Sobre las 5:41 p. m., la Procuraduría General entregó el tercer balance de la entidad sobre las quejas y denuncias presentadas por presuntas irregularidades relacionadas en el proceso electoral, a fin de establecer si hay lugar a las correspondientes acciones disciplinarias.
La Procuradora señaló que, con corte a las 5 p. m. se habían recibido 138 quejas y denuncias por presuntas irregularidades en el proceso electoral. De ellas, el mayor número se reportan en Bogotá (43), Antioquia (21), Santander (15), Cundinamarca (8), Tolima (5), Atlántico (4), Guanía (4), Magdalena (3) y Quindío (3).
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La funcionaria señaló que las denuncias tienen que ver con presunta participación en política de servidores públicos, constreñimiento, presión o amenaza al sufragante, falta de capacitación a los jurados de votación en los procedimientos, entre otras.
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El órgano de control indicó que para los escrutinios, que ya se iniciaron, el Ministerio Público continuará realizando vigilancia y control con el apoyo de los más de 8.300 funcionarios distribuidos en los 12.514 puestos de votación en el país.
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Sobre denuncias en el exterior, la jefe del Ministerio Público confirmó que se han recibido de ciudadanos ubicados en Chile y Australia.
Así mismo, Cabello Blanco advirtió que el ente de control recibió constantes quejas sobre los jurados de votación que son objeto de análisis para activar, si es procedente, la acción disciplinaria ante la comisión de presuntas irregularidades en algunos puestos de votación del país.
Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo se informó que, pese a casos aislados, las elecciones se registraron con normalidad.
El balance de la entidad señala que la Dirección de Atención y Trámite de Quejas ha recibido 158 quejas ciudadanas relacionadas con conductas vulneratorias a los derechos políticos, las cuales han sido tramitadas con las respectivas autoridades.
Así mismo, el organismo registró 13 hechos violentos, principalmente en Chocó, Norte de Santander, Arauca, Amazonas y Cauca; además de tres manifestaciones de las comunidades en Magdalena, Atlántico y Nariño.
“Sin embargo, destacamos que la articulación interinstitucional facilitó el trabajo para que el Estado colombiano pudiera garantizar los derechos políticos de los ciudadanos”, expuso Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
La entidad añadió que seguirá el acompañamiento al proceso electoral con un balance positivo en relación con el despliegue institucional en todo el territorio nacional por parte de los más de 2.500 servidores y todos los directivos de la entidad.
Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa señaló que la jornada se ha desarrollado de manera tranquila, y sin entregar mayores detalles dijo que se están evaluando algunas denuncias sobre delitos electorales.
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Barbosa confirmó que, "en Cartagena y Guaranda, Sucre, realizamos dos diligencias de registro y allanamiento. Se encontraron $60 millones, planillas que relacionan nombres de candidatos beneficiarios, documentos de identidad, talonarios diligenciados, una chequera y datos de jurados de votación”.
De acuerdo con el jefe del ente acusador, se han registrado 20 capturas, 4 de ellas en flagrancia, y dos relacionadas directamente con el proceso electoral.
Así mismo, explicó que "hay 32 reportes de posibles delitos electorales, la mayoría por corrupción al sufragante, voto fraudulento y constreñimiento".
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El Fiscal reiteró que estará atento desde el Puesto de Mando Unificado, PMU, a cualquier situación que se registre en horas de la tarde.
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