Los sobrecostos por los cuales capturaron al alcalde de Guaduas

Los sobrecostos por los cuales capturaron al alcalde de Guaduas

Los mandatarios de Sincelejo y Malambo también fueron sancionados por celebrar contratos inflados.

Coronavirus contratación

Contratos

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Jáiver Nieto. EL TIEMPO

Por: Justicia
21 de mayo 2020 , 11:03 a.m.

En la tarde de este jueves, el bloque anticorrupción conformado por el fiscal general, Francisco Barbosa; el procurador, Fernando Carrillo, y el contralor, Carlos Felipe Córdoba, dará a conocer los resultados de las investigaciones adelantadas por los contratos que han firmado en medio de la pandemia los funcionarios públicos.

Las primeras sanciones se han dado por sobrecostos en los insumos y equipos médicos y material de bioseguridad.

EL TIEMPO logró establecer que fue capturado el alcalde de Guaduas en Cundinamarca, Germán Herrera Gómez, a quien le habían abierto una indagación preliminar por un contrato de suministros, firmado el 27 de marzo, por 310 millones de pesos. 

De acuerdo con las investigaciones, el contrato tendría un sobrecosto del 60,31 por ciento; las ayudas (mercados y productos de aseo) fueron presentadas por un valor de 108.894 pesos, pero la Procuraduría verificó los valores y el costo real sería de 67.928 pesos. Eso quiere decir que hubo un sobrecosto de 40.966 pesos.

Otro contrato bajo la lupa de los organismos de control firmado por el alcalde de Guaduas tiene que ver con ayudas para un hogar geriátrico por 250 millones de pesos.

La Contraloría encontró un presunto sobrecosto en los productos incluidos, tanto en el contrato inicial como en el otrosí (del 374 por ciento y del 67 por ciento, respectivamente).

(Le interesa leer: El preocupante expediente de la corrupción en medio de la emergencia).

La Procuraduría además sancionó al alcalde de Sincelejo, en Sucre, Andrés Gómez Martínez, por sobrecostos, derivados de la investigación adelantada por la Contraloría.

La alcaldía de Sincelejo firmó varios contratos con las empresas Surtivíveres
Comercializadora y Distribuidora S. A. S. y Abastos y Fruver El Paraíso S. A.S.

"Cada uno de estos contratos tiene el mismo valor de $ 1.999 millones —el cual fue
ajustado mediante otrosíes a la suma de $ 1.769'489.095, como consecuencia
de la modificación de la prestación de transporte
puerta a puerta por transporte
a un punto de acopio", señaló la Contraloría en su investigación.

Los contratos tienen idéntico objetivo: suministrar 13.333 kits con alimentos
no perecederos para población vulnerable del municipio.

(Le recomendamos leer: 26 gobernadores y 67 alcaldes, con alertas por contratos de covid-19).

Cuando la Contraloría revisó el valor unitario de cada uno de los kits contratados y lo
comparó con el valor resultante de los precios certificados por el Dane, se
encontró una diferencia de $ 19.978
, lo que supone una variación porcentual del
18 por ciento y se traduce en un sobrecosto total equivalente a la suma de
$ 266'360.274.

Se encontró una diferencia de
$ 19.978, lo que supone una variación porcentual del
18 % y se traduce en un sobrecosto total equivalente a la suma de
$ 266'360.274

Otro alcalde sancionado es el de Malambo, Atlántico, Rumenigge Monsalvo, quien venía siendo investigado por la Contraloría por los presuntos sobrecostos en la ejecución de un contrato por $ 4.000 millones con la Fundación Lirio de los Valles.

El objetivo del contrato era suministrarle mercados a la población vulnerable. Se contrataron kits para 80.000 familias por un valor unitario de 50.000 pesos. 

En este caso, el organismo de control no encontró publicados los respectivos estudios previos y, para la escogencia del contratista, solo se ponderó su experiencia, y no su capacidad financiera.

(Le sugerimos leer: Investigan sobrecostos de hasta el 71 % en compra de camas o comida).

Ni la Armada Nacional se escapó

La Contraloría también tomó decisiones en un proceso de contratación —que involucra al Ministerio de la Defensa— por presuntos sobrecostos, aproximadamente de $ 1.269 millones, en el contrato del 8 de abril de 2020 suscrito entre la Armada Nacional y la empresa Medivalle SF S. A. S., para "la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional, con el fin de atender la emergencia sanitaria del covid-19".

Se identificó que en la compra de tapabocas hubo sobrecostos del 100 por ciento.

La Procuraduría ya había suspendido al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón; el alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y el secretario administrativo del municipio, José Garzón, por irregularidades en la contratación en medio de la pandemia.

Igualmente habían sido apartados de sus cargos el alcalde de Cereté, Córdoba, Luis Antonio Rhenals Otero, y al secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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