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Aumentan a 21 años de cárcel la pena a procesados por pirámide 'estrato 5'
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Roslan Rahman. AFP

Aumentan a 21 años de cárcel la pena a procesados por pirámide 'estrato 5'

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Los responsables de Fit Forex y Fit Colombia habían sido condenados a más de 19 años de prisión.

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia de primera instancia contra dos personas procesadas por una millonaria estafa realizada a través de una pirámide que se promovía en exclusivos sectores de Bogotá. 

Inicialmente habían sido condenados a 19 años, dos meses y 11 días de prisión, pero el Tribunal les incrementó la pena a 21 años y dos meses de prisión.

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Esto porque en la primera decisión, del juez séptimo especializado de Bogotá, habían sido absueltos por el delito de no reintegro.

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Se trata de Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz, supuestos representantes legales de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team y Fit International Group, a quienes la Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos, captación ilegal de dinero y no reintegro.

Ellos se han declarado inocentes de los cargos imputados.

En su momento, el juzgado Séptimo penal especializado les negó beneficios como la casa por cárcel y la posibilidad de la suspensión de la pena.

Según la investigación de la fiscal 25 especializada contra el lavado de activos, los hechos ocurrieron entre el 1°. de marzo de 2004 y el 3 de febrero de 2009, periodo durante el cual Báez Angarita y Sánchez Díaz "captaron dinero perteneciente a 120 personas a través de la firma Fit Internacional Group Corp, de su propiedad".

Ofrecían millonarios rendimientos

Ellos ofrecían a los inversionistas una rentabilidad mensual en el mercado Forex de entre el 1.5 por ciento y 3.5 por ciento en dólares. La inversión mínima era de 20.000 dólares y el dinero era consignado en una cuenta en Nueva York.

La Fiscalía señaló que sin tener los permisos para transar en Forex, ni para
recibir dineros del público por parte de la Asociación Nacional de Futuros (NFA), alcanzaron a captar más de siete millones de dólares.

En el juicio se escucharon las declaraciones de testigos que señalaron que se enteraron del negocio cuando asistían a un torneo de golf que se realizaba en un reconocido club de Bogotá, y que luego se reunieron con los condenados en las lujosas oficinas de su empresa en el norte de la ciudad.

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Una sola de las víctimas alcanzó a entregar un millón de dólares y, aunque al inicio recibió rendimientos, en enero de 2009 empezaron a circular las versiones de que había entregado su dinero a una pirámide.

Tras esa alerta, los inversionistas intentaron recuperar sin éxito sus recursos.

Igualmente declaró un perito contable de la Fiscalía quien señaló que el dinero de las 83 víctimas que se acreditaron al proceso no fue invertido "en transacción
alguna en el mercado Forex".

En el expediente aparece la publicidad que ofrecían a los inversionistas para llamar la atención de las víctimas: "Día a día, noche a noche, los traders de Forex Investment Team están explorando el mercado de las monedas más fuertes del mundo (Forex), buscando con sus conocimientos, experiencia y las mejores herramientas, el momento oportuno y seguro para transar y poner a producir su dinero", señalaban en publicaciones hechas en medios de comunicación.

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Tribunal no ordenó la captura

En la decisión, los magistrados del Tribunal no ordenaron la captura de los procesados pues el caso aún no está en firme y podría llegar en casación a la Corte Suprema de Justicia.

En el fallo se lee que en el caso hay 114 víctimas que invirtieron más de siete millones de dólares que no han sido recuperados.

El Tribunal negó la prescripción de la acción penal solicitada por la defensa de los procesados y cuestionó que ellos actuaron con dolo y como parte de "un plan criminal" pues consiguieron oficinas, crearon formatos y desplegaron actividades para captar dinero en clubes sociales de Bogotá.

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En la decisión se insistió en que sí se presentaron evidencias de que los procesados incurrieron en el delito de captación de dinero y que recibieron dinero del público sin estar autorizados para hacerlo.

Además de aumentar la pena de cárcel a más de 21 años, el Tribunal estableció  una multa de 29.190 salarios mínimos mensuales.

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