Un duro pronunciamiento hizo la Contraloría General al evaluar los resultados que hasta ahora ha dejado el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, construcción que no sólo ha sido más costosa que las de su tipo, sino que deja serias dudas sobre su eficiencia y estabilidad.
Las indagaciones de la Contraloría tienen en cuenta 15 momentos importantes del proyecto, desde su inicio hasta la contingencia que se dio en abril del 2018 cuando hubo un derrumbe en el túnel de desviación, así como la decisión de desviar el río Cauca a través de la casa de máquinas, lo que dejó daños en la infraestructura y en la maquinaria. Desviar el río por la casa de máquinas, dice la Contraloría, llevó a un daño patrimonial en el proyecto de 839.454 millones de pesos.
Incluso esa pérdida podría crecer mucho más si se tiene en cuenta que sólo los activos dañados y perdidos que están contemplados inicialmente en 78.295 millones de pesos, podrían ascender a 432.969 millones de pesos ya que aún no hay un dictamen definitivo.
Al terminar el proceso de control excepcional sobre este proyecto en Antioquia, el organismo encontró que Hidroituango mantiene "riesgos de daños o deterioro de algunos equipos", lo que ha generado mayores costos por mantenerlos en almacenamiento ya que no pueden ser usados.
Pero lo más preocupante, asegura la Contraloría, es que en el proyecto se mantienen "riesgos de estabilidad en algunas zonas". El organismo detectó, además, grietas en el macizo de la casa de máquinas.
Según la investigación, hay un desprendimiento del material del macizo y de las obras de protección del talud ubicado en la parte derecha del vertedero, también en el sitio denominado como Capitanes, y en el sector ubicado debajo de la construcción de la Base Militar Capitanes.
También hay problemas en la zona sur de la galería de compuertas, afectada por un deslizamiento, lo que llevó a tener que reforzar la estructura de dicha galería, "situación que puede aumentar y generar riesgo de estabilidad en esta zona", indicó la investigación.
"Proyectos como el de Hidroituango deben cumplir con altos estándares de diseño y construcción, dado el impacto social, ambiental y económico que producen, pero la conclusión de la Contraloría es que esto no ha sido así", dice el organismo.
Uno de los problemas que la Contraloría evidenció es que hubo debilidades en los estudios técnicos lo que llevó a modificar el contrato, a aumentar el costo de las obras, a cambiar los diseños y las técnicas de construcción, "lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto".
Por todas estas situaciones, dice la Contraloría, la gestión y gerencia de Hidroituango "no sólo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia".
Para hacer la evaluación de este proyecto, la Contraloría contó con un grupo de auditores conformado por abogados, ingenieros civiles y de sistemas, economistas, contadores y geólogos, entre otras profesiones, y todos con más de 15 años de vinculación en el organismo. También se tuvo el apoyo de la Universidad Nacional.
En el proceso, otra de las conclusiones importantes es que el proyecto de Hidroituango resultó muy costoso si se lo compara con otros de su tipo. Hidroituango tuvo un costo de inversión de 2.096 dólares por cada kilovatio instalado, con el agravante de que aún no ha entrado en operación, lo que significa que la inversión seguirá aumentando hasta que se termine por completo la construcción y entre en funcionamiento.
La presa de Hidroituango contiene al embalse, de unos 75 kilómetros de extensión
Cortesía EPM
La investigación de la Contraloría también determinó que la valoración económica que Hidroituango está haciendo del proyecto contempla que en los próximos años se va a recuperar a través de las pólizas los costos que se han perdido en el proyecto.
De no retribuirse este dinero, dice la Contraloría, se afectarán las expectativas económicas que se tienen del proyecto a mediano y largo plazo.
Uno de los problemas evidenciados es que EMP construyó la central de generación subcontratando a otras empresas que, a su vez, subcontrataron a terceros. Aunque esta acción no está prohibida en la ley, dice la Contraloría, sí deja dudas sobre la experencia que tenía la constructora que en lugar de hacer una subasta internacional, hizo una negociación directa para desarrollar al proyecto, lo que dejó la ejecución en manos que no siempre eran las más idóneas.
La Contraloría también señaló que hubo retrasos para contratar los túneles de desvío de las aguas. Luego, el contratista que quedó a cargo de esa función, CTIFS, se atrasó en el cronograma y para el momento en el que estaba prevista la fecha de desvío del río, la empresa no tenía listas las guías de las compuertas de desviación ni la estructura de descarga. "Los incumplimientos de este contratista llevaron a EPM a decidir la liquidación de ese contrato y a entregar la terminación de las obras subterráneas pendientes al consorcio CCCI, ejecutor de las obras de superficie, en especial la presa".
Aquí hubo dos situaciones que para la Contraloría fueron críticas para Hidroituango, decisiones tomadas por EPM y que afectaron gravemente el proyecto: no se construyeran las guías de las compuertas que cerraban los túneles de desviación del caudal, y que se construyera una galería auxiliar de desviación, yendo en contravía de lo que había recomendado la Junta de Asesores.
Al no construir las compuertas que cerraban los túneles, los costos del proyecto se incrementaron al tener que levantar un tercer túnel, demorando además la entrada en operación del proyecto.
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