Ante un grupo de oración cristiana, Arturo José Hernández Bravo confesó haber matado a un hombre y que por su culpa otra persona estaba pagando una condena. Dijo –recuerdan los que lo escucharon– “que quería estar en paz con Dios porque aquello no lo dejaba dormir”.
Su declaración se produjo dos años después de ocurridos los hechos. Desde entonces, después de impulsarlo un pastor evangélico a que lo hiciera antes las autoridades, Hernández Bravo –un desmovilizado de las autodefensas– recorre diferentes despachos judiciales buscando que le escuchen su sorprendente historia. “No quiero cargar más en mi conciencia que una persona esté muerta por mi culpa y otra esté pagando cárcel sin tener nada que ver”, repite con insistencia ante las autoridades.
Uno de los despachos a los que acudió Hernández el año pasado fue la Fiscalía 9 Seccional de Valledupar, en donde el fiscal Ronald Darío Calderón Vieco escuchó su declaración en presencia de un abogado y un agente de la Sijín. Calderón analizó durante varios días los elementos y decidió enviar en noviembre del 2016 una carta al despacho del Fiscal General para solicitar la revisión del caso.
La Fiscalía le confirmó a EL TIEMPO que ya está en curso una nueva investigación. “Estamos buscando el camino para solucionar en justicia el tema”, manifestó Luis González, director nacional de seccionales, quien agregó que “cuando existe un proceso que termina con una sentencia condenatoria en firme solo procede un recurso de revisión extraordinaria”. Esto solo puede hacerse con aval de la Corte Suprema, y es necesario acreditar la aparición de nuevas pruebas.
Según la Fiscalía, a partir de las declaraciones de Hernández Bravo se creó una nueva noticia criminal y se solicitó copia de la sentencia condenatoria en contra de Aristófanes Bello Blanco, quien está preso desde el 2009 como coautor.
No quiero cargar más en mi conciencia que una persona esté muerta por mi culpa y otra esté pagando cárcel sin tener nada que ver
La víctima, el ganadero y prestamista Luis Eduardo Gutiérrez Acosta, fue hallado muerto en su casa el 23 de mayo de 2008 sobre su cama, a un día de recibir la extraña visita de 2 personas. En principio, las autoridades manejaron la hipótesis de un infarto, pero Medicina Legal determinó muerte por asfixia mecánica.
Un testigo aseguró que el día de los hechos había visto en la casa del ganadero a varias personas, entre ellas a Aristófanes Bello. La Fiscalía también tuvo en cuenta lo dicho por otro familiar quien aseguró que entre la víctima y Bello Blanco, uno de sus socios en el negocio de la ganadería, existían diferencias por una deuda.
Con esas pruebas e interceptaciones telefónicas que fueron interpretadas como relacionadas con el crimen, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar condenó el 21 de septiembre de 2009 a Bello Blanco a 35 años de cárcel como autor intelectual del homicidio. El 12 de noviembre de ese año, el Tribunal Superior de Valledupar confirmó la sentencia.
La declaración “libre, espontánea y sin presión de ninguna índole” –se lee en el documento de la Fiscalía– de Hernández Bravo revela que el asalto a la vivienda fue planeado por un conductor del ganadero, quien buscó a dos desmovilizados de las Auc para robar “unos 400 millones de pesos”. Dijo que la entrada a la casa se logró gracias al conductor y juró que la persona que está en la cárcel nunca estuvo en el sitio y que nunca la había visto.
Ese día, relató Hernández, fueron hasta la casa del prestamista con el pretexto de alquilarle un tractor, y lo encañonaron para que abriera la caja fuerte. La víctima intentó gritar y le taparon la boca con una sábana. “En ese instante, el señor se desmayó y lo dejamos tendido sobre la cama”, dijo el ex- Auc.
En la caja fuerte solo había 400.000 pesos. Cuando volvieron a acordarse del ganadero, ya estaba asfixiado. El ‘expara’ dijo que su compañero fue asesinado días después y que el conductor del prestamista se encuentra desde hace 8 años en Venezuela.
“Todo lo que he expresado en este documento se ajusta a solo la verdad y nada más que la verdad, no trato de favorecer a nadie ni, mucho menos, de encubrir algún ilícito. Juro por Dios que esta es la verdad”, dijo. Ahora se expone a 40 años de cárcel.
LEO MEDINA JIMÉNEZ
Justicia
justicia@eltiempo.com
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