El desafío de garantizar la seguridad ciudadana en el país

El desafío de garantizar la seguridad ciudadana en el país

Homicidio en Colombia bajó el año pasado pero mayoría de modalidades de hurto siguen en aumento.

Seguridad ciudadana

El reto de las autoridades apunta a mantener las tasas de reducción de los homicidios en el país.

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Javier Agudelo / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia y Nación
04 de enero 2020 , 06:55 p.m.

El 2018 rompió una tendencia de nueve años de reducción de los homicidios en Colombia, y el año pasado, según cifras de la Fiscalía, se habría retornado a la senda de la reducción de las muertes violentas en el país. Un informe del ente acusador señala que entre el 1.° de enero y el 25 de diciembre del 2018 fueron asesinadas 12.362 personas y en el mismo periodo de 2019 se registró una reducción de 377 víctimas, cerrando en 11.985 crímenes de ciudadanos.

Esa es solo una de las estadísticas que contiene un informe de la Fiscalía General sobre el delito en Colombia y que plantea reducciones importantes en casos de lesiones personales, tráfico de estupefacientes y amenazas, pero que advierte sobre el aumento en la mayoría de modalidades de hurto, que es uno de los delitos que más afecta la percepción de seguridad ciudadana y genera una sensación de inseguridad en las comunidades.

Según el informe, subieron los hurtos de autopartes (22 por ciento), a personas (21 por ciento), celulares (15 por ciento), bicicletas (10 por ciento), motocicletas y vehículos (6 por ciento). Y bajaron los hurtos a residencias (6 por ciento), a entidades financieras (8 por ciento), piratería (8 por ciento) y a establecimientos (10 por ciento).


Tras la firma del acuerdo de paz con las Farc y el desarme de la guerrilla más grande del país, expertos señalaban que se podría registrar una reducción en la violencia asociada al conflicto y una mayor preocupación por el crimen organizado en las ciudades. Y estudios como la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) señalan que durante 2018, el 15,6 por ciento de las personas de 15 años y más fueron víctimas de por lo menos un delito a nivel nacional.

El asunto es de la mayor importancia y concentra la atención no solo de la Policía, sino del Gobierno Nacional, que lanzó el 20 de diciembre en Medellín la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que establece “un revolcón en el antiguo Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional y se adopta un nuevo modelo que busca el control efectivo de los espacios”.

En concreto, el reto de las autoridades apunta a mantener las tasas de reducción de los homicidios en el país, teniendo un monitoreo especial a ciudades como Cali, que, aunque han disminuido sus cifras, siguen siendo muy altas. Y enfrentar las redes organizadas dedicadas a delitos como el hurto en todas sus modalidades tales como los rompevidrios, que generaron gran atención el año pasado en ciudades como Bogotá. Todo esto sin perder las garantías a los líderes sociales y de derechos humanos en el país.

Los nuevos mandatarios locales y departamentales han incluido el tema entre sus prioridades para los cuatro años de gobierno que acaban de iniciar. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló en su posesión de cinco metas fundamentales: una de ellas vivir sin miedo. López señaló: “Vamos a construir una ciudad que sea segura para todos, en donde haya prevención y sanción eficaz a las violencias basadas en género y la violencia intrafamiliar. Espacios públicos seguros y libres de riñas, alcoholismo y drogadicción. Tenemos que trabajar mancomunadamente para bajar el robo y la impunidad que hoy atormentan a nuestra ciudad”.

En ese mismo sentido se pronunció Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, quien habló de darles seguridad a los barranquilleros “a través de un trabajo interinstitucional con herramientas tecnológicas que hagan más efectiva esta labor, y con programas que motiven a la convivencia”.

Y en el primer consejo metropolitano de seguridad entre los recién posesionados Aníbal Gaviria Correa, gobernador del departamento de Antioquia, y Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, los mandatarios hablaron del reto “de atacar de manera articulada los problemas de orden público, como homicidios y extorsiones, que se han venido presentando en los últimos años en los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. Señalaron que la seguridad de la ciudadanía es un asunto prioritario de los mandatarios de esta subregión del departamento.

Homicidio a la baja

Aunque según las cifras el homicidio se ha reducido en Colombia, pasando de 12.362 casos en 2018 a 11.985 el año pasado, hay preocupación por la situación que se registra en ciudades como Cali. Aunque la capital vallecaucana cerró el 2019 con la tasa de homicidios más baja de los últimos 35 años, 45,1 por cada 100.000 habitantes, esta sigue siendo alta, y de ahí la decisión del nuevo alcalde de los caleños, Jorge Iván Ospina, de enfrentar las redes del crimen de la ciudad.

