Ante el juez 53 de control de garantías de Bogotá se realizó la audiencia de imputación de cargos contra el contratista Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.
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Ellos son los primeros en responder penalmente por las irregularidades con el contrato firmado con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), que terminó por sellar la salida de su cargo de la exministra Karen Abudinen, y que tiene capítulos abiertos en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
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El juez legalizó las capturas al no encontrar irregularidades en ese procedimiento.
La Fiscalía señaló en la audiencia que los capturados falsificaron la garantía bancaria para el contrato, que supuestamente fue suscrita el 28 de octubre del año pasado, y luego, cargaron ese documento falso en la plataforma del Secop, en la que avanzaba el trámite del contrato, y la presentaron físicamente en el Ministerio.
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Emilio Tapia (con tapabocas) y su abogado.
EL TIEMPO
El ente acusador señaló que cuenta con las declaraciones de varias personas que dieron información clave contra los capturados, entre ellos Jorge Alfonso Molina y Juan Carlos Cáceres.
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Tapia, Duque y Laverde están vinculados a la investigación por la consecución de las garantías con las que se respaldó el cuestionado contrato -declarado caduco- por 1,7 billones de pesos con el Mintic.
A Laverde se le incautaron durante su captura dos celulares y documentos de interés para el caso, como un cheque por 30 millones de pesos. En el allanamiento a Duque se encontraron documentos de Centros Poblados, un computador y un arma de fuego con permiso para porte.
En la casa del contratista Jorge Enrique López Benavides, que no fue capturado, se encontraron documentos y memorias extraíbles.
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La Fiscalía señaló que a los capturados se les respetaron sus derechos fundamentales, por lo que pidió que sea legalizada su captura.
Los abogados de Duque y Laverde se declararon en contra de la legalidad de las capturas y señalaron que hubo irregulares en el procedimiento del ente acusador. El representante de Laverde señaló que él venía acudiendo al llamado de la justicia y respondiendo a las preguntas del ente acusador; y el de Duque, indicó que la fiscal del caso no determinó con claridad qué iban a buscar en su vivienda y terminaron incautando elementos que no podían retirar de la misma.
No obstante, el juez avaló la petición de la Fiscalía y legalizó las capturas y los allanamientos realizados por el ente acusador.
Durante la audiencia, el ente acusador destapó la evidencias contra los capturados, que incluyen documentos y testimonios.
Indicó que hubo varias irregularidades, la primera de ellas relacionada con la falsedad de la garantía bancaria para demostrar la seriedad de la oferta.
Esta fue protagonizada, de acuerdo con el ente acusador, por Tapia Aldana, que manejaba a través de terceros varias de las empresas que hacían parte de la Unión Temporal. Laverde, fue señalado de hacer el contacto para conseguir la oferta falsa y luego se la envió al representante legal de la UT para que la entregara al Ministerio.
Por su parte, Jorge Enrique López Benavides, quien logró escapar del operativo, habría sido quien hizo la falsificación.
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La Fiscalía cuestionó que los capturados sabían que estaban cometiendo un delito y a pesar de ello siguieron con la consecución de la póliza con la que indujeron en error a funcionarios del Ministerio.
Tapia, dijo la Fiscalía, fue quien llevó a Juan Carlos Cáceres los nombres de las tres empresas que harían parte de la UT. Y Laverde contactó a Jorge Alfonso Molina y Jorge Enrique López Benavides.
El ente acusador señaló además que luego de falsificar la garantía, procedieron a incorporarla al proceso contractual. Duque, como representante legal de la UT, firmó las garantías falsas y las hizo llegar al Mintic.
La Fiscalía cuestionó así mismo que fueron falsificadas tres pólizas, la de buen y adecuado manejo del anticipo, la que respaldaba el cumplimiento general del contrato, y una final que respaldaba el pago de los salarios.
Igualmente indicó que al tramitador de la póliza nunca le entregaron documentos para hacer el estudio de la viabilidad de esa garantía, ni le pagaron la prima correspondiente por su expedición.
Con esos documentos, señaló el ente acusador, se logró que se firmara el acta de inicio del contrato y recibieron el anticipo de 70 mil millones de pesos por parte del Ministerio de las TIC.
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Enfatizó en que los procesados sabían que ninguna empresa de seguros iba a suscribir las pólizas por las falencias de las empresas que conformaban la UT y los riesgos del proyecto.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados y se irán a juicio para intentar demostrar su inocencia. Se arriesgan a penas de entre 6 y 15 años de prisión en caso de ser encontrados responsable.
