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Van 12 demandas contra la cadena perpetua para violadores de menores
Cadena perpetua

El Congreso aprobó modificar el artículo 34 de la Constitución, que prohíbe la prisión de por vida, y estableció que esa pena aplica en crímenes contra menores.

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Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO

Van 12 demandas contra la cadena perpetua para violadores de menores

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El pasado 9 de julio, 13 días antes de que el presidente Iván Duque sancionara la ley que castiga con cadena perpetua a los asesinos y violadores de menores de edad, la Corte Constitucional recibió su primera demanda contra esta norma que modificó la Constitución, específicamente el artículo que prohibía este tipo de penas en el país.

Desde entonces, y en solo tres meses, ya son 12 demandas las que la Corte Constitucional ha recibido contra esta ley, el acto legislativo 01 del 2020, que siempre estuvo rodeada de polémica durante su trámite en el Congreso.

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EL TIEMPO conoció el listado de demandas sobre las que, en principio, la Corte tendría que hacer un análisis de forma (si se cumplieron todos los pasos y requisitos en el Congreso para ser aprobada la ley), pero donde podría también hacer un estudio de fondo si encuentra que sus postulados sustituyen la Constitución.

De las 12 demandas, hasta ahora han sido rechazadas la mitad. Entre las que siguen vivas, algunas apenas tienen asignado un magistrado y en otras ya se pidieron conceptos y pruebas de diferentes instituciones.

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Entre las invalidadas está la del 9 de julio, la primera en llegar a la Corte, que fue radicada por Armando Peña Portocarrero, un hombre que se encuentra detenido desde el 2002 en La Dorada, Caldas, por el delito de homicidio agravado y que afirma ser inocente. En la cárcel, dijo Peña, ha visto los padecimientos físicos y emocionales que sufren los condenados por delitos sexuales.

Por ejemplo, según denunció, en la cárcel de Palmira estas personas son golpeadas y abusadas sexualmente, incluso supuestamente con el consentimiento de los guardias.

Por eso el preso asegura que estar detenido de por vida resulta una pena “cruel, inhumana y degradante” y afirma que esta ley se aprobó para que unos buscaran venganza y otros quedaran bien, pero “ninguno lo hace para proteger a los menores”.

Su demanda fue inadmitida porque la Corte no encontró que el detenido acreditara con su cédula su condición de ciudadano colombiano, y porque sus argumentos no cumplieron los requisitos.

La segunda demanda que llegó fue la del presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, presentada junto a senadores como Iván Cepeda, Roy Barreras y Ángela María Robledo, entre otros.

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A ese expediente se le acumularon otros siete con demandas radicadas por el abogado constitucionalista y exprocurador delegado para la Vigilancia Administrativa, Germán Calderón España; otra del profesor en derecho penal Omar Huertas Díaz; otra del jurista asesor del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, Norberto Hernández Jiménez, entre otros.

La demanda de Gallón y los senadores sostiene, por ejemplo, que hay un problema de forma por el cual debería caerse la ley de cadena perpetua, y es que según ellos tuvo un error de consecutividad al eludirse el séptimo y octavo debate por no “dar garantías para la oposición” y no activarse la Comisión de Ética para resolver unas recusaciones.

Pero de fondo, la demanda cuestiona que esta ley sustituyó el principio de dignidad humana, anula la finalidad resocializadora de la pena y deriva en un trato cruel e inhumano para el condenado.

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También afirma que la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes no solo se refiere a los actos que causan dolor físico, sino también a los que causan daño moral, como lo serían “los castigos excesivos impuestos”.

No debe ser una venganza encubierta

Según la demanda, a los efectos psicológicos y sociales negativos que tiene quitarle a alguien su libertad por tiempos extensos, se suma como agravante “la aniquilación de la esperanza de liberación y las duras condiciones de reclusión”, pues deben tenerse en cuenta las graves violaciones a los derechos humanos que persisten en las cárceles del país, algo reconocido por la Corte Constitucional.

