el país está aumentando, y se está enquistando en sitios concretos. ¿Qué van a hacer en esas regiones?

Soy consciente de eso y por esa razón este direccionamiento se enfoca en los resultados en las calles y en los territorios. Durante mi administración, la Fiscalía dirige su acción en la lucha contra las organizaciones criminales presentes en zonas críticas del país. Este año se han intervenido el bajo Cauca y sur de Córdoba, Chocó, Norte de Santander en la zona del Catatumbo, y Arauca, logrando un alto número de capturas claves e incautaciones de armas. Y así, los siguientes tres años, bajo mi liderazgo, las delegadas de manera conjunta definirán las zonas de intervención de acuerdo con las necesidades identificadas. En estas regiones se adelanta una estrategia para impactar diferentes frentes del crimen: la desarticulación de las organizaciones, la afectación de eslabones estratégicos de los grupos ilegales, el esclarecimiento de los delitos de alto impacto y los relacionados con la seguridad ciudadana, y la ruptura de las economías ilícitas que nutren a estas organizaciones, como el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos contra la administración pública.

Además, durante mi administración es clave el uso de la tecnología y la informática. La Fiscalía desarrolla estrategias de análisis en contexto con el uso de herramientas de big data y machine learning para identificar situaciones y casos que permitan asociar y abordar de manera estructural las fuentes de estos delitos.

¿Por qué se priorizó el maltrato animal?

Porque históricamente los animales no han sido reconocidos como sujetos de derechos y tenemos que superar esta idea desueta. Ellos merecen protección jurídica y un nivel de respeto y buen trato. De ahí que el Legislador se haya preocupado por la sanción penal de las conductas que atentan contra ellos, y nosotros no podemos ser indiferentes frente a ese propósito. Por eso, durante mi administración es un eje central la persecución de quienes cometan delitos que atenten contra los animales, ya sea que se trate de maltrato animal, o, por ejemplo, el tráfico de especies. En este último caso, no solo se atropella el medioambiente, sino que además se maltrata a los animales en los diferentes momentos del tráfico.

Históricamente los animales no han sido reconocidos como sujetos de derechos y tenemos que superar esta idea desueta. Ellos merecen protección jurídica y un nivel de respeto y buen trato

(Lea: Los puntos claves del plan de política criminal del Estado hacia 2024). 

Desde el inicio de mi periodo, bajo el liderazgo del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) y el eje temático de medioambiente de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se han alcanzado importantes resultados en esta materia. Para septiembre de 2020 ya se habían logrado 35 sentencias, 45 casos en etapa de juicio y 33 casos con solicitudes de audiencia de imputación de cargos.

El número de procesos que se pierden tras un juicio es muy alto. ¿Cómo van a enfrentar esa situación?

Con mejor investigación. La columna vertebral de la justicia penal es la policía judicial. Si no investigamos mejor, podemos perder los casos. A mayor investigación, mejores resultados ante los jueces. Por eso, durante esta administración, nos la jugamos por el mejoramiento de la policía judicial. Si bien propondré al Congreso de la República el fortalecimiento de la Policía Judicial del CTI, también estamos implementando estrategias orientadas a optimizar los recursos con los que se cuenta actualmente, de manera que se mejoren las personas y su asignación a los fiscales de acuerdo con sus necesidades.

La gente tiene la sensación de que la investigación de delitos que más la afectan directamente como el hurto no avanza. ¿Qué decirle?

Estamos trabajando para fortalecer las investigaciones a través del análisis del caso a caso de situaciones de criminalidad. El reto es enorme porque el hurto es el delito de mayor prevalencia en Colombia. Este concentra la tercera parte de las noticias criminales. En 2019, la Fiscalía recibió 459.731 denuncias por hurto. Con la llegada a los territorios, con la visión de no limitar la acción de la Fiscalía General de la Nación a ciertos barrios o localidades de las ciudades principales y con nuestra acción de la mano con la gente esperamos cambiar esa sensación negativa de la ciudadanía. 

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¿Y frente a la corrupción, que sigue siendo un gravísimo problema?

Sí, desafortunadamente, la corrupción es una de las patologías sociales de nuestro país. Además, los hechos de corrupción siempre están detrás de otros fenómenos criminales. Para cometer delitos, en la mayoría de los casos se requiere de la colaboración o del silencio de un funcionario público. Por eso, es esencial impactar los nodos de corrupción, pues esto contribuye al desmantelamiento de las organizaciones criminales.

En estos nueve meses hemos imputado por corrupción durante la emergencia del covid-19 a 38 alcaldes, 3 gobernadores, 2 concejales y 12 particulares. Fuera de la pandemia imputamos a 2.207 personas, se impusieron 518 medidas de aseguramiento y logramos 625 condenas.

Esta administración le hace la guerra a la corrupción. Les quitaremos los bienes y procesaremos no solamente a los corruptos, sino a sus familiares o a sus amigos en caso de que se pruebe testaferrato.

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¿El plan blinda a la Fiscalía de corrupción interna?

Como mencioné, uno de los ejes centrales de mi administración es la lucha contra la corrupción y por supuesto esto incluye a la Fiscalía. Nosotros, como funcionarios públicos y administradores de justicia, tenemos que dar ejemplo. No toleráremos ningún hecho de corrupción en nuestra entidad.

REDACCIÓN JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET

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