Regaño a Fiscalía por preacuerdo que rebajó pena de un policía en 85 %

Regaño a Fiscalía por preacuerdo que rebajó pena de un policía en 85 %

Corte recordó que acuerdos no pueden cambiar la calificación de un delito solo para bajar la pena.

Martillo de juez

La Corte aseguró que la calificación jurídica de los delitos en los preacuerdos debe corresponder a los hechos. 

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Martín García

Por: Justicia
08 de julio 2020 , 04:13 p.m.

La Corte Suprema de Justicia le recordó a la Fiscalía General que, a la hora de conceder preacuerdos, tiene límites cuando quiere cambiar la calificación jurídica de los delitos y más cuando se trata de hechos graves cometidos en contra de personas vulnerables.

El alto tribunal hizo esta afirmación al revisar la condena contra un policía responsable del homicidio de un habitante de calle. Por medio de un preacuerdo, al uniformado se le rebajó la pena en un 85 por ciento, al cambiar la calificación jurídica de sus delitos.

Esa decisión se cayó después y por eso llegó a la Corte, para resolver si se debía mantener o no el beneficio que le había concedido en un primer momento la Fiscalía. 

Con este caso, la Corte recordó que la Fiscalía no puede cambiar la calificación jurídica de unos hechos (cambiar un delito por uno que tenga una pena menor) cuando esa situación no se ajusta a las pruebas e hipótesis con mayores evidencias en un caso. Los acuerdos de la Fiscalía tampoco pueden dar lugar a rebajas desproporcionadas. 

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Además, dice la Corte, la Fiscalía tiene la obligación de actuar con la debida diligencia cuando se está ante un grave atentado contra los derechos humanos, como lo es el asesinato de un habitante de calle -una persona en condición de vulnerabilidad- a manos de un miembro de la Fuerza Pública. 

También recordó que es una obligación de los jueces revisar los términos y la legalidad de los preacuerdos. Así, recordó lo que dijo la Corte Constitucional en un fallo del año pasado en el que aseguró que al emitir una condena anticipada -como la que se da con un preacuerdo- los jueces deben constatar que la Fiscalía haya actuado acorde a la Constitución.

La Corte le dijo a la Fiscalía que después de la imputación es posible ajustar los cargos en la acusación, o en el juicio, lo que en ocasiones puede perjudicar al investigado o favorecerlo, pero siempre atendiendo a la hipótesis del caso. 

Lo que no es válido, dice la Corte, es variar la calificación jurídica de unos hechos -no porque ese cambio corresponda a la realidad fáctica del caso- sino simplemente para disminuir la pena de un investigado como parte de un preacuerdo. 

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"Esta modalidad de acuerdo es la que suele generar mayores dificultades en la práctica, tanto por la trasgresión del principio de legalidad –en el sentido de la correspondencia entre las premisas fáctica y jurídica- como por su utilización para conceder rebajas punitivas desbordadas", dijo la Corte. 

Esta modalidad de acuerdo es la que suele generar mayores dificultades en la práctica, tanto por la trasgresión del principio de legalidad, como por su uso para conceder rebajas punitivas desbordadas

La Corte asegura que este tipo de acuerdos que cambian la calificación jurídica no son extraños en la práctica, pues con frecuencia le llega el estudio de esos casos a esa corporación. Es el ejemplo de un caso de extorsión que termina calificado como un constreñimiento ilegal, simplemente para bajar la pena. 

"Este tipo de acuerdos no son posibles, porque el fiscal debe introducir la calificación jurídica que corresponda a los hechos jurídicamente relevantes", concluyó el alto tribunal. 

La Corte también dijo que aunque la ley contempla diferentes tipos de subrorados penales que permiten rebajar una pena, estos tienen límites, incluso cuando el procesado contribuye con la solución de un caso y colabora con la justicia. 

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En esos casos en los que el Estado recibe una colaboración importante de un investigado, la Fiscalía sigue teniendo límites a la hora de conceder beneficios, pues esa decisión debe ajustarse a lo legal, debe depender de que la colaboración sea relevante y eficaz, y no puede conceder beneficios cuando se está ante delitos de extrema gravedad. También debe ponderar los derechos de las víctimas, el daño que hicieron, el arrepentimiento y su actitud frente a los beneficios del delito, el suministro de información del procesado, entre otros. 

