El pasado miércoles 11 de enero, cuando la Fiscalía reconstruyó cómo Rafael Uribe Noguera secuestró en el barrio Bosque Calderón de Bogotá a Yuliana Samboni, y luego violó y asesinó a la pequeña de siete años en el edificio Equus 66, en Chapinero, el confeso criminal escuchó la mayor parte de los señalamientos en silencio, y apenas inclinó la cabeza cuando una fiscal le recordó que podría ser condenado a 60 años de prisión.
Uribe Noguera pidió perdón, dijo “no era yo al momento de hacer lo que hice”, su abogado presentó un documento en el que reconoció su responsabilidad en los hechos, y el juez dijo que este miércoles 29 de marzo se conocería el monto de la condena en su contra.
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Podrían ser 60 años, como lo dijo la Fiscalía. Para algunos es una condena insuficiente para enviar un mensaje contundente a potenciales abusadores de niños. Para otros, el monto de las penas para este tipo de delitos en el país es el adecuado y se necesitan otras medidas, y otras reflexiones, que promuevan cambios culturales para frenar este tipo de agresiones contra los niños, contra las mujeres.
Johanna Jiménez, quien actualmente lidera un movimiento que recoge firmas para convocar un referendo que abra la puerta a imponer la cadena perpetua para abusadores de niños, le dijo a EL TIEMPO que son “muy pocos” los sesenta años que podría recibir Uribe Noguera.
“Lo que le hizo a Yuliana Samboní no merece menos que la prisión perpetua”, aseguró la hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez.
“Desafortunadamente no se le puede imponer”, añadió Jiménez, quien también convocó a un plantón frente a los juzgados de Paloquemao en Bogotá este miércoles, en el que reclamará para que Uribe Noguera reciba la máxima pena posible contemplada por la normativa vigente.
Jiménez señala que en no todos los casos de abusos de niños el autor está expuesto a una pena como la que podría enfrentar el asesino de Yuliana, “tiene que haber un concurso de delitos cometidos para que llegue a ese tamaño”, y por eso “tenemos que asegurarnos de que los abusadores se mantengan siempre en prisión por el solo hecho de haber cometido un abuso sexual contra un menor”.
“No solamente se trata de Yuliana, hay casos de violencia sexual contra los niños que día tras día ocurren en este país y como ciudadanos no nos enteramos. Es hora de tomar medidas más fuertes contra estos hampones”, concluyó.
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De otro lado, Juan Carlos Lancheros, director de la Fundación Derecho Justo, opina que el debate sobre una pena mayor “desvía la atención del principal problema que tenemos. Es verdad que puede satisfacer el deseo de venganza de gran parte de la sociedad, pero no va a devolverle la vida a Yuliana. Si realmente queremos que estas cosas no vuelvan a ocurrir, debemos mirarnos a nosotros mismos como personas y cambiar nuestra forma de ver las cosas para que nuestra realidad se transforme”.
Para Lancheros, casos como el de Yuliana, sobre todo, reflejan “nuestra indolencia por el sufrimiento ajeno”, y lo que pasó con Uribe Noguera es la es “la consecuencia de una parte de nuestra sociedad que está fracturada, que no se reconoce a sí misma, que ha perdido el norte, que apuesta por el egoísmo y por la idea de que los demás están para servir nuestros propósitos a cualquier precio”.
Lancheros cree que el aumento de penas tiene algunos efectos disuasorios de las conductas delictivas futuras, pero no necesariamente las previene en su totalidad. Ya el Código penal, asegura, contempla penas muy drásticas en casos de feminicidio o secuestro, “pero ello no ha evitado que este tipo de conductas se repita”.
“Yuliana era mujer, niña, indígena, desplazada y, además, vivía en condiciones de pobreza, y mientras no tengamos consideración por estas condiciones, inevitablemente esta historia se repetirá. Ella -remató el director de Derecho Justo- estaba en condiciones de vulnerabilidad y justo por eso merecía la mayor protección”.
ELTIEMPO.COM*
Con información de Justicia.
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