Por la total impunidad que sigue campeando en el caso del asesinato del periodista , ocurrido en Pitalito (Huila) hace dos décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) profirió una nueva condena contra el Estado colombiano.
Carvajal, que venía denunciando la corrupción en el manejo de los asuntos públicos en su departamento, fue asesinado el 16 de abril de 1998. Por esa razón, la Corte IDH señala que “su muerte se encuentra vinculada con su labor como periodista”.
La sentencia emplaza al Estado a seguir investigando los hechos y cuestiona duramente a la justicia colombiana porque en todos estos años el caso no ha avanzado. El fallo señala, además, que hubo vulneración al derecho a la integridad personal y de protección de los familiares de la víctima, nueve de los cuales tuvieron que salir forzosamente de su región poco después del crimen.
“El Estado incumplió con su obligación de investigar las amenazas que recibieron varios de ellos, y tampoco brindó las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a sus lugares de residencia habitual o un reasentamiento voluntario en otra parte del país”, dice la Corte.
Los jueces del Sistema Interamericano aseguran que el Estado debe reparar a los herederos del periodista, pues "han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral”.
La investigación inadecuada del homicidio constituye, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida
La Corte también responsabilizó a Colombia por la dilación en el proceso judicial por la muerte del periodista. “La investigación inadecuada del homicidio constituye, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida de Carvajal”, sostiene.
Actualmente, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía sigue en etapa de indagaciones para establecer las responsabilidades sobre ese hecho.
La Corte le ordena a Colombia no solo hacer todo lo posible para administrar justicia sino la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; que el Estado Colombiano brinde el tratamiento psicológico o psiquiátrico que las víctimas requieran; que remita al Tribunal los informes periódicos que envía a los organismos especializados de la OEA y de las Naciones Unidas relacionados con las medidas implementadas para la prevención y protección de los periodistas en Colombia; que garantice las condiciones de seguridad adecuadas para que los familiares de Carvajal Carvajal regresen al país y que pague una indemnización por concepto de daños y perjuicios.
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