Ante los jueces, diez alcaldes por manejo de plata para emergencia

Ante los jueces, diez alcaldes por manejo de plata para emergencia

Entes de control investigan presuntas irregularidades en contratos para enfrentar la pandemia.

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Diez alcaldes responderán penalmente por contratos irregularesEn rueda de prensa conjunta entre Procuraduría, Fiscalía y Contraloría se anunciaron decisiones por contratos para atención de Covid-19.
Fernando Carrillo, Felipe Córdoba y Francisco Barbosa

EL TIEMPO

Por: Justicia 
22 de mayo 2020 , 07:53 a.m.

Una empresa de papel ubicada en el municipio de Mariquita logró que las alcaldías de Palocabildo (Tolima) y Guaduas (Cundinamarca) le adjudicaran contratos para atender la población de esos dos municipios afectada por la pandemia.

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Esa es la hipótesis de la Fiscalía para ordenar la captura de los alcaldes de esos dos municipios que se convirtieron en los dos primeros mandatarios llamados a responder penalmente por irregularidades en la contratación con dinero destinado para enfrentar la emergencia del coronavirus.

Ellos fueron capturados y hoy serán presentados ante jueces por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que luego de verificar tres mil contratos, se decidió avanzar en las primeras decisiones penales contra los dos alcaldes capturados y otros ocho que serán citados a imputación de cargos.

Los primeros alcaldes enredados son: José Manuel Ríos, de Armenia (Quindío); Rummenigge Monsalve, de Malambo (Atlántico); Luis Antonio Rhenals, de Cereté (Córdoba); Claudia Luz Alba Porras, de Socorro (Santander); Luis Alberto Balcero, de Calarcá (Quindío); Jhon Jaime Ospina, de San Pedro (Valle); Jorge Iván Vásquez, de San Antonio (Tolima); Germán Herrera, de Guaduas (Cundinamarca); Nelson Gómez, de Palocabildo (Tolima), y Rafael Antonio Ospina Toscano, de Coveñas (Sucre).

A ellos se suman los llamados a interrogatorio de los gobernadores de San Andrés, Arauca y Guaviare, quienes serán escuchados por fiscales de la dirección delegada ante la Corte.

El fiscal Barbosa señaló que en la siguiente fase de la investigación habrá decisiones de fondo contra mandatarios departamentales. Uno de los casos más llamativos es el del gobernador de Arauca, Facundo Castillo, quien, además de ser investigado por presuntos sobrecostos en los mercados entregados a la comunidad, ahora aparece enredado en un contrato por 570 millones de pesos para realizar en plena pandemia las fiestas de Cravo Norte.

El alcalde del municipio, como parte de las medidas de emergencia, canceló las fiestas y a pesar de esto la gobernación firmó el contrato con la Corporación Cultural Cabalgata.

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El balance de los organismos de investigación y control es desalentador si se tiene en cuenta que los peritos de la Contraloría han detectado presuntos sobrecostos por casi medio billón de pesos. Solo en seis de las 32 gobernaciones no se habrían encontrado contratos bajo sospecha de sobrecostos.

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, anunció la suspensión del cargo del alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez , al que se le abrió proceso de responsabilidad fiscal por 1.051 millones de pesos por presuntos sobreprecios en kits alimentarios y la entrega incompleta de los mismos.

Igualmente se abrieron procesos de responsabilidad fiscal por posible sobrecosto a seis mandatarios regionales, así: por casi 312 millones de pesos contra la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán; por más de 942 millones contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; por 1.107 millones contra el alcalde del municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve; y otro por más de 229 millones contra el alcalde de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina.

El procurador general, Fernando Carrillo, señaló que el Ministerio Público adelanta 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías.

Igualmente, por un presunto sobrecosto en la adquisición de 1’322.700 tapabocas por parte de la Armada, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 992 millones de pesos contra el comandante de la Base Naval ARC Bogotá, capitán de Navío Jaime Gómez; la capitán de Fragata Magda Constanza Moreno; y el representante legal de la empresa contratista Medivalle SF SAS.Según la investigación, la Policía firmó un contrato similar pagando 750 pesos por tapabocas, es decir la mitad de lo que pagó la Armada.

El procurador general, Fernando Carrillo, señaló que el Ministerio Público adelanta 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías.

Indicó que se designó encargar a un funcionario especial adelantar una investigación para examinar el contrato FP-290 de 2020 del Fondo de Programas Especiales para la Paz, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la firma Du Branss S.A.S. Este contrato por 3.350 millones de pesos desató polémica cuando se conoció que el objetivo del mismo era elaborar estrategias para los canales digitales de Presidencia.

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Finalmente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González, y a los subdirectores General, Gerardo Jaramillo Montenegro, por presuntas irregularidades en el proceso para definir los criterios técnicos para la adquisición y entrega de kits alimentarios en todo el país.

JUSTICIA
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