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Delitos

Los 51 años de cárcel para Rafael Uribe: ¿fue una condena justa?

Rafael Uribe Noguera permanecerá preso en la cárcel La Picota.

Rafael Uribe Noguera permanecerá preso en la cárcel La Picota.

Foto:Carlos Ortega / EL TIEMPO

Se exponía a 60 años. Debate por rebaja que le dieron porque no tenía antecedentes.

“La conducta imputada y aceptada por Rafael Uribe Noguera se produjo en un contexto de violencia basada en diferencias de género (...). Se castigó a Yuliana Samboní, de 7 años de edad, provocando su muerte luego de haber sido sometida a innombrables vejámenes sexuales por el hecho de ser mujer; se reprodujo en ella atávicas asignaciones de roles de género; se le hizo objeto para el ejercicio de la dominación de su apenas incipiente sexualidad; se le privó de su libertad, se le instrumentalizó, cosificó, abusó y luego se desechó su cuerpo”.
Esa fue la cruda descripción con la que la jueza Liliana Patricia Bernal Moreno condenó este miércoles a 51 años y 10 meses de prisión a Rafael Uribe Noguera por el secuestro, violación y asesinato, cometidos el 4 de diciembre del año pasado, contra la pequeña Yuliana Samboní, en Bogotá, crimen que generó el repudio nacional.
Aunque el fallo se dio en un tiempo récord –tres meses y 25 días después de que Uribe raptó a Yuliana en un humilde barrio en el oriente de Bogotá, y la trasladó a su apartamento en donde se consumó el crimen–, los 51 años han generado un debate sobre si era o no la sentencia más justa, de cara a la posibilidad de que Uribe redima pena con trabajo o estudio y la sentencia quede en 30 o 35 años.

Todos los elementos en el caso de Uribe eran agravantes y solo en términos del derecho penal existía un atenuante, que era la ausencia de antecedentes

La familia de Yuliana y la Fiscalía apelaron el fallo e insistirán en la máxima condena posible: 60 años de prisión por la gravedad de los delitos y por tratarse de un feminicidio cometido en contra de una menor de edad. “¿Qué será que quiere la justicia?, ¿qué más se necesita que les hagan a los niños para poderles dar una justicia ejemplar?”, cuestionó Juvencio Samboní, padre de la niña.
Aunque Uribe aceptó el delito el pasado 11 de enero, –lo que evitó que la Fiscalía tuviera que llevarlo a juicio–, por tratarse de una menor de edad, la jueza cerró la posibilidad de rebajas por colaboración. Pero hubo dos razones por las que decidió fijar la sentencia en casi 8 años menos de los que estaban pidiendo los Samboní y la Fiscalía.

Polémica por el cálculo

La primera tiene que ver con que Uribe Noguera no tiene antecedentes penales y ese es un atenuante que se les da a quienes delinquen por primera vez, sin importar el delito. Así lo explica el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren: “Cuando se ejecuta un comportamiento penal, hay agravantes y hay atenuantes. Todos los elementos en el caso de Uribe eran agravantes y solo en términos del derecho penal existía un atenuante, que era la ausencia de antecedentes”. Dice que a pesar del rechazo de varios sectores, “los jueces deciden desde una base objetiva y no se podía desconocer esa situación a la hora de fallar”.
Los 60 años también disminuyeron porque la jueza rechazó dos de los tres agravantes que argumentó el fiscal. Así, aumentó la pena porque Uribe usó su superioridad para abusar a Yuliana, “aprovechando su compleja condición de mujer, niña e integrante de un grupo social vulnerable por sus escasos medios económicos”.
Pero dijo que no había pruebas para demostrar que “deliberadamente hubiere infligido violencia sobre el cuerpo de la menor, con el único objetivo de aumentar, para provecho suyo, el dolor y el sufrimiento de su víctima”. Tampoco le dio crédito a la tesis de que la condena debía ser mayor por la condición social del victimario –miembro de una reconocida familia bogotana–. Así, dijo que la posición social de Uribe Noguera no fue “determinante para la ejecución de los hechos”.
Esos dos agravantes que no fueron tenidos en cuenta harán parte de la apelación que presentará la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Exigimos una condena equivalente a la cadena perpetua para Rafael Uribe. El monstruo de Chapinero no puede volver a pisar la calle

En contravía de la Fiscalía, el procurador general, Fernando Carrillo, se mostró conforme con la sentencia. Dijo que la Fiscalía “puede tener todos los argumentos para buscar el incremento de la pena”, pero hizo un llamado “para que no se desdibuje la eficacia de la justicia”.
Lo mismo opina el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, quien asegura que se trata de una condena ejemplar que “fue tasada conforme a la normativa que la jueza consideró”. Y el defensor del pueblo, Carlos Negret, asegura que en este caso la justicia demostró que puede ser “rápida y eficaz”, pero pidió igual contundencia en las demás investigaciones por violencia basada en género, en las que, según la jueza que condenó a Uribe, el 90 por ciento siguen impunes.
En una orilla distinta está Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien insistió en que los violadores de niños deberían recibir el máximo castigo. “Exigimos una condena equivalente a la cadena perpetua para Rafael Uribe. El monstruo de Chapinero no puede volver a pisar la calle”, señaló.

Sin beneficios, pero puede redimir pena

Según decisiones de las cortes, la redención de pena por trabajo o estudio –por cada dos días de trabajo se descuenta uno de prisión– no es un beneficio sino un derecho de los condenados. La directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, está de acuerdo con estos descuentos: “Con quitar el resto de beneficios es suficiente. La pena tiene un fin resocializador”, dijo.
Yohana Jiménez, hija de la exsenadora Gilma Jiménez y promotora de un referendo para la cadena perpetua, asegura que pese a la gravedad de los delitos “no hay un solo violador que esté pagando una condena de 60 años con esos descuentos. Tenemos que seguir luchando por la prisión perpetua. Es lo mínimo que merece un violador de niños”.
El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra dijo que en el país esos descuentos “funcionan con muy poco rigor y seriedad” y cuestionó que muchas veces se conceden por actividades que no garantizan la resocialización.
JUSTICIA
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