Las críticas de expertos a cadena perpetua para violadores de menores

Las críticas de expertos a cadena perpetua para violadores de menores

Pese aprobación en Congreso, ha sido criticada por quienes dicen que no servirá para bajar delitos.

Cadena Perpetua para violadores

En su último debate en el Congreso, el Senado aprobó la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores este jueves.

Foto:

Nestor Gómez / EL TIEMPO

Por: Justicia
18 de junio 2020 , 11:06 p.m.

Aunque habrá una revisión de la Corte Constitucional debido a que ya se anunciaron demandas contra la ley, este jueves el Congreso aprobó el proyecto de acto legislativo  para implementar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en el país. 

No obstante, el proyecto no ha estado exento de duras críticas, tanto en el mismo Congreso como antes de que avanzara a esta instancia. De hecho, el año pasado hubo una fuerte polémica en el Ministerio de Justicia parcialmente porque, pese a que un órgano asesor en materia penal recomendó no perseguir la prisión perpetua, el Gobierno insistió en ello.

(Lea también: La dura discusión que tuvo la cadena perpetua a violadores de menores)

En un informe elaborado por Comisión Asesora de Política Criminal, por petición del Ministerio de Justicia, y que fue entregado en mayo del 2019, los miembros que conformaban ese grupo, de académicos y abogados expertos en política criminal, le dijeron al gobierno que la cadena perpetua no solo no sería útil para prevenir estos delitos contra niños, sino inconveniente y violatoria de tratados internacionales.

Entre los argumentos que esbozó esa Comisión estaba que esa pena es "cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada”, no conlleva beneficios adicionales para proteger y restaurar los derechos fundamentales de las víctimas, podía aumentar el hacinamiento carcelario del país y además tendría considerables impactos económicos.

(Le puede interesar: ¿Por qué comisión de expertos pide a Duque no revivir cadena perpetua?)

Señalaron los expertos que si se tiene en cuenta que el costo de manutención anual de una persona privada de la libertad asciende a más de 18 millones de pesos, la cadena perpetua generaría costos fiscales considerables a largo plazo, y que el Estado terminaría gastando más dinero en la manutención de los victimarios que en el bienestar de las víctimas.

“Con el dinero que cuesta sostener anualmente a una persona condenada a prisión (18’371.560 pesos) se podría costear el estudio anual de aproximadamente 9,54 niños de primaria (1’924.081 pesos), de 8,4 jóvenes de secundaria (2’164.591 pesos) y de 8 jóvenes de décimo y undécimo grado de bachillerato (2’284.847 pesos)”, se lee en el documento.

A esto se suma que establecer ese tipo de sanciones, dice el documento, vulnera tratados internacionales ratificados por Colombia como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

(Además:Histórico: Congreso aprobó que se aplique cadena perpetua en Colombia

Pero las críticas no solo vinieron de ese panel de expertos. Cuando este proyecto de ley se discutió en el Consejo de Política Criminal, órgano asesor del Estado y por el que pasan todos los proyectos de ley de esa materia, la discusión, que se dio entre agosto y septiembre pasado, fue dura, aunque se terminó imponiendo el aval al proyecto.

El Consejo Superior de Política Criminal está integrado por la Ministra de Justicia y del Derecho (quien lo preside), el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General, el Ministro de Educación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Director de la Policía y el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el director del ICBF, entre otras entidades, y seis congresistas.

No es la pena severa la que causa un impacto real en la prevención del delito, sino la pena efectiva

En esa instancia varios miembros del Consejo, entre ellos la Defensoría, el Consejo Superior de la Judicatura y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, votaron en contra de implementar la medida. 

Resaltaron que en Colombia ya hay penas lo suficientemente altas y que si se implementaba la medida se corre el riesgo de que luego el Congreso la extienda a otros crímenes. Y agregaron: "No es la pena severa la que causa un impacto real en la prevención del delito, sino la pena efectiva".

Incluso señalaron que podría convertirse en un incentivo perverso para que el agresor  de menores tome medidas más agresivas, como el asesinato además del abuso sexual, para evitar ser capturado.

JUSTICIA
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