Corte tumba norma que servía para enviar a prisión a reincidentes

Corte tumba norma que servía para enviar a prisión a reincidentes

El alto tribunal dice que no se puede detener y juzgar a una persona solo por su pasado.

Rompevidrios

En el país hay más de 20 mil reincidentes privados de la libertad.

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iStock

Por: Justicia
27 de enero 2020 , 04:03 p. m.

La Corte Constitucional tumbó parte de una norma que había sido promovida por la Fiscalía como fórmula para combatir la reincidencia de los delincuentes, y conseguir que las personas vinculadas a delitos y que tuvieran antecedentes fueran enviadas a la cárcel de forma preventiva, mientras avanzaban los procesos penales en su contra.

Con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, la Corte debatió una demanda contra varios artículos del Código de Procedimiento Penal, entre ellos uno relacionado con las causales para que los jueces preventivamente puedan privar de su libertad a las personas procesadas por delitos.

Ante los altos índices de reincidencia en el país, las autoridades buscaron alternativas para reducir esa tasa. Y es que según las cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en las cárceles del país hay actualmente 23.570 reincidentes, de los cuales 1.752 son mujeres y 21.818, hombres.

El mayor número de casos se da por delitos como hurto, con 12.655 casos; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, con 8.012; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con 7.645; homicidio, con 5.941; concierto para delinquir, con 4.895; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, con 1.543, y extorsión, que registra 1.391 casos.

Ante ese panorama, en 2017 se logró la aprobación en el Congreso de un artículo que señalaba que si una persona era detenida o llevada a imputación de cargos y tres años antes de esto ya había sido capturada por cualquier delito, se podía entender que “la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad”.

Con ese argumento, los fiscales del país empezaron a pedir a los jueces que quienes incurrieran en esa caracterización fueran enviados a la cárcel.

La Sala Plena de la Corte Constitucional examinó una demanda que afirmaba que esa norma “implementa un modelo penal que se basa en el pasado del sujeto y no reconoce que las personas pueden progresar, mejorar y crecer, lo cual es contrario al derecho penal de acto”. A lo que el alto tribunal prestó atención.

Tras discutirlo, la Corte Constitucional consideró que la detención preventiva debe valorarse en concreto y en relación con las características específicas del proceso, “mas no con circunstancias ocurridas y valoradas a la luz de los fines específicos de otro proceso”.

En otras palabras, la libertad de un procesado no debía depender de circunstancias examinadas en otros procesos penales, sino que se debe ceñir a el caso por el cual se pide la medida de aseguramiento.

Y agregó el alto tribunal: “De lo contrario, se estarían empleando decisiones precarias y provisionales sobre la probable responsabilidad penal de una persona como criterio indicador de peligrosidad, lo cual desconoce el derecho de toda persona a ser juzgada conforme al acto que se le imputa”, según se lee en comunicado que expidió la Corte cuando tomó la decisión, puesto que aún no se conoce el fallo completo.

La Corte señala que considerar que un capturado es un peligro para la sociedad por sus antecedentes implicaría la posibilidad de “detener y juzgar a una persona solo en virtud de su pasado o por la forma de ser o conducir su vida, y no en virtud de sus actos”, lo que es contrario a la Constitución.

El alto tribunal afirma, entonces, en su decisión, que la captura “es solo un criterio más a tener en cuenta para imponer la medida de detención preventiva, el cual debe armonizarse con todos los demás requisitos establecidos en la ley procesal penal”.

Así las cosas, los jueces deberán analizar otros aspectos como la gravedad de la conducta y, en específico, si la persona constituye un riesgo para la integridad del proceso o cuando se prevea que evadirá la acción de la justicia.

El magistrado Alejandro Linares anunció la presentación de una aclaración del voto sobre el fallo, apoyado por la mayoría de sus compañeros.

Frente a esto, fuentes de la Fiscalía señalaron que esa norma era fundamental en la lucha contra la reincidencia y “fue promovida con el propósito de sacar de las calles a las personas que podían incurrir en delitos afectando la seguridad ciudadana”.

Añadieron que la decisión de la Corte podría traducirse en que jueces nieguen medidas de aseguramiento a personas que volverán a delinquir.