El homicidio de un habitante de calle

Este pronunciamiento de la Corte se dio al revisar el caso de Alfonso Anibal Vásquez Ciro, quien junto con Héctor Villalobos Ríos conformaban una patrulla que tenía a su cargo trasladar a contraventores hasta la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). 

En la mañana del 8 de enero del 2009, los funcionarios recibieron a un grupo de personas detenidas por contravenciones por lo que los llevaron hasta la UPJ. Mientras se adelantaba el trámite, una de la personas detenidas, Robinson de Jesús Gil Polindara, quien era un habitante de calle, se devolvió para recoger una cobija. 

Como no le estaba permitido, Villalobos lo golpeó con sus manos y pies. Al notar que el detenido había sido golpeado, el encargado de la UPJ  ordenó devolverlo. Sin embargo, Vásquez y Villalobos salieron de la entidad en el camión que tenían asignado para sus funciones y en la parte trasera se llevaron a Gil.  

Aunque el funcionario de la UPJ los llamó por radio para que devolvieran a Gil, los policías no regresaron. 

Lo que hicieron los policías fue trasladar al hombre hasta un paraje ubicado en la vía que conduce de Bogotá a Choachí. Allí le dispararon con un arma de fuego y abandonaron su cadáver a pocos metros de la calzada. 

Luego volvieron a Bogotá en donde lavaron la camioneta, que tenía la sangre de la víctima. 

Tras el homicidio, la Fiscalía adelantó un acuerdo con Villalobos, por lo que el proceso siguió únicamente en contra de Vásquez. Por estos hechos le imputaron un día después los cargos de homicidio agravado y privación ilegal de la libertad.

En el proceso Vásquez celebró un preacuerdo con la Fiscaía por el que aceptó su responsabilidad por el delito de encubrimiento. Ese acuerdo fue aprobado por el juzgado 14 penal. 

Pero luego, el Tribunal Superior de Bogotá anuló el preacuerdo que le había rebajado su pena en un 85 por ciento, condenándolo a 33 años de cárcel por homicidio agravado y privación ilegal de la libertad, y lo inhabilitó de su cargo por 20 años. 

La defensa dijo en el proceso que el caso debía seguir siendo un encubrimiento, porque él no había participado en el homicidio ya que su compañero lo había dejado en su casa, en donde desayunó con su familia. Luego, dijo la defensa, el otro policía llevó a la víctima al lugar donde la asesinó. "Las únicas conductas atribuibles a mi defendido consisten en no haber indagado por la suerte del retenido luego de que se reencontró con su compañero y no haber tomado las medidas para que el asunto se esclareciera", le dijo a la Corte. 

Las únicas conductas atribuibles a mi defendido consisten en no haber indagado por la suerte del retenido

Pero la Fiscalía se opuso a que se le mantuviera el preacuerdo inicial, afirmando que la negociación que un fiscal había hecho con el policía no cumplió las reglas, pues el anterior investigador sobrepasó los límites al cambiar un homicidio agravado y una privación ilegal de la libertad a un simple encubrimiento, que tenía una pena de 5 años y tres meses. Esto, a pesar de que había pruebas para demostrar que el uniformado sí participó en el homicidio. 

Esto coincide con lo que dijo el Tribunal que lo condenó al encontrar que no queda duda de que Vásquez era quien acompañaba al otro policía en el vehículo cuando iban por la vía Choachí -hecho que acreditaron varios testigos-, y que ellos decidieron llevar al hombre hasta una zona de la vía "con el único propósito de causarle la muerte y dejar su cuerpo abandonado a varios metros de la calzada". 

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Por eso, según las pruebas Vásquez y su compañero luego fueron hasta un lavadero de vehículos para limpiar el carro y borrar la sangre del hombre al que habían asesinado. 

Por eso la Corte no creyó en los argumentos de la defensa, y aseguró que se demostró su participación ya que Vásquez era uno de los dos policías que estaba a cargo del cuidado del habitante de calle detenido, y por que "sin su aquiescencia no hubiera sido posible desviar el camión al paraje propicio para segarle la vida". 

Para la Corte está claro, entonces, que la primera decisión que le había concedido el preacuerdo para que pagara una pena de apenas 5 años y no la de más de 30 que debía tener por el homicidio, fue desproporcionado y no cumplió los requisitos. 

También dijo que por esa razón el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, sí podía controlar y verificar los términos en los que se había dado el preacuerdo. 

JUSTICIA

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