El juicio que pondrá a prueba la continuidad de director de la Policía

El juicio que pondrá a prueba la continuidad de director de la Policía

El general Óscar Atehortúa fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría. 

Óscar Atehortúa, director de la Policía

El director de la Policía, general Óscar Atehortúa, es investigado por cuatro cargos disciplinarios.

Foto:

Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
14 de marzo 2020 , 10:30 p.m.

“He tomado la decisión, en el seno de mi hogar, junto al cuerpo de generales y de cara al país, de pedirle al señor Presidente que me aparte del cargo como director general de la Policía. Estaré en los próximos minutos presentando mi solicitud de retiro, sabiendo de mi absoluta inocencia frente a los cargos que se me imputan”.

De esa manera, el 17 de febrero de 2016, el entonces director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, rodeado del cuerpo de generales de la institución y de su familia, anunció su retiro del cargo, un día después de que la Procuraduría le abriera una investigación formal en medio del escándalo por la presunta existencia de una red de prostitución masculina en la Policía. 

Finalmente, el oficial fue absuelto de los cargos por los que era investigado en noviembre de 2018, más de dos años después de que la investigación del Ministerio Publicó presionara su salida.

Esta semana, de nuevo, un director de la Policía quedó en el radar de la Procuraduría General, que anunció el llamado a juicio disciplinario del general Óscar Atehortúa, quien asumió el cargo en diciembre de 2018.

Desde el anunció de la Procuraduría –que hizo graves señalamientos, como que el oficial se había extralimitado en sus funciones y habría incurrido en tráfico de influencias en su cargo de director–, el general Atehortúa se ha reunido con el ministro de Defensa y los oficiales bajo su mando y hasta ahora ha contado con el apoyo del Ejecutivo.

De hecho, el jefe de la cartera de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, es uno de los testigos que serán citados al juicio disciplinario por parte de la defensa del oficial.

Pero ¿se mantendrá en el cargo, una vez se tenga que sentar en el banquillo de los acusados por las supuestas irregularidades disciplinarias que habría cometido, y que se escuchen en audiencia pública los testimonios de sus subalternos, entre ellos a otro general de la Policía, que darían cuenta de las conductas en las que habría incurrido el oficial?

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar considera que se debe respetar la presunción de inocencia del general, y en ese sentido, puede afrontar el proceso disciplinario siendo director, “porque no altera la función que el general cumple”.

Para Bernal Cuéllar, sería ilógico que Atehortúa se separara del cargo, pues no cree que pueda incidir para modificar o alterar pruebas en el proceso.

Son cargos muy graves y algunos de ellos están relacionados con su actividad como director de la Policía. Por eso no se vería bien que se mantuviera en el cargo ejerciendo su defensa

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), coincide en ese planteamiento y considera que no es necesario que Atehortúa se retire de su cargo. Sin embargo, señala que este caso es indicativo de un problema mucho más profundo en la Policía, y es que no hay separación entre el mando y el control disciplinario y fiscal interno.

El senador Antonio Sanguino, quien hace parte de la comisión segunda de relaciones exteriores y defensa del Congreso, señaló que el general Atehortúa al menos debería pedir una licencia para no perjudicar a la institución.

Son cargos muy graves y algunos de ellos están relacionados con su actividad como director de la Policía. Por eso no se vería bien que se mantuviera en el cargo ejerciendo su defensa”, indicó Sanguino.

El expediente que lo enreda

El 11 de octubre de 2011, el entonces director del Fondo Rotatorio de la Policía, coronel Saúl Torres Mojica, y el representante legal de la Inversora Manare firmaron un contrato para realizar los estudios técnicos con miras a construir casas fiscales en el municipio de San Luis en el Tolima.

El proyecto habitacional, para alojar a los comandos jungla, Comandos de Operaciones Rurales (COR) y enfermeros que participan en las operaciones más importantes contra objetivos de alto valor, tendría un costo de casi once mil millones de pesos.

En el desarrollo del contrato se habrían registrado irregularidades e incumplimientos, y el alto oficial no habría cumplido con su obligación de proteger los intereses de la institución adelantando una revisión de las obras ejecutadas.

Tras una revisión se cuestionó que las viviendas tendrían fallas de calidad como “vidrios rotos, sanitarios dañados, enchapes con fisuras, cables de energía y tomacorrientes sin funcionamiento”.

A pesar de esto, la obra se recibió. Luego, en 2018, como inspector de la Policía, dice el expediente de la Procuraduría conocido por EL TIEMPO, el uniformado no se declaró impedido para conocer de las investigaciones disciplinarias que adelantaba la institución por esos hechos.

Y luego, ya como director de la Policía, habría obtenido información del proceso disciplinario. “Claramente no le era permitido obtener información detallada del proceso en el que eventualmente sería autoridad disciplinaria”, dice el expediente.

El reproche más fuerte del Ministerio Público a Atehortúa tiene que ver con el episodio en el que envió a vacaciones forzadas al general William Salamanca, hoy inspector de la Policía.

El expediente dice que en medio de la investigación, el general Salamanca envió a dos oficiales a recolectar evidencias del caso y que ellos encontraron documentos con la firma del general Atehortúa, por lo que sugirió que se pasara el caso a la Procuraduría, que es la que tiene competencia para investigar a generales.

Tan solo dos semanas después, el 19 de diciembre de 2019, el director de la Policía citó a Salamanca a su oficina y, según recoge la Procuraduría, le ordenó que sacara a los investigadores del caso y en adelante todo lo que requiriera de inteligencia policial lo tramitara a través del coronel Carlos Martínez, “quien denotó un especial interés de blindar al director frente a la investigación”.

El expediente habla de lo tensa que fue la reunión en la que incluso Salamanca, que será testigo en el juicio, dice que el general Atehortúa supuestamente le recriminó: “Haga lo que quiera, pero usted a mí me cumple la orden y se saca ese equipo de ahí (...) si no le gusta, haga lo que quiera”.

Los dos oficiales que tienen sus oficinas en el mismo piso de la dirección de la Policía en Bogotá estarán frente a frente en el juicio en la Procuraduría.

Los argumentos de la defensa del general

En videoconferencia, el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, les envió un mensaje de tranquilidad a sus 200.000 policías respecto al llamamiento a juicio por la Procuraduría.

En un corto mensaje señaló que la “transparencia es la línea rectora de la Institución”, y afirmó: “(Él era) el primer interesado en que se adelanten todas las diligencias para esclarecer la verdad. Defenderé mi transparencia y honor”.

En un comunicado de prensa, emitido la noche del martes, se afirmó que fue “el propio director general de la Policía Nacional el que solicitó mediante oficios radicados en diciembre de 2019 al Procurador General de la Nación y en enero de este año al Fiscal General de la Nación y al Contralor General de la República que, atendiendo las facultades de cada uno de estos entes, se adelantaran las respectivas investigaciones, en aras de dar absoluta y total claridad a las actuaciones efectuadas en el marco del proyecto de construcción de viviendas fiscales”.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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