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Delitos

¿En qué va 'debate' por libertades por vencimiento de términos?

López, de 38 años, compareció ante un juez federal de Brooklyn, en Nueva York y se declaró inocente.

López, de 38 años, compareció ante un juez federal de Brooklyn, en Nueva York y se declaró inocente.

Foto:Rodolfo González / Archivo EL TIEMPO

Expertos defienden la necesidad de la medida, pero piden más recursos para agilidad en la justicia.

Sair Buitrago
El juzgado 59 de garantías de Bogotá otorgó este jueves la libertad, por vencimiento de términos, al empresario César Mondragón Vásquez, cofundador y exdirectivo de la firma Estraval, señalada por la Fiscalía de captar ilegalmente dinero de las personas a través de la modalidad de libranzas.

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Mondragón Vásquez había sido capturado en enero del 2017 por los delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.
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Este caso, que se suma a las libertades que recibieron esta semana el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricuarte, procesado por el escándalo del ‘cartel de la toga’, y Carlos Palacino, señalado de millonarias irregularidades con la plata de los pacientes de Saludcoop, es solo uno de los que, según abogados consultados, se registra diariamente en los juzgados del país.
Y aunque los casos de Ricaurte y Palacino generaron indignación y pronunciamientos de distintos sectores, lo cierto es que ese tipo de libertades son el pan de cada día.
Este jueves, el presidente Iván Duque, sin hacer referencia a casos puntuales, rechazó la salida de la cárcel de personas vinculadas a graves delitos.
“Nos indigna la libertad de delincuentes por vencimiento de los términos judiciales. Hacemos un llamado a todas las bancadas del Congreso para tomar medidas que fortalezcan la acción de la justicia, y evitemos que se sigan presentando este tipo de situaciones que generan rechazo”, sostuvo el jefe del Estado.
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La justicia no puede ser percibida por algunos delincuentes simplemente como un obstáculo que lo eluden con facilidad

Y añadió que la justicia “no puede ser percibida por algunos delincuentes simplemente como un obstáculo que lo eluden con facilidad”.
A pesar de lo dicho por el Presidente, fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que si bien les preocupan estas libertades, son respetuosos de las decisiones judiciales.
Al tiempo, el magistrado Pedro Sanabria, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, anunció que se ordenó investigar a jueces, fiscales y abogados que participaron en los procesos de Palacino y Ricaurte.
“Hemos oficiado a la seccional Bogotá a fin de que inicie las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades disciplinarias del caso”, aseguró el magistrado Sanabria.
En concreto, se busca establecer si los abogados de los procesados usaron maniobras para dilatar las audiencias y permitir que corriera el tiempo o si los fiscales y jueces que intervinieron actuaron con negligencia.
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El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación Jueces y Magistrados, Hermens Darío Lara Acuña, sostuvo que es el mismo sistema judicial el que permite que se den ese tipo de libertades y que los correctivos no son tan sencillos porque se requieren recursos.
“No hay suficientes jueces, tenemos la misma cantidad de jueces de hace 25 años. Cada despacho tiene 200 o 300 carpetas y no es posible que asuman ese tipo de casos complejos”, indicó Lara. Y añadió que para agilizar la realización de las audiencias en principio se requiere que el Gobierno entregue dinero para tener más jueces.
Señaló además que el Estado es permisivo frente a las actuaciones de los abogados, lo que ha llevado a que se confunda el ejercicio legal y válido de la defensa con las dilaciones para torpedear las audiencias.
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No hay suficientes jueces, tenemos la misma cantidad de jueces de hace 25 años. Cada despacho tiene 200 o 300 carpetas y no es posible que asuman ese tipo de casos complejos

Por su parte, el abogado Iván Cancino consideró que no se debe satanizar la figura de libertad por vencimiento de términos y que es una garantía para todas las personas que son procesadas judicialmente.
La figura busca evitar que alguien que no ha sido condenado esté privado de la libertad indefinidamente sin que la justicia se pronuncie de fondo sobre su inocencia o culpabilidad.
El penalista Sebastián Escobar sostuvo que, a pesar de la indignación que ha generado en el país esta figura, “es un control al poder del Estado de limitar un derecho fundamental y básico como la libertad. El problema no es la figura, es la necesidad de mejorar las prácticas de nuestro sistema de justicia”.
Y mientras que el Congreso decide reglar el tema, se asignan los recursos para la creación de más jueces o se imponen sanciones a los abogados que dilaten los procesos, las libertades seguirán dándose.
Estadísticas de la Corporación Excelencia en la Justicia señalan que a diciembre de 2018 el 39 por ciento de las personas presas y que estaban en calidad de sindicadas llevaban para ese momento más de 21 meses privadas de la libertad, lo que los dejaba a un paso de que se abrieran las puertas de la cárcel.
JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
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