En una contabilidad encontrada en un operativo de la Fiscalía contra una red de trata de personas en Cartagena, Bolívar, las autoridades encontraron el detalle de cómo eran explotadas sexualmente 49 mujeres, entre ellas 23 venezolanas.
Unidades de la Fiscalía, la Armada y Migración Colombia se tomaron los locales Nicolle, Allondra y Chicas Lindas, ubicados en el sector conocido como Bomba El Amparo en la capital de Bolívar, donde se tenía información sobre la presencia de mujeres que eran sometidas a tratos crueles y obligadas a ofrecer servicios sexuales.
Los dueños de los locales ofrecían, incluso por redes sociales, servicios de prostitución y mencionaban como gancho la presencia de extranjeras en el sitio.
Al ingresar a los locales, los investigadores hallaron como fachada discotecas y en los sótanos, que estaban comunicados internamente, se encontraban las mujeres que vivían en un espacio de menos de 30 metros y allí mismo eran prostituidas.
Mario Gómez, fiscal delegado contra la Violencia de Niños y Niñas del ente acusador, sostuvo que por cada cliente, la red les quitaba a las mujeres un porcentaje y luego les seguían descontando gastos de hospedaje, alimentación y hasta supuestos costos de viajes por concepto de plata que les habrían prestado para que viajaran desde Venezuela hasta Cartagena.
En la contabilidad también aparecían multas desde 50 mil pesos que los victimarios les imponían cuando supuestamente infringían algunas de sus normas.
Entre estas exigían un número de clientes que ellas debían atender a diario, o solo podían salir acompañadas del lugar, al igual que abstenerse de contactar a sus seres queridos.
“Al final del día, al hacer las cuentas, en muchos casos ni siquiera alcanzaban a pagar por los gastos que les cobraban los miembros de la organización ilegal”, indicó una fuente oficial. Incluso, dicen investigadores, les habían quitado sus documentos de identidad, controlaban sus comunicaciones y vigilaban sus movimientos al salir de los locales, pues uno de los integrantes de la red que las explotaba las acompañaba de forma permanente.
La organización, señala la Fiscalía, tanto en regiones del país como en Venezuela tenía reclutadores que ofrecían a sus víctimas supuestas oportunidades laborales en Cartagena, “cuando en realidad serían obligadas a ofrecer servicios sexuales”.
Una vez en el sitio eran amedrentadas y les ponían de presente lo que ya debían a la organización, por lo que si se negaban a ser prostituidas tenían que pagar primero lo adeudado.
Al final del día, al hacer las cuentas, en muchos casos ni siquiera alcanzaban a pagar por los gastos que les cobraban los miembros de la organización ilegal
Las ciudadanas venezolanas quedaron a disposición de Migración Colombia para verificar su ingreso al país y realizar los trámites administrativos establecidos en la ley.
“El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación no constituye causal de exoneración de la responsabilidad penal”, sostuvo el fiscal Gómez al indicar que aunque en el sitio no se encontraron menores de edad, sí se configuran delitos, pues ellas se encontraban obligadas y bajo permanente presión y amenaza.
La Fiscalía se dedica ahora al proceso de judicialización de los integrantes de la red, quienes cumplían diferentes roles dentro de la organización, desde los reclutadores que las explotaban en el sitio y tendrían que responder por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, por el cual podrían pagar penas de hasta 23 años de cárcel.
También se iniciaron los procesos de extinción de dominio sobre los locales en los que funcionaban los tres establecimientos y que pasarán a manos del Estado.
La operación hace parte de la ofensiva lanzada por la Fiscalía contra la prostitución en Cartagena, en cuya primera fase se llevó a cabo a la captura de 18 personas, entre ellas Liliana del Carmen Campos, alias Madame, considerada una de las mayores proxenetas de la región y a quien se le imputaron los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e inducción a la prostitución a menor de edad.
Asimismo, la Fiscalía busca, con apoyo de autoridades internacionales, la captura de cuatro extranjeros, dos estadounidenses, un argentino y un alemán señalados de acudir a los servicios ilegales de la organización y de abuso sexual de menores de edad victimizados por la tenebrosa red de proxenetas.
También había logrado la Fiscalía una orden de captura contra el israelí Assi Moosh, investigado por explotación sexual desde Taganga en Santa Marta, Magdalena.
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