Desde marzo, la Fiscalía adelanta una ofensiva en el país para judicializar a las personas que compran partes o vehículos robados.
Por instrucciones de la cúpula de la Fiscalía se empezó a judicializar no solo a las personas vinculadas al hurto de carros y motos, sino que también se le puso la lupa a quienes compran el producto de ese delito y que terminan incentivando ese mercado criminal.
Solo en lo corrido del año se han abierto 7.395 casos por el delito de receptación, que ha registrado el mayor número de procesos en Medellín (2.675), Bogotá (764), Huila (453) y Cauca (302) hechos.
Para evitar que, como sucedía antes, los responsables quedaran en libertad poco después de las capturas, la Fiscalía ha venido documentando en cada proceso el delito de concierto para delinquir, con lo que se asegura que la pena a imponer se aumente hasta no ser excarcelable.
Los últimos capturados por este tipo de casos son los hermanos Emilio e Iván Salcedo Merchán, quienes fueron detenidos en flagrancia por la Policía en Chaparral, Tolima, cuando se movilizaban en una motocicleta que había sido reportada como hurtada. Ante un juzgado penal municipal con función de control de garantías se realizaron las audiencias concentradas en las que se legalizaron las capturas, se les imputaron cargos y se dictó medida de aseguramiento intramuros en la cárcel de Chaparral.
Estas operaciones se han extendido también a las ‘playas’ de las principales ciudades del país, donde desde hace décadas es tradicional el comercio de autopartes de segunda, muchas de las cuales provienen de redes criminales organizadas.
Un tema clave es que no se requiere ser parte de una organización delincuencial para terminar en líos con la justicia por tener en su carro o moto un repuesto proveniente de un vehículo hurtado.
La ley dispone que la sola posesión da para el inicio de un proceso penal por receptación, que si bien puede ser excarcelable sí puede terminar en condena o incluso en la cárcel, cuando la conducta se ha repetido en los últimos cinco años.
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