Un dineral le valdría al Estado pagar demandas de sus mismas entidades

Un dineral le valdría al Estado pagar demandas de sus mismas entidades

Litigios superan los 1.500 procesos. Resolverlos podría costar hasta 45.000 millones de pesos.

ISA

Interconexión eléctrica (ISA) 

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Archivo EL TIEMPO / Cortesía

Por: Justicia
12 de mayo 2019 , 12:38 p.m.

El Estado colombiano tiene hoy en su contra más de 400.000 demandas presentadas por personas naturales y empresas, lo insólito es que en ese copioso número de litigios hay más de 1.568 que fueron interpuestas por entidades del mismo Estado.

Solo las demandas contra la Nación radicadas por entidades estatales podrían costarle al país 4,1 billones de pesos.

La demanda de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) contra la Superintendencia de Servicios Públicos por una sanción impuesta por un apagón, o un caso en el que el extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS) demanda a la Administradora de los Recursos de la Salud (Adres) por el pago del recobro de unos medicamentos son solo dos de los litigios en los que el demandante y el demandado son, en últimas, el mismo: el Estado, y cuyos procesos no solo congestionan la Rama Judicial, sino que generan altas inversiones en abogados y juzgados.

Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), explicó que si bien en estos casos la plata nunca sale del Estado, pues pasa de una entidad pública otra, sí genera costos en abogados y procesos legales.

Cada caso puede llegar a costar entre 9 millones y medio y casi 30 millones de pesos, solo de gastos en la Rama Judicial y sin contar los honorarios de abogados externos.

Multiplicar eso por 1.500 procesos serían 45.000 millones de pesos, sin contar abogados

“Multiplicar eso por 1.500 procesos serían 45.000 millones de pesos, sin contar abogados”, indicó Gómez, quien agregó que revisando procesos han encontrado honorarios a abogados externos por más de 250 millones de pesos.

Incluso hay un caso cuyas pretensiones son de 140.000 millones de pesos en el que el defensor externo pide 20 por ciento de cuota de éxito. Al mismo tiempo hay otros casos en los que los abogados han pedido 100.000 pesos de pago, lo cual, según Gómez, genera dudas sobre la calidad que pueda tener esa defensa.
Para regular la labor de los abogados se trabaja en una directriz que va a estandarizar sus actividades.

Pero no solo los altos costos que se pueden generar en un proceso preocupan a la defensa del Estado, también el hecho de que las demandas entre entidades públicas crecen exponencialmente.

Así, según datos de la Andje, desde 2009 comenzó a presentarse un alza en los procesos admitidos cada año, pasando de 18, ese año, a 127 en 2014, y 456 el año pasado.

Además de esto, hay 55 procesos que tienen más de 10 años sin resolverse e incluso algunos que han estado en el sistema judicial desde 1995, es decir, 24 años sin ningún fallo que resuelva el problema.

La demora en los procesos también juega en contra de los intereses del Estado, aunque este tipo de demandas se pueden resolver en conciliación, regularmente terminan ante la justicia en donde pueden tardar varios años en solucionarse. El promedio es de 8 años, pero algunas llegan a más de dos décadas.

Mientras tanto, los conflictos entre entidades públicas van sumando a los más de 300 billones de pesos que, en total, hay en pretensiones en las más de 400.000 demandas actuales contra la Nación.

Buscan salida negociada

Con el propósito de ahorrarle dinero y tiempo a la Nación, comenzó una estrategia para sentar a las entidades e intentar que lleguen a acuerdos para resolver sus conflictos por fuera de los tribunales.

Con la ‘negociatón’, promovida por la Andje, se espera que antes de finalizar junio de este año haya principios de acuerdos o acuerdos para los procesos más cuantiosos.
Por ahora, la estrategia, que es acompañada por la Procuraduría y la Contraloría, apunta a destrabar 210 demandas, el 15 por ciento del total, que representan $ 3,25 billones en pretensiones, esto es el 97 por ciento del dinero demandado por entidades públicas.

Para esto se están utilizando tres mecanismos: la conciliación, en la que las partes buscan salidas negociadas a su conflicto, que luego son validadas por un juez y quedan en firme; la mediación, en la que la Agencia de Defensa obra como mediador entre entidades, y por último, con ayuda de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que tiene entre sus funciones precaver litigios entre entidades estatales.

En la primera reunión de conciliación realizada este miércoles, en la que participaron 8 organismos, ya se lograron principios de acuerdos por 54.000 millones de pesos, y se espera que estos y los demás procesos continúen avanzando.

JUSTICIA
En Twitter: @PazyJusticiaET

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