Juan Carlos Cáceres Bayona, vinculado a la investigación, está colaborando con la Fiscalía. El testigo, que aspira a un principio de oportunidad, es socio fundador de Novotic, que hace parte de la UT Centros Poblados y de la empresa en Estados Unidos que tenía que conseguir la tecnología para desarrollar el contrato.
Cáceres Bayona dijo que conoció a Emilio Tapia más o menos un año antes de los hechos y que los presentó Inocencio Meléndez, exsubdirector del IDU que pagó pena por el 'carrusel' de la contratación.
Añadió que siguieron hablando del proyecto y que Tapia le habló, durante una reunión en Barranquilla, de unas empresas con las que se podrían asociar para conformarla UT que se presentaría a la licitación.
La Fiscalía señaló que Cáceres Bayona entregó su celular y que de allí se sacó información sobre la relación que sostuvo con Tapia.
En esas conversaciones hablan de consignaciones de dinero para el desarrollo del proyecto y del pago de nómina de las personas que habían sido contratadas. Además, conversaron de la adquisición de camionetas para trasladar al personal que iría a las regiones a instalar los equipos para aumentar la cobertura de internet. Cáceres Bayona se refiere a Tapia como socio.
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Karen Abudinen estuvo 15 meses en el Ministerio de las TIC, hasta que empezó el escándalo por el contrato.
César Melgarejo. EL TIEMPO
Todo eso, dijo la Fiscalía, evidencia que Tapia no era un asesor del proyecto, ni una persona lejana del mismo, sino que tenía un papel protagónico en el contrato y en el manejo del dinero y los recursos.
De hecho, el testigo dijo que las ganancias del contrato se iban a repartir en partes iguales con Tapia.
La Fiscalía advirtió que hay una segunda línea de investigación por el delito de peculado, en la que está colaborando el testigo, y es por el uso del anticipo en gastos diferentes al contrato.
Igualmente declaró Jorge Alfonso Molina, quien señaló que fue contactado por Tapia y Laverde para conseguir la póliza falsa. Dijo que en junio y octubre del año pasado estuvo en Bogotá en reuniones con los dos capturados.
Afirmó así mismo que contactó a Jorge Enrique López Benavides, quien le manifestó que en dos días le tenía el documento. Luego, dijo el ente acusador, lo volvieron a buscar para falsificar otro documento de garantía. A él, dijo la fiscal, le pasaron un borrador de lo que necesitaban.
Molina dijo que fue contactado por un abogado identificado como Daniel González, quien le insistió que asumiera toda la responsabilidad de las garantías falsas porque detrás de los hechos había gente muy poderosa.
Y añadió que le prometían que lo iban a acompañar en su defensa si decía que lo habían contratado de buena fé y que él había engañado a quienes lo contrataron entregando un documento falso.
Indicó que Juan José Laverde le pidió el celular y empezó a borrar los mensajes de las conversaciones que habían sostenido sobre el tema de las garantías.
La Fiscalía señaló que otro testigo manifestó que hombres lo amedrentaron y le dijeron que si declaraba en el ente acusador, podrían correr riesgo él y su hijo.
Alfredo Amín, quien fue contratado para subir la póliza al sistema el 28 de octubre del año pasado, declaró a la Fiscalía que quien le envió ese documento fue Juan José Laverde.
En la audiencia la Fiscalía aseveró que Emilio Tapia no solo ingresaba constantemente a las empresas relacionadas con el contrato sino que autorizaba la entrada de visitantes. Además, el ente acusador informó que en la oficina de Emilio Tapia hubo muchos inconvenientes para obtener las minutas de ingreso y los registros de las cámaras de seguridad, de hecho no aparecen los registros de entre junio y diciembre del año pasado.
Pero los registros del primer semestre del 2020 se recuperaron y aparecen visitas de los capturados y otros conocidos del ‘carrusel’ de la contratación como el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi.
La Fiscalía señaló que los capturados pueden obstruir a la justicia y son un peligro para la comunidad y por eso se requiere que sean asegurados en centro carcelario.
Cuestionó que hay otros procesos de contratación en marcha y que de hecho se ha detectado que se presentaron documentos falsos en otros dos contratos con Emcali.
Luego de finalizado el turno de la Fiscalía, se registró un enfrentamiento entre el juez y Julián Quintana, el abogado de uno de los procesados. Quintana pidió varios días para estudiar las evidencias del ente acusador y pronunciarse sobre la petición de medida de aseguramiento, pero el juez dio una hora de plazo.
Luego de que el abogado se quejó de violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa y hasta amenazó con renunciar al caso, el juez decidió aplazar la audiencia para el próximo viernes a las 8 de la mañana.
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