“Una mujer es violada más veces por la justicia que por la persona que la atacó primero”. Eso fue lo que me dijo una chica, de no más de 30 años, al salir de una sala de audiencias cuando un juez dejó en libertad a su agresor.
Ese día, como en tantos de los juicios que se llevan a cabo en Colombia, ella no solo debió contar una vez más cómo fue que su agresor la asedió en una calle, sino que el mismo juez le pidió que explicara en detalle –quizás porque durante meses no leyó el caso– o porque debía hacerse una imagen “más clara” en su cabeza- de cómo había sucedido su violación.
A pesar de la protesta de su abogada, de las lágrimas de la víctima, del dolor, de que había una sala llena de personas, incluido el victimario, y de que en miles de páginas del expediente ya reposaba la escena completa, de su boca debieron salir otra vez esas palabras e imágenes dolorosas que la persiguen.
No es una excepción de la regla. Ni siquiera es algo que solo pase en Colombia. He tenido la oportunidad de cubrir este tipo de juicios en otros países como Uruguay y Argentina y allí también la revictimización es evidente.
Salas de audiencias donde entran y salen mujeres maltratadas por su pareja, agredidas sexualmente, acosadas laboralmente, violentadas, acosadas, amenazadas y, además, obligadas –en contra de todo lo que dicen las leyes de protección de la mujer– a decir y probar una y otra vez que no, que la culpa no fue de ellas.
Colombia registró en 2016 más de 15.000 casos de violencia sexual contra la mujer, según el Instituto de Medicina Legal. El incremento se ve en varios rangos de edad, pero es “bastante significativo” en el de niñas de 10 a 14 años, al presentarse 574 casos más que en el 2015.
Los familiares son los principales presuntos responsables, seguidos de la pareja, expareja y de amigos, agrega el informe. El 97 por ciento de los casos queda en la impunidad.
La prueba más fehaciente de que algo en la justicia está fallando es que este tipo de acciones y ‘nuevas violencias’ pasa en todas las etapas de un caso, como el de violencia sexual.
Se tienen denuncias de que, por ejemplo, en las instancias preliminares, cuando apenas la víctima toma el valor de pedir ayuda o de hablar con las autoridades sobre un delito, no se siguen los protocolos de atención para víctimas de estos hechos.
Muchas veces a las víctimas les toman declaraciones varios funcionarios sin la capacitación adecuada, les practican exámenes sin permiso, no tienen acompañamiento psicológico, las dejan en la misma sala con su agresor o se pierden elementos de la investigación dentro de la cadena de custodia.
A esto se suman años de alegatos, pruebas perdidas, audiencias aplazadas, leguleyadas, falsos testigos, favorecimientos para los victimarios... procesos que duran años sin resolverse.
Hace poco, en la audiencia en la que la periodista Jineth Bedoya estuvo frente a uno de sus captores y abusadores, y en la que por trabajo estuve presente, pude constatar lo que estoy escribiendo. El juez le pidió una vez más, al igual que a la chica con la que empecé este relato, que contara a un público grande, a periodistas, a abogados, a su hermana presente en la diligencia, a su psicóloga y a gente desconocida, uno a uno los pormenores de lo que alias JJ le había hecho el 25 de mayo del 2000.
Han pasado 17 años desde el secuestro, tortura y violación, y miles de audiencias fracasadas para este proceso.
Por eso, para muchas víctimas, una sala de audiencias puede ser lo más parecido a un hospital. Una habitación fría, una hilera de sillas negras o azules, todas pegadas y todas incómodas, una o varias personas que sufren, una o varias personas que engañan, una más que escucha y da un diagnóstico, pero siempre, siempre la sombra de una ‘muerte’ lenta encima.
Los procesos judiciales deben ser un camino de reparación y sanación, no un lastre más en la vida de las víctimas.
El próximo jueves 25 de mayo es el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, y No Es Hora De Callar lo conmemorará en Tumaco, Nariño, con el apoyo de ONU Mujeres y EL TIEMPO.
A este día también se sumarán la embajada de EE. UU., Limpal Colombia y la Unidad de Víctimas.
CINDY A. MORALES
Subeditora ELTIEMPO.COM