El Contralor General Edgardo Maya presentó un informe en el que evidenció el mal uso de los dineros de regalías que hacen parte del Fondo de Ciencia y Tecnología.
Según el Contralor, entre el 2012 y 2016 se asignaron 3,8 billones de pesos que debían destinarse en desarrollo científico y tecnológico, pero que en realidad "no se están invirtiendo totalmente en tal fin".
Estos dineros, según la investigación del organismo de control fiscal, están quedando bajo la dirección de políticos que deciden en qué se invierten, y que en muchos casos los están desviando para fines que no corresponden a ciencia y tecnología o que contratan a contratistas que no son idóneos.
Este fondo, que se financia con el 10 por ciento de los recursos de regalías que vienen de la explotación de recursos naturales no renovables, según Maya tiene varios factores que ponen en riesgo su buena destinación.
"Una tercera parte del valor de la contratación lo realizan entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias, que ejecutan contratos por cerca de $600.000 millones, de un total contratado a la fecha de corte del informe de la Contraloría (diciembre de 2015), de $1,8 billones", aseguró el Contralor.
Y a pesar de que estos proyectos deberían favorecer a las regiones, a diciembre del 2015 la Contraloría detectó que sólo 12 proyectos por 135.000 millones de pesos respondían a necesidades de las regiones.
Esa ausencia de proyectos regionales se podría estar generando por la "falta de voluntad política de los gobernadores para acordar la formulación de proyectos de verdadero impacto regional", dijo Maya.
Para el Contralor es claro que al quedar bajo la dirección de actores políticos, como son los gobernadores, estos dineros se podrían estar usando en otros fines pues estos ordenadores del gasto "generalmente tienen intereses diferentes a los que exige el desarrollo científico e incluso el desarrollo regional".
Al estudiar 33 proyectos de ciencia y tecnología la Contraloría encontró varias irregularidades. En un proyecto en Cauca, por ejemplo, en el que se invirtieron 16.000 millones de pesos que supuestamente se debían usar en estudios de posgrados para empresas de emprendimiento, y así mejorar su competitividad, se encontró que los recursos también se destinaron en instituciones que no podían prestar esos servicios.
Por ejemplo, la Contraloría detectó que parte de esos recursos se usaron en un asadero de pollos y en un spa.
Y en Vichada se encontró que se aprobó un proyecto para construir un centro de formación e investigación en energías renovables por 32.917 millones de pesos. Esos recursos debían permitir crear espacios para la investigación en la generación de energía a partir de fuentes naturales renovables.
Para esto la Gobernación contrató al consorcio Ciner integrado por dos empresas de construcciones que no tenían experiencia en los objetos del proyecto.
"Lo más grave es que en su ejecución modificaron el alcance del proyecto", indicó la Contraloría. Por ejemplo, como no se instalaron celdas solares el proyecto perdió su razón de ser y terminó siendo una obra de infraestructura pues lo que construyeron fue una biblioteca, un auditorio y un conjunto habitacional.
Y en Córdoba se auditaron 10 proyectos de ciencia y tecnología en donde se encontraron pérdidas por 30.000 millones de pesos. Aunque la Gobernación suscribió convenios con varios cooperantes, entre ellos reconocidas instituciones y universidades, estas terminaron subcontratando a una empresa que había sido creada recientemente.
De otro lado, en Cesar la Gobernación contrató en el 2014 obras por 25.000 millones de pesos en las obras del Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar. Este dinero se debía usar en construir edificios para consolidar las capacidades en ciencia y tecnología en el sector agropecuario y pesquero, que se debía ejecutar en 9 meses pero que se demoró 21.
También preocupa el dinero que se ha invertido en becas para pregrado y posgrado. De 217.000 millones de pesos que se han invertido en este fin, la Contraloría encontró que de 165.000 millones de pesos unos 35.000 millones, es decir el 21 por ciento, se usaron en instituciones de calidad media o baja pues están por debajo del puesto 30 según el ranking del Ministerio de Educación.
JUSTICIA