Ospina anunció una estrategia que incluye cuatro componentes: intersectorialidad, movilización ciudadana, uso de nuevas tecnologías e impronta y registro de la huella balística de las armas con salvoconducto. Con esto, según él, se podrán reducir los 1.114 homicidios que hubo el año pasado, 56 menos que en el 2018.

Además, el Alcalde afirmó que el Fiscal General de la Nación, el Comandante de las Fuerzas Militares y el Ministro de Defensa deben estar en Cali por lo menos una vez al mes, en consejos de seguridad integrales para enfrentar las bandas criminales y los diferentes tipos de violencia.

Cabe recordar que tres días antes de la posesión de Ospina, un sicario, a plena luz del día y en el sur de la ciudad, asesinó al fiscal especializado Alcibiades Libreros. El crimen conmocionó a Cali y se fijaron 100 millones de pesos de recompensa. En su discurso de posesión, Ospina afirmó: “Estoy cansado de tanto terror en la ciudad de Cali, estoy francamente fatigado y agotado de que tengamos tantas muertes violentas en nuestra ciudad, estoy francamente avergonzado de ser (Cali) una de las ciudades más violentas del mundo y ser la ciudad más violenta de Colombia”.

Preocupan casos de sicariato

Entre el 1.° de enero y el 25 de diciembre del año pasado se reportaron en el país 6.336 casos de sicariato, es decir, 18 más que en el mismo periodo del 2018, cuando se registraron 6.318.

Aunque la Fiscalía ha logrado esclarecer y judicializar a los presuntos responsables de 1.304 de esos hechos criminales, lo que representa una tasa de esclarecimiento del 20,58 por ciento. A las autoridades les preocupa el aumento de homicidios bajo esa modalidad el año pasado, sumado al alto número de casos de homicidios por encargo que se registran especialmente en las vías públicas del país.

El último día del 2019 en Bogotá se registró la muerte de un comerciante de San Victorino que fue atacado por dos hombres en moto que dispararon contra el vehículo de alta gama en el que él se desplazaba con una mujer. De acuerdo con una primera investigación, la pareja se encontró en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe. Luego se subió al vehículo y cuando este transitaba por la calle 22 con carrera 17, ocurrió el ataque.

Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista en seguridad, sostuvo que el trabajo de inteligencia de la Policía es fundamental para identificar las redes de sicarios que funcionan en las principales ciudades del país y ofrecen sus servicios al mejor postor.

Para el experto, hay un buen trabajo de las autoridades para reducir el homicidio asociado con esta modalidad. De hecho, la Dijín y la Fiscalía trabajan en un programa que identifica las huellas particulares de las balas utilizadas en delitos para establecer si las armas fueron usadas en otros crímenes.

Sube violencia en el hogar

El estudio de la Fiscalía General señala que la violencia intrafamilitar tuvo un incremento al pasar de 91.996 noticias criminales creadas en 2018 a 111.193 creadas el año pasado.

Una parte de esos procesos se han adelantado por el procedimiento abreviado que entró en vigencia a mediados de 2017 y que disminuía los trámites del proceso penal con lo que se aceleran los casos en los despachos judiciales llegando a una condena o absolución en menos tiempo. Por esa vía ya se presentaron escritos de acusación contra agresores en 7.320 casos, la mayoría de ellos registrados en Bogotá (13,86 por ciento), Atlántico (13,34 por ciento), Cesar (12,12 por ciento) y Bolívar (12,06 por ciento).

La violencia en el hogar, según cifras de Medicina Legal, viene subiendo desde 2016, cuando se reportaron 10.082 casos, pasando en 2017 a 10.385. Las víctimas reportadas el año pasado correspondían a la población adulta mayor de 2.261 casos (7,8 por ciento) y la población de niños, niñas y adolescentes con 10.794 casos (37,6 por ciento).

Desde julio de 1996, durante el gobierno del expresidente Ernesto Samper, se ha legislado para combatir la violencia en el hogar y a mediados del año pasado entró en vigencia la más reciente reforma en ese sentido. En esa norma se establecen sanciones de entre 4 y 8 años a quienes maltratan no solo a los integrantes de su núcleo familiar sino que agredan incluso a las personas “con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad”.

Modalidades de hurto siguen en aumento

Uno de los delitos más denunciados el año pasado fue el hurto, con 452.891 noticias criminales, cuando en 2018 iban 415.476 hasta el 25 de diciembre, lo que representa un incremento del 9,01 por ciento.

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana, empezó en Bogotá, Medellín y Cali la implementación de un nuevo modelo para enfrentar ese tipo de modalidades de alto impacto. Se busca trabajar sobre mapas en tiempo real de las zonas más calientes o llamadas zonas de miedo, en las que se logró georreferenciar la presencia de redes criminales, tener mayor presencia de uniformados, de cámaras de seguridad y hombres de inteligencia que permitan atacar las redes criminales. Jorge
Restrepo, profesor de la Universidad de los Andes y director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), afirmó que se debe reconocer que las medidas contra el hurto de celulares han fracasado y que se debe enfrentar con mayor énfasis el hurto con violencia.

Esto, porque cada vez es más común que se registren robos en los que participan redes completas de delincuentes armados y que golpean o incluso llegan a atentar contra sus víctimas.

Como parte de su política de seguridad, el Gobierno Nacional creó el Consejo de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que estará en cabeza del Presidente de la República y con presencia de autoridades y de la Federación de Municipios, la Federación de Gobernadores y Asocapitales, con el fin de adoptar políticas regionales contra este tipo de delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Se incrementan delitos sexuales

Los abusos, especialmente de menores de edad, han prendido las alertas de las autoridades hace meses y han generado rechazo a nivel nacional, hasta el punto de que estos delitos en los que las víctimas sean menores hacen parte de los que serían castigados con cadena perpetua, según un proyecto promovido por el Gobierno Nacional en el Congreso.

El informe de la Fiscalía señala que esos delitos tuvieron un incremento del 0,15 por ciento al pasar de 36.294 el año 2018 a 36.350 noticias criminales abiertas el año pasado. Entre las regiones que reportan aumentos en estos tipos de casos se encuentran Vichada, que pasó de 29 noticias criminales en 2018 a 56 el año pasado; San Andrés, que pasó de 59 a 97 casos; Guainía, de 93 a 110; Cali, de 2.057 a 2.360; y Medellín, de 2.862 a 3.225.

El tema es de tal gravedad y ha generado tanta preocupación en el mundo que incluso desencadenó un movimiento global reconocido como ‘Un violador en tu camino’, que buscaba visibilizar el delito y llamar la atención sobre la necesidad de tomar medidas frente a ese tipo de conductas. Este será uno de los temas que deberán tener en su agenda las administraciones locales y regionales.

Un violador en tu camino

Tras una convocatoria por redes sociales, cientos de mujeres asistieron al llamado para la realización del video "Un violador en tu camino".

Foto:

Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Secuestro mantiene tendencia a la baja

El informe de la Fiscalía señala que el secuestro extorsivo mantiene su tendencia a la baja. El año pasado hubo 286 noticias criminales mientras que el 2018 fueron 347, lo que representa una reducción del -17,58 por ciento.

Los departamentos con un mejor comportamiento frente a este delito, que se viene reduciendo desde hace más de cinco años y tuvo una baja especial tras la firma de los acuerdos de paz con las Farc, fueron Cesar, que pasó de 6 casos en 2018 a 1 el año pasado; Risaralda, que pasó de 8 a 2 casos; Boyacá, de 2 a un caso; y Arauca, de 13 a 9 casos.

Marco Forero, profesor y analista en seguridad, señaló que se ha venido avanzando positivamente en el combate de ese delito, pero que el Estado no se puede descuidar y se deben seguir fortaleciendo los grupos Gaula de la Policía y el Ejército, que cuentan con amplia experiencia en el combate de ese tipo de delitos.

Esto por el riesgo que representa el fortalecimiento del Eln en algunas regiones y que los llevaría a acudir a los secuestros como forma de financiación, sumado a la necesidad de recursos de las disidencias que intentan mantener el control de algunas zonas del país.

Seguridad a excombatientes y líderes

La Fiscalía, que tiene una unidad especial para investigar los ataques a líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados de la guerrilla, tiene un capítulo especial frente a los ataques contra los excombatientes que se sometieron al proceso de paz de La Habana.

El departamento de Cauca es donde más homicidios de excombatientes se han registrado. De los 196 casos que han sido documentados por los peritos del ente acusador, 41 se registraron en ese departamento, 31 en Nariño, 19 en Caquetá, 18 en Norte de Santander y 13 en Putumayo.

La Fiscalía ha logrado esclarecer 90 casos en los que han sido vinculadas a los procesos 188 personas, de las cuales 67 están privadas de la libertad. Además, hay 23 sentencias que ya están siendo ejecutadas.Otros 15 casos están en etapa de juicio, mientras que 18 más están en investigación y en 31 hay indagación con orden de captura.

Muchos de los excombatientes, que ya han salido de las zonas, en las que se concentraron inicialmente como parte del proceso de paz, se han ubicado en otras regiones del país en donde las autoridades han establecido mecanismos de seguridad para monitorear su situación.

REDACCIÓN JUSTICIA Y REDACCIÓN NACIÓN
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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