Se estarían empleando decisiones precarias y provisionales sobre la probable responsabilidad penal de una persona

Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá y exdirector de políticas públicas de la Fiscalía, sostuvo que todas las personas tienen un riesgo de reincidencia diferente y que es más probable que una persona que ha sido detenida varias veces cometiendo delitos pueda volver a incurrir en esas conductas, que una que no tiene detenciones previas.

Mejía, que fue uno de los artífices de la herramienta denominada Perfil de Riesgo de Reincidencia para la Solicitud de Medidas de Aseguramiento (Prisma), que agrupa datos de la Fiscalía, la Policía y el Inpec para establecer el nivel de reincidencia de las personas detenidas, sostuvo que es tan injusto enviar a prisión a alguien que tiene bajo riesgo de reincidencia como dejar libre a quien tiene una alta probabilidad de volver a delinquir.

Por su parte, el penalista y director del programa de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, José Fernando Mestre, consideró que la decisión de la Corte Constitucional fue adecuada al señalar que la sola captura de alguien no puede ser tenida en cuenta como un antecedente judicial, pues legalmente el antecedente solo lo constituye una sentencia ejecutoriada.

Añadió que el Estado colombiano es garantista y no arbitrario, por lo que se debe respetar la presunción de inocencia de las personas en cada caso.

Capturados con hasta 11 anotaciones por delitos

El jueves pasado fue capturado por la Policía, en Pereira, Risaralda, un ciudadano después de que, presuntamente, le robara en la modalidad de cosquilleo un bolso tipo canguro a una mujer que caminaba en compañía de su hijo de dos años y su madre.
Fue la comunidad la que atrapó al hombre y recuperó el bolso robado, que tenía un celular y dinero en efectivo, y después lo entregó a las autoridades.

Durante la imputación de cargos en su contra por hurto agravado, la Fiscalía reveló que el hombre ya había sido capturado en los últimos tres años por el mismo delito; de hecho, tenía una condena vigente del 4 de septiembre de 2019. E incluso, el 18 de diciembre del 2019, la Fiscalía ya lo había llevado ante un juez para judicializarlo por otro hurto.

Con esos argumentos le solicitó al juez de control de garantías que lo enviara a prisión, mientras seguía el caso en su contra, solicitud que el togado concedió.
Este es uno de los casos más recientes que se han presentado en el país de personas que son capturadas y que, al revisar su historial, ya tenían procesos por otros delitos en el pasado.

Una historia similar ocurrió a mediados de este mes en Ibagué, Tolima, cuando fue enviado a prisión un hombre de 22 años que fue capturado en la vía pública tras presuntamente cometer un robo junto con otro hombre.

En este caso, las víctimas del hurto fueron intimidadas con armas blancas y de fuego, y tras el hecho, la Fiscalía le imputó al capturado hurto calificado y agravado, en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Aunque el capturado no aceptó los cargos, una de las razones por las que el juez acogió la solicitud de enviarlo a prisión fue su “amplio prontuario delictivo”, pues según la Fiscalía tenía múltiples anotaciones judiciales por hurto, porte de armas y hasta fuga de presos.

La reincidencia, según expertos consultados, es un factor de riesgo en el nivel de violencia con el cual se lleva a cabo un hurto. Tanto que puede llevar a que escale la capacidad de daño de una persona a la hora de atacar a otra para robarle, llevando incluso a alguien a cometer homicidio.

Además, como lo mencionó Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, es más probable que alguien que ha sido detenido por delitos vuelva a cometerlos.

Muestra de eso fue un caso ocurrido en Bogotá en septiembre del año pasado, cuando un ciudadano extranjero, de 25 años de edad, fue capturado por robos a almacenes de cadena.

Cuando las autoridades analizaron su historia, se encontró que en los cinco meses anteriores el hombre había sido capturado 11 veces por hurto, pero no quedaba detenido por tratarse de robos de poca cuantía.

Fue hasta que se siguió la trazabilidad de sus robos que un juez pudo determinar que debía estar preventivamente en la cárcel mientras avanzaba la investigación en su contra.

JUSTICIA
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