La nueva investigación que abrió la Procuraduía a Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle, por la existencia de una presunta nómina paralela que estaría manteniendo desde la Gobernación no es el único lío jurídico que ha enredado a la líder política.
Además de la nueva investigación que le abrió el órgano de control por presuntos contratos para beneficiar a personas cercanas al movimiento político de la mandataria; así como contratos que superarían el monto permitido, la Gobernadora tiene otras 14 investigaciones disciplinarias y ha estado vinculada a otros líos penales.
En el sistema de consultas de la Procuraduría General de la Nación aparecen 14 procesos disciplinarios contra Toro, que datan desde el 2014, cuando fue senadora de la República.
Toro registra varios procesos por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar del Valle y paquetes nutricionales para madres gestantes.
La hoy Gobernadora tiene además investigaciones disciplinarias por seguir contratando con entidades los desayunos a instituciones educativas a pesar de que comida de esas empresas habría causado una intoxicación de los estudiantes (última actuación 11 de abril del 2019), presuntamente haber violado los derechos laborales de trabajadores tras reestructuraciones administrativas como la del Hospital Universitario del Valle (última actuación en enero del 2019), su gestión en la Gobernación y la ejecución presupuestal, demoras en pago de recursos extrapresupuestarios (parafiscales) al Icbf, entre otros procesos.
Absuelta por 'parapolítica'
Además de las al menos 15 investigaciones disciplinarias que Toro tiene en la Procuraduría, dentro de la justicia penal también ha debido responder por varios casos.
El año pasado la Corte Suprema de Justicia le archivó una investigación que surtía contra ella, como exsenadora, por presunto fraude procesal y parapolítica.
Toro era investigada por presuntamente haberse beneficiado de la presión de grupos paramilitares para las elecciones del 2006 en el departamento del Valle del Cauca. Debido a esto se ordenó la recolección de elementos materiales probatorios en el año 2010, sin embargo, los elementos allegados no permitieron inferir que la expresidenta del Senado hubiera incurrido en la promoción o auspicio de estos grupos al margen de la ley.
Por este mismo caso también fue investigada por la Procuraduría, que archivó el proceso en 2017.
