Luego de que el presidente Iván Duque abrió nuevamente el debate sobre la posibilidad de que en Colombia exista la cadena perpetua para los abusadores y asesinos de menores, expertos hablaron sobre la viabilidad de la iniciativa.
Según los analistas consultados por este diario, imponer esta medida sancionatoria en el país no sería fácil.
La idea podría tener un amplio respaldo popular, pero no tanto entre quienes se consideran guardianes de la Constitución, la cual expresamente impide penas perpetuas y se tendría que reformar para darle cabida a esta.
Incluso, expertos plantean que una cadena perpetua violaría algunos de los convenios internacionales de los cuales el país es firmante. También señalan que se tendrían que construir nuevas cárceles para albergar a los internos que durarían toda su vida en esos sitios.
De otro lado, dicen, esta medida no garantizaría la reducción en las cifras de violencia sexual en menores de edad.
De acuerdo con cifras de Medicina Legal, entre enero y agosto de este año se han reportado 15.408 casos, 2.000 más que en el mismo periodo de del año pasado. Las más afectadas siguen siendo las niñas, que solo en este año son 13.207. Entre enero y agosto de 2016 se reportaron 10.878 casos, es decir cinco mil menos de los que van este año.
Según el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, aunque puede ser oportuno reabrir el debate sobre la cadena perpetua, se debe tener en cuenta que el problema no requiere solo reformas constitucionales o leyes.
"Los temas de impunidad no se resuelven con cadena perpetua, esto tiene que ver con la inoperancia de la justicia", dice Esguerra. Y es que, de acuerdo con organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y los niños, la impunidad en este delito supera el 90 por ciento.
Varios de los expertos consultados por EL TIEMPO dicen que, más que imponer penas perpetuas, se debería buscar que la justicia sea mucho más efectiva en investigar y sancionar estas conductas.
Los temas de impunidad no se resuelven con cadena perpetua, esto tiene que ver con la inoperancia de la justicia
Con las penas vigentes, en la actualidad un abusador de menores podría tener una condena de hasta 60 años de prisión, lo que en la práctica es casi una condena de por vida.
Según el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Aníbal Gómez la medida "atentaría contra lo que son los fines de la pena", que buscan la resocialización del individuo y no el castigo.
Para él "hay una tendencia a criminalizar todo y convertirlo en delito, que haya una superpoblación, que las cárceles sean insuficientes. Otra tendencia es a elevar las penas porque se cree que van a disuadir a todos. Las penas altas no asustan a los criminales".
Según Gómez, la resocialización es posible "para cualquier clase de delincuentes", pero el problema está es en los centros penitenciarios que "no están adecuados para esa resocialización y lo que se consigue es que los criminales se perfeccionen en las cárceles".
Otra medida de la que hablan los expertos es la de transformar los problemas de descomposición social que se viven dentro de los hogares con políticas públicas que permitan intervenir las familias disfuncionales, y las violencias que existen en estos espacios. Las cifras de Medicina Legal reportan que los familiares son los responsables del 46 por ciento de abusos contra los niños.
Pero no todos los expertos consideran que la cadena perpetua no es efectiva. De acuerdo con la psicóloga Rosario Parra, especialista en temas de abusos de menores, la resocialización para los violadores no es posible, pues en estas personas existe un "trastorno de personalidad que no tienen cura, que es sociopática". Para ella una pena para toda la vida impediría que, por lo menos, algunos de estos criminales tengan la posibilidad de acceder a nuevas víctimas.
Yohana Jiménez, quien ha liderado en otras oportunidades la iniciativa, aseguró que no es cierto que las penas sean altas pues los delincuentes, mediante beneficios, logran reducir la condena. Además, según ella, a la mayoría de los violadores de niños les imponen sanciones de entre siete y doce años de prisión.
“Lo único que le hacía falta a la iniciativa es la voluntad política y hoy la tiene de lejos”, aseguró Jiménez.
En esta oportunidad, el debate lo ha reabierto el asesinato en Fundación, Magdalena, de una niña de 9 años, a la cual el criminal incineró. En el 2016, la idea de la cadena perpetua resurgió tras la violación y el asesinato de la menor Yuliana Samboní en Bogotá. Su agresor, Rafael Uribe Noguera, de 40 años paga hoy un pena de 58 años de prisión.
"Rafael Uribe Noguera no va a pagar los 58 años, él debe estar portándose muy bien porque todos los violadores y asesinos de niños se vuelven unas almas de Dios en las cárceles (...) no va a pagar más de 35 años de prisión", afirmó Jiménez.
En esa ocasión el gobierno del presidente Santos no dejó que el planteamiento tomara vuelo, pero, ahora, el presidente Iván Duque ha mostrado su respaldo a la iniciativa, la cual hizo parte de sus propuestas de campaña. Habrá que ver si en esta circunstancia logra suficiente impulso político para hacer lo que sea necesario con el fin de hacerla realidad, incluido un referendo.
Angie Michell Quiñones
JUSTICIA Y PAZ