Siete meses después de que la Contraloría detectó un presunto caso de corrupción en Córdoba, asociado a terapias de neurodesarrollo para niños con déficit en capacidades cognitivas, el organismo le abrió un proceso de responsabilidad fiscal al exgobernador de ese departamento Alejandro Lyons Muskus quien, de ser hallado culpable, tendrá que responder por 1.345 millones de pesos.
Este proceso –que se suma a otros hechos de corrupción en el departamento y por los que a Lyons la Fiscalía le imputará cargos penales por 20 delitos–, tiene que ver con terapias que la Gobernación pagó a pesar de que se hicieron de manera incompleta para más de 290 niños.
EL TIEMPO conoció que en el proceso fiscal que abrió la Contraloría están llamados a responder como presuntos responsables del detrimento el exgobernador, el exsecretario de Salud Edwin de Jesús Preciado Lorduy, el auditor médico Juan David Náder Chejne y Tania Otero, la representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación IPS (una de las que más recibió dineros por estas terapias).
El expediente documentó que Funtierra recibió de la Gobernación más de 6.252 millones de pesos en el 2015 por servicios prestados derivados de fallos de tutela que ordenaban a la Secretaría de Salud autorizar tratamientos para niños como terapias físicas, ocupacionales, fonoaudiológicas, de integración sensomotriz y terapias miofuncionales.
Las resoluciones con las que se le pagó a Funtierra están soportadas con facturas que esa IPS aportó por cada paciente. Sin embargo, la Contraloría dice que no ha encontrado ningún documento con el que la Gobernación dejara claro qué estudio económico o qué valores unitarios se tuvieron en cuenta para que se pagaran las terapias, ni tampoco soportes sobre la relación contractual entre IPS y la Gobernación.
La investigación determinó que para los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2015 “resulta evidente” que en algunos casos no se completó el tratamiento que había recomendado el neurólogo o se hicieron menos terapias de las acordadas. Sin embargo, la Gobernación hizo el pago completo por todo el tratamiento.
La administración departamental justificó el pago por estas terapias, a pesar de que no se completaran todas las sesiones, en un documento en el que se aclara que entre esos meses el paquete de terapias se pagará a 2’250.000 de pesos que incluye de 50 a 100 sesiones. Esto deja claro para el órgano de control fiscal que la Secretaría de Salud aceptó pagar por un valor indeterminado de terapias, cuando lo que se debía hacer, según la investigación, era definir el valor unitario de cada terapia.
La Contraloría también critica que ese documento donde se fijó el precio no tiene la calidad de estudio previo, ni de propuesta o contrato, ya que no cumple con las normas de contratación administrativa. El contralor Edgardo Maya le informó a la Fiscalía y a la Procuraduría sobre la apertura de este proceso fiscal para que, en el marco de sus competencias, investiguen los hechos.
Aunque aún no se ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría también investiga otras presuntas irregularidades detectadas en una auditoría sobre pagos a otras IPS por terapias, que se dieron a pesar de que parte de esos costos los tenían que asumir las EPS y no la Gobernación, por ser servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
El ente investiga en total los giros de más de 10.000 millones de pesos a varias entidades de Córdoba por las terapias de neurodesarrollo. En las auditorías mencionan a Crecer y Sonreír Unidad Integral de Rehabilitación S.A.S., Unidad Integral de Terapias de la Costa IPS y a Girasoles Centro Integral de Terapias y Servicios de Salud.
El exgobernador tiene pendiente una imputación de cargos en el Tribunal superior de Bogotá por presuntas irregularidades en el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología del departamento. Según la investigación de la Fiscalía se habría registrado una malversación de recursos por 10.000 millones de pesos que habrían sido entregados a fundaciones sin ánimo de lucro.
Con un informe presentado a la Contraloría de Córdoba y a la Fiscalía adscrita a la Dirección de Fiscalías Especializadas contra la Corrupción, la representante legal de Funtierra IPS, Tania Otero, busca demostrar que los contratos suscritos con la gobernación de Córdoba se dieron bajo el cumplimiento de los trámites y procedimientos exigidos por la Secretaría Departamental para prestar los servicios de terapia de neurodesarrollo a niños discapacitados.
El documento hace énfasis en que las entidades territoriales son las responsables de garantizar el acceso de los pacientes del régimen subsidiado a tratamientos que no están cubiertos por el POS "a través de su red de prestadores públicos, privados o mixtos, contando con el recurso de financiamiento y ostentando una red de prestadores que pueden responder con la demanda absoluta y global de este tipo de servicios en su jurisdicción", por lo que, amparados en ello, fueron suscritos los contratos entre Funtierra y la Secretaría de Salud de Córdoba.
"En ningún momento nuestra Fundación actuó ni prestó sus servicios de manera autónoma, la misma administración departamental la escogió para ello, habiendo cumplido con la exigencia de la presentación de una propuesta para atender a la niñez discapacitada del departamento, exigencia solicitada por la Secretaria de Salud Departamental. El trámite o los mecanismos utilizados por el Departamento para atender dicha demanda no son competencia de la IPS, ni constituyen su responsabilidad", se lee en el informe.
Señala, además, que en las actas firmadas entre Funtierra y la Secretaría de Salud quedaron pactadas las tarifas para la prestación y cobro de los servicios para los menores discapacitados "acogiendo lo señalado por el Decreto 4247 de 2007".
El informe concluye señalando que "cada una de las terapias cobradas al Departamento, fueron las efectivamente realizadas". Y agrega "la Contraloría es imprecisa al momento de realizar dicha afirmación puesto que en relación con las terapias ordenadas en acciones de tutela, estas conminaban a la entidad territorial, quien debía escoger en su red prestadora quien las iba a realizar, así las cosas, la práctica de las terapias ordenadas se limitó a cumplir las autorizaciones estrictamente pactadas con el Departamento".
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