¿Por qué comisión de expertos pide a Duque no revivir cadena perpetua?

¿Por qué comisión de expertos pide a Duque no revivir cadena perpetua?

Comisión Asesora de Política Criminal entregó un extenso documento en el cual explica las razones.

Cadena Perpetua para violadores

Ciudadanos y familiares de las víctimas han pedido que se apruebe ley que les de cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños.

Foto:

Nestor Gómez / EL TIEMPO

Por: Justicia
05 de julio 2019 , 09:18 a.m.

No hay ninguna evidencia que permita asegurar que condenar a cadena perpetua a quienes sean procesados por delitos graves en contra de los niños, lleve a una reducción de ese tipo de agresiones contra los menores de edad.

Esa es una de las conclusiones de un extenso informe realizado al respecto por la Comisión Asesora de Política Criminal, por petición del Ministerio de Justicia.

Este diario supo que el informe fue avalado en su momento por la administración de la exministra Gloria María Borrero, quien comparte esa posición, y que le fue presentado, además, a la nueva ministra Margarita Cabello y al presidente Iván Duque. 

El debate se volvió a dar en el país en noviembre del año pasado tras la atroz violación y asesinato de la niña Génesis Rúa en Fundación, Magdalena, y hace menos de dos meses se hundió por tiempos un proyecto de ley radicado en el Congreso que buscaba establecer cárcel de por vida a violadores de niños. Incluso, el planteamiento es una de las promesas de campaña del presidente Iván Duque.

No obstante las voces de apoyo al endurecimiento de las condenas, los expertos, en el concepto entregado en el mes de mayo, afirman que la cadena perpetua es “cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada”, además de hacer que el condenado pierda la esperanza de rehabilitación y libertad.

También señala el documento que esa pena da “un mensaje de asocialización, discriminación, marginación y exclusión social” que no conlleva beneficios adicionales para proteger y restaurar los derechos fundamentales de las víctimas.

El panel conformado por 10 expertos, como el abogado penalista Gerardo Barbosa, dice que el Estado no solo debe proteger los derechos de las víctimas sino los de todos los ciudadanos, incluidos quienes cometen crímenes, garantizando sanciones proporcionales y razonables.

La comisión también menciona la situación carcelaria del país, donde el hacinamiento es del 53,29 por ciento, y afirma que “bajo el actual estado de cosas inconstitucional de los derechos humanos en las prisiones, dicha crueldad también torna esta pena en una sanción inhumana y degradante”.

Además de las consideraciones anteriores, la comisión hace hincapié en los costos económicos de ese tipo de decisiones. Así, señalan que si se tiene en cuenta que el costo de manutención anual de una persona privada de la libertad asciende a más de 18 millones de pesos,la prisión perpetua generaría a largo plazo costos fiscales.

Según uno de estimativo de la comisión, solo por los más de 1.560 condenados por delitos de actos sexuales abusivos que hoy existen en Colombia, el Estado paga más de 29.000 millones de pesos cada año. Esa cifra superaría el billón de pesos si se tienen en cuenta los 35 años que en promedio vivirían los condenados a una cadena perpetua, ya que hoy tienen en promedio 39 años y una esperanza de vida de 74 años.

El informe añade que el Estado terminaría gastando más plata en la manutención de los victimarios que en el bienestar de las víctimas y su entorno.

“Con el dinero que cuesta sostener anualmente a una persona condenada a prisión (18’371.560 pesos) se podría costear el estudio anual de aproximadamente 9,54 niños de primaria (1’924.081 pesos), de 8,4 jóvenes de secundaria (2’164.591 pesos) y de 8 jóvenes de décimo y undécimo grado de bachillerato (2’284.847 pesos)”, se lee en el informe.

A esto se suma que establecer ese tipo de sanciones, dice el documento, vulnera tratados internacionales ratificados por Colombia como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Los expertos advierten que se debe proceder a construir una política integral que no deslegitime el sistema judicial al condicionarlo a factores como la percepción ciudadana o, incluso, de “pronósticos políticos en materia de criminalidad, o, peor aún, de los prejuicios sociales”.

Otras fórmulas

Además de insistir en el acompañamiento integral del Estado a las víctimas, la comisión plantea otras restricciones a los victimarios; por ejemplo, la inhabilitación para ejercer algunos trabajos que les faciliten el acceso a menores.

O la prohibición de vivir en determinados lugares, especialmente con las víctimas o su núcleo familiar, o de aproximarse o comunicarse con ellos.

“A ello se agregan otras figuras como la vigilancia especial del condenado por
parte de especialistas de distintas disciplinas que hagan seguimiento de
las actividades profesionales y sociales del sujeto, y le faciliten su reinserción social”, dice el informe.

Ministerio dice que concepto no compromete al Gobierno

Pese a que la exministra Borrero compartía lo planteado en el informe, la actual administración de la cartera de Justicia, en un comunicado, señala que el documento de la Comisión Asesora es una instancia externa del Consejo de Política Criminal y que en consecuencia no comprometen al Gobierno en la toma de decisiones. Este es el comunicado completo: 

El concepto referido por ustedes en su publicación no es del Gobierno, es de la Comisión Asesora para la Política Criminal de Colombia, una instancia externa y técnica del Consejo Superior de Política Criminal que plantea sus conceptos a petición del Ministerio, pero ad honorem, pues la entidad busca oír a la academia constantemente, para su análisis en las definiciones jurídicas posteriores.

2. El grupo interdisciplinario está integrado por expertos que bajo los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, exponen desde diferentes ópticas sus conocimientos teóricos en temas presentados a su consideración.

3. Las recomendaciones y conclusiones de este organismo asesor independiente no comprometen la toma de decisiones por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho.

4. La intervención de la comisión de expertos se enmarca dentro del compromiso del Gobierno de promocionar la participación de la academia en estos temas.

5. En el caso concreto, el informe final de la Comisión Asesora de Política Criminal sobre la cadena perpetua aún no ha sido presentado a la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco. Actualmente la entidad está atenta a recibir y discutir oficialmente el documento con la Comisión Asesora.

6. El Ministerio de Justicia y del Derecho reitera que para este Gobierno es inaceptable cualquier tipo de violencia contra los menores y en tal sentido adelanta diferentes acciones desde el Congreso, como el proyecto de acto legislativo que actualmente cursa en el Senado y que protege a los niños, niñas y adolescentes de delitos sexuales.

JUSTICIA 

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