La demanda de Calderón España sostiene, por su parte, que la ley viola varios tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Pero además, coincide con la demanda de Gallón que va en contra de la dignidad humana, que se ve afectada cuando la pena deja de tener una función resocializadora.
Calderón España afirma que si al delincuente se lo excluye del pacto social, “el objeto del derecho penal en un Estado queda desdibujado, pues éste tiene otras funciones”, como la reinserción.

También afirma que pretender condenar para toda la vida a un delincuente va en contra de la idea de las democracias modernas, que nacen con el fin de abandonar la ley del talión, pues para que la justicia penal sea digna, “no debe ser una venganza encubierta”.

También señala que no hay estudios que hablen de la eficacia de estas sanciones frente a la violencia sexual. Y afirma que tampoco se puede partir del hecho de que el delincuente es irrecuperable, pues a la hora de imponer la sanción no se puede determinar quién va a reincidir y quién no.

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Lo mismo plantea la demanda de Omar Huertas, quien dice que las penas deben responder a criterios de razonabilidad, afirmando que la dignidad humana impide imponer este tipo de sanciones.

Estas tres demandas habían sido acumuladas con otras en un solo expediente, pero la Corte las rechazó porque no acreditaron a tiempo la condición de demandantes de sus ciudadanos, o no corrigieron la carga argumentativa que el alto tribunal había exigido. Sin embargo, los demandantes presentaron recursos de súplica que aún no se han resuelto.

La aniquilación de la esperanza de liberación y las duras condiciones de reclusión

No ayuda a proteger a los niños

En el alto tribunal también hay una demanda contra la cadena perpetua presentada por Carolina Piñeros Ospina, directora de Red Papaz, organización que promueve la protección de los derechos de la infancia y adolescencia.

Red Papaz asegura que esta ley, al impedir la resocialización, sustituye la Constitución porque va en contra de la dignidad humana, “que es quizás el principal elemento de la Carta Política de 1991”.

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Pero uno de los mayores argumentos de Red PaPaz es que la cadena perpetua en lugar de avanzar en la protección de la niñez y la adolescencia, “supone un auténtico retroceso en este objetivo”, porque va en contra de las recomendaciones internacionales e, incluso, puede “conducir a un mayor grado de impunidad”.

La organización afirma que, aunque la norma asegura que la cadena perpetua trae un supuesto efecto disuasorio, para Red PaPaz la ley lleva a todo lo contrario, pues “el incremento de las penas puede estar más fuertemente asociado a la impunidad”.

Y es que según la Alianza por la Niñez Colombiana, el 86 % de los casos de abuso sexual contra niños son perpetrados por personas con algún grado de relación con la víctima, como lo son parientes o a amigos. En ese sentido, esta situación lleva a que exista una impunidad en más del 80 por ciento de los casos ya que hay “pocos incentivos para denunciar, dada la cercanía y dependencia con los victimarios", dependencia que puede ser emocional o económica.

Por eso, sostiene Red PaPaz, el aumento de las penas tiene como consecuencia “desincentivar las denuncias” de estos delitos. Así, en lugar de prevenir que estos hechos sucedan, afirma su demanda, la cadena perpetua tiene el “efecto directo de elevar las barreras” para que haya investigación y justicia.

De otro lado, critica que los recursos y esfuerzos que se deberían dirigir para proteger a los niños se desvíen con esta ley hacia el castigo de perpetradores de estos delitos.

Citando a la Comisión Asesora de Política Criminal, afirma que con los 643 millones que costaría mantener a un preso en cadena perpetua se podrían financiar casi cuatro carreras universitarias completas (si cada carrera costara 170 millones en promedio).

A esto se suma que el presupuesto para el funcionamiento de las prisiones en el 2020 fue de 1.2 billones de pesos, mientras que el destinado para la protección de menores fue de 770.383 millones de pesos.

En conclusión, dice la demanda de Red PaPaz, la prisión perpetua es un abordaje al problema que carece de evidencia, “distrae la atención de las autoridades de los problemas estructurales que permiten esta violencia, y pone al victimario en el centro de atención del Estado, sin que se busque la protección integral de los derechos de las víctimas".

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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