Una pena máxima de seis años de cárcel pagaría el fiscal Rodrigo Aldana Larrazábal, capturado el viernes al ser señalado de cometer actos de corrupción para favorecer al cuestionado exsenador Otto Nicolás Bula Bula, preso en la investigación por el escándalo de sobornos de Odebrecht.
Aunque el fiscal Aldana Larrazábal había manifestado el sábado que no aceptaba los cargos imputados, la contundencia de las pruebas recaudadas en tiempo récord por sus compañeros de la Fiscalía y la captura de su exnovia, Margarita María Useche, lo llevaron a cambiar de opinión.
Este domingo, tras varias consultas con su abogado Fabio Humar, terminó reconociendo su responsabilidad en los delitos de prevaricato por omisión, cohecho propio y concertación para cometer delitos contra la administración pública.
Se calcula que podría recibir una sentencia de máximo 12 años de cárcel y lograría una rebaja de hasta la mitad de la pena por aceptación de cargos.
EL TIEMPO estableció que Aldana Larrazábal decidió aceptar los cargos luego de enterarse de que su excompañera Useche Molina, capturada el sábado, negocia un principio de oportunidad con la Fiscalía para convertirse en testigo a cambio de que la dejaran de investigar por el delito de enriquecimiento ilícito.
A nombre de ella está el apartamento avaluado en 335 millones de pesos que, según la investigación, se entregó a cambio de que el fiscal Aldana le devolviera al exsenador Bula tres haciendas en Córdoba que habían pertenecido a los narcotraficantes Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff.
El abogado Humar, que buscaba casa por cárcel para su cliente, le dijo a este diario que decidieron no ir a juicio ante la “dificultad probatoria y el desgaste que se vendría para la administración de justicia y para el doctor Aldana”.
“El fiscal Aldana aceptó. Nuestra lucha contra la corrupción empieza por casa”, escribió en redes sociales el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
En la diligencia en el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía pidió que el funcionario fuera privado de su libertad. Esa petición fue respaldada por el delegado de la Procuraduría.
El magistrado acogió esa solicitud y envió a la cárcel La Picota al funcionario al considerar la gravedad de los delitos imputados y que el fiscal era un peligro para la sociedad.
El magistrado cuestionó que el fiscal tenía a su cargo investigaciones por hechos de corrupción y terminó aceptando su responsabilidad en actos vinculados a ese tipo de conductas contra la administración pública y la transparencia.
“Semejante fenómeno es socialmente desestabilizador”, señaló el magistrado tras insistir que existen evidencias suficientes para ordenar la privación de la libertad del fiscal capturado.
Este domingo se conoció que la Fiscalía pidió formalmente al Inpec que traslade a una cárcel al exsenador Otto Nicolás Bula, quien permanece privado de su libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el norte de Bogotá.
Fuentes del organismo investigador señalaron que Bula, quien responderá penalmente por las dádivas entregadas a Aldana, “permanece inconsultamente” en esa sede la Policía.
El excongresista de Sahagún (Córdoba) está pendiente de la audiencia de acusación en su contra por un soborno de 4,6 millones de dólares que habría pagado Odebrecht para la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra.
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