Tras pasar casi 8 meses presa, un juez concedió libertad por vencimiento de términos a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, investigada por corrupción.
Pinto estuvo prófuga por un año y se había entregado a las autoridades el 12 de julio de 2020. La exmandataria estaba recluida en la cárcel de mediana seguridad de Valledupar, donde fue remitida tras entregarse a la Policía.
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De acuerdo con su abogado, Antonio Luis González, el motivo del vencimiento de términos es que pasaron los 240 días calendario que la ley prevé para iniciar el juicio y este aún no se ha iniciado. Esos días, comentó, comenzaron a correr con la entrega de Pinto el 12 de julio del año pasado.
El defensor explicó que el tiempo se le venció a la Fiscalía porque hicieron varias peticiones de cambio de radicación, para que el proceso pasara de La Guajira a Bogotá, que distintos jueces le negaron.
"La fiscal que tiene le caso, como el caso está en La Guajira, pidió cambio de radicación para que el proceso pasara a Bogotá, eso se lo negó por un juez en Maicao, pero la fiscal pasó esa petición al tribunal de La Guajira, que también negó el cambio de radicación. La Fiscal hizo una tercera petición, una tutela ante la Corte Suprema contra el tribunal, y su tutela fue declarada improcedente; no contenta con eso hizo una cuarta petición a la Corte Suprema y el 3 de marzo pasado se la negaron por improcedente. Las solicitudes de la Fiscalía contribuyeron a ese vencimiento de términos, no fue la defensa la que generó ninguna maniobra para esto", dijo González.
Aunque finalmente en febrero de este año se logró hacer la acusación contra Pinto, el abogado dijo que para el momento ya se habían vencido los términos en favor de su defendida.
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La fuga de la exgobernadora se había dado durante una audiencia el 18 de junio de 2019, luego de que la Fiscalía le imputó delitos, y en medio de un receso, la exgobernadora no regresó a los juzgados de Paloquemao.
La Fiscalía adelanta contra la exgobernadora seis investigaciones por pérdidas en más de 5.900 millones de pesos en la compra de adoquines en Albania, La Guajira, cuando ella fue alcaldesa de ese municipio.
La Fiscalía la señala de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
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