El fiscal José Gabriel Restrepo abandonó Colombia en 1999, tras recibir amenazas de muerte cuando llevaba una investigación contra el mayor retirado del Ejército David Hernández Rojas, alias 39, y otros militares por la ejecución extrajudicial de tres personas.
Por estos hechos, a los que califica de desplazamiento forzado, el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa a pagar una millonaria suma a Restrepo y a su esposa.
Además, hizo un fuerte regaño a las dos entidades porque consideró que abandonaron a su suerte a un funcionario que solo estaba cumpliendo con su deber.
El fallo, con ponencia de la magistrada Stella Conto, dice que frente a las amenazas denunciadas por Restrepo, que lo llevaron a renunciar a su cargo y exiliarse con su familia en Canadá, la Fiscalía no tomó mayores medidas, aun cuando en esa misma época y por razones similares fue asesinada una fiscal y otros dos tuvieron que dejar el país. Todos eran de la misma unidad de Medellín en la que trabajaba Restrepo.
“La Fiscalía conocía de la gravedad de los hechos que investigaba Restrepo y el riesgo en el que estaba incurso, y, contrario al deber ser, incurrió en omisión en brindar condiciones de seguridad para que el fiscal hubiese podido continuar en su trabajo permanente en Colombia, y, en caso de no ser esto posible, en el exterior; empero, bajo la protección estatal”, señala decisión.
Los hechos se remontan a finales de marzo de 1999, cuando Restrepo asumió la investigación por la desaparición, a principios de ese mismo mes, de Álex Oriol Lopera, Luis Fernando Londoño Gómez y Manuel José Jaramillo Giraldo.
Un mes después, Restrepo logró que la Fiscalía quedara como único órgano investigador, ya que el caso había sido también asignado a un juez penal militar.
La indagación permitió conocer que el homicidio de los tres hombres fue producto de un plan coordinado por el entonces mayor Hernández, y ejecutado por miembros del Batallón Granaderos de la Cuarta Brigada del Ejército bajo su mando, quienes en un retén encontraron en el carro en el que viajaban Lopera, Londoño y Jaramillo 150 millones de pesos. Llevaban la plata para pagar el secuestro de la hermana de Jaramillo, que era viceministro para la Juventud.
Los militares los retuvieron por más de siete horas. Después los dejaron continuar el viaje, pero más adelante los esperaban miembros de la patrulla vestidos de civil. Los asesinaron y tiraron el vehículo por un precipicio.
Dentro de las primeras decisiones que tomó en el caso, el fiscal Restrepo ordenó la detención preventiva de Hernández. En junio de ese mismo año, el mayor se fugó de las instalaciones de la Cuarta Brigada de Medellín con ayuda de la banda ‘la Terraza’. Hernández se refugió con los paramilitares, entrenó las fuerzas especiales de las Auc y terminó convertido en ‘39’, el segundo jefe paramilitar del Cesar. Alias 39 fue asesinado en el 2004 en un falso positivo coordinado por tropas del Batallón La Popa y los mismos ‘paras’.
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