Mucho antes de que estallara el escándalo de sobornos de Odebrecht, la Fiscalía General ya adelantaba una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exsenador Otto Nicolás Bula Bula.
De hecho, tal como lo reveló EL TIEMPO, la Fiscalía 12 especializada contra el lavado de activos ordenó el embargo y restricción del poder adquisitivo de Agropecuaria Central, la compañía a través de la cual Bula y su esposa, Carmen Luz Hoyos Abad, se hicieron a miles de hectáreas en Montes de María.
Pero la decisión de intervenir los bienes se tomó al final por la confesión del propio Bula, de que era uno de los receptores y repartidores de sobornos de Odebrecht en los cuales involucró a Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos 2014, y al empresario Andrés Giraldo. A eso se unió la información remitida por Estados Unidos que contiene datos entregados por narcotraficantes.
“Los operativos se adelantarán de manera simultánea en Córdoba, Sucre, Bolívar y luego en Antioquia. Agentes de la DEA han pedido que se les mantenga informados”, dijo una fuente judicial.
De hecho, horas después de ser capturado, el 14 de enero pasado, Bula sostuvo una reunión con agentes federales. Por eso para él no fue una sorpresa el interés de Washington en su caso y la posibilidad de que sea pedido en extradición.
Un rastreo de bienes hecho por reporteros de este diario indica que por las manos del ganadero de Sahagún (Córdoba) han pasado al menos 53 bienes, más de 3.000 hectáreas avaluadas en 12.000 millones de pesos. Por ahora él solo ha admitido la recepción de 200 millones de pesos de Odebrecht y la repartición de un millón de dólares.
(Además: Fiscalía pide cárcel para Andrés Cardona por caso Odebrecht)
De manera paralela, y también con miras a recuperar el dinero perdido por estos actos de corrupción, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó este miércoles el embargo de las cuentas de la multinacional y de algunos de sus socios por una cuantía superior a los 191.000 millones de pesos.
La medida fue pedida por la Procuraduría, a través de una acción popular que busca salvaguardar los intereses colectivos. El dinero solo se podrá usar para pagar impuestos, servicios y nómina.
El Tribunal estudia ahora la solicitud de la Procuraduría de terminar el contrato de la Ruta del Sol tramo II, medida que ya anunció la Superintendencia de Industria y Comercio. Al proceso fueron vinculados los socios de Odebrecht en esa obra: Concesionaria Ruta del Sol y Episol.
En un caso paralelo, el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, está en Bogotá para investigar un eventual caso de cartelización entre la brasileña Odebrecht y Acciona Infraestructura de España, al rededor de la obra de navegabilidad del río Magdalena y el metro de Quito.EL TIEMPO estableció que se indaga por qué la española se retiró súbitamente de esa licitación.
El vicepresidente Germán Vargas Lleras afirmó el miercoles que ya se inició el proceso de caducidad del contrato adjudicado a Navelena.
“Esperamos que no dure muchos días porque el proceso de caducidad es claro, es blanco o negro, hubo o no cierre financiero, y como no hubo no creo que se tarde muchos días”, señaló Vargas Lleras.
Ese es uno de los contratos que está bajo la lupa de la fiscalías de Colombia y Ecuador. Un año después de que se adjudicara a Odebrecht esa licitación para la recuperación de la navegación del río Magdalena, se le entregó en Ecuador el proyecto para la construcción de la Línea Uno del Metro de Quito.
En ese proyecto en el vecino país, Odebrecht estaba asociada con Acciona, la misma que competía por las obras de dragado para la navegabilidad del Magdalena. Pero en la recta final de la licitación, el consorcio en el que figura la compañía española se retiró de manera súbita.
Un equipo de fiscales de Colombia y de Ecuador investiga la relación de esas empresas y los posibles acuerdos que se pudieron dar debajo de la mesa para repartirse los contratos. De hecho, los investigadores ya recibieron un primer reporte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ya venía avanzando en una investigación por posible competencia desleal.
El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que ya tienen una hipótesis sobre las presuntas irregularidades que se habrían dado en las dos obras.
El siguiente paso es establecer con las otras compañías que hacían parte del consorcio de Acciona las razones por las cuales se retiraron, si inicialmente decían tener la capacidad técnica para realizar el dragado del río. También se indaga el retiro de otro de los participantes